El robo de dinero para medicinas se ha dado en los estados con los recursos propios que los gobiernos destinan a la compra directa de estos insumos –adicionales a lo que reciben del Seguro Popular– a distribuidores y con precios que nadie supervisa, después de declarar licitaciones desiertas y con la supuesta intención de asegurar
la disponibilidad de los fármacos.
El plan de la Federación para terminar con estas y otras prácticas de corrupción consiste en que los 32 gobiernos estatales informen sus requerimientos de medicamentos con una plataforma electrónica: el Sistema de Planeación de Medicamentos (Siplam). Con esos datos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizará la compra consolidada nacional en febrero.
Con base en las nuevas disposiciones legales que facultan a la SHCP centralizar los recursos económicos, las entidades ya no recibirán dinero, sino la totalidad de los productos que requieran y hayan solicitado.
Este mecanismo sustituirá a la compra consolidada que ha liderado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en años recientes y en la que han participado instituciones federales y algunos estados de manera voluntaria, con mecanismos que han generado ahorros y disminuido la comisión de actos fuera de la legalidad.
Pendientes de comprobación, 7 mil mdp
El plan del gobierno lopezobradorista es un nuevo intento por erradicar la corrupción que en el pasado generó desfalcos de miles de millones de pesos. El último reporte del gobierno anterior señalaba que se quedaron 7 mil millones de pesos pendientes de comprobación en Michoacán, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Morelos y Nayarit de 2007 a 2015 (La Jornada, 26/11/2019).
Ese periodo es anterior a las reformas legales que blindaron el uso del dinero del Seguro Popular para la compra de medicinas y que, entre otras, comprendió la apertura de cuentas en la Tesorería de la Federación, en las que se depositaban los recursos asignados a los estados para las adquisiciones y se otorgaban únicamente con la entrega previa de los comprobantes respectivos.
Es decir, se cerró la posibilidad de que las autoridades estatales desviaran esos recursos para otros fines, como también ocurrió en Oaxaca y Chihuahua antes de 2015.
Lo que faltó fue la supervisión de los recursos propios que los gobiernos destinan a la adquisición de medicamentos, con los que también se han favorecido prácticas ilegales. Además de las compras directas, ha habido falsificación de recetas, afirmaron fuentes cercanas al sector.
Con el nuevo esquema, la Comisión Nacional de Protección Social (Cnpss), órgano administrador del dinero del Seguro Popular, verificará que el costo de las peticiones subidas a Siplam cumpla el límite de 30 por ciento de los recursos que por ley se destinan a la compra de medicinas y material de curación. Si se encontraran inconsistencias o peticiones que rebasen el monto autorizado para cada entidad, la Cnpss las modificará.
Las entidades también deberán reportar el monto de los recursos propios adicionales que invertirán en medicinas, sumarlos a los requerimientos y acompañarlo de la autorización de las áreas de finanzas estatales y de la Secretaría de Salud federal, según corresponda.
En oficios enviados en diciembre pasado por la Cnpss a los secretarios de Salud estatales y directores de institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, se les informó de la decisión del secretario de Salud para que por conducto de la Cnpss se integren las necesidades de medicamentos y material de curación
que se ocuparán del 16 al 31 de marzo de 2019.
El plazo para informar de los requerimientos venció el pasado 11 de enero y se prevé que en los siguientes días la SHCP emita las bases de las licitaciones.
Fuente: La Jornada
