El Estado no tiene la capacidad de sancionar a quien divulgue un material conseguido de manera ilegal a través del espionaje, por lo que los medios deben revisar la relevancia pública del material y plantearlo en su justo contexto
Por Mathieu Tourliere/ Proceso
El director de la maestría de periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ricardo Raphael, consideró hoy que es necesario eliminar las sanciones contra la divulgación de pláticas privadas “filtradas” a los medios de comunicación.
En el marco de la mesa redonda “El espionaje en tiempos electorales” –que planteó los dilemas entre deber de información y respeto a la legislación–, el periodista y académico estimó que en el mundo actual, y particularmente en México, el Estado no tiene la capacidad de sancionar a quien divulgue un material conseguido de manera ilegal a través del espionaje.
Por lo anterior, resaltó que los medios desempeñan el papel de “curadores de información” y que, a diferencia de las redes sociales, deben estimar la relevancia pública del material y plantearlo en su justo contexto. Si no lo hacen, “su audiencia los sanciona”, alertó.
“El medio que gane es el que divulga un material proveniente del espionaje y el que logra explicar que es un tema público y por consecuente publicable”, insistió.
Sin embargo, aseveró que el Estado mexicano debería reforzar su capacidad de contrainteligencia para detectar y sancionar a los espías, sean particulares o funcionarios públicos.
“En el caso de la grabación (del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral) de Lorenzo Córdova, nos llegó a muchos medios un DVD con el audio. Se debatió si publicarlo o no. Pero luego lo difundieron en redes sociales. De nuevo nos preguntamos: ‘¿Sí o no?’”, concedió Raphael.
El director del CIDE, Sergio López Ayllón, explicó por su parte que existen razones políticas que motivaron la filtración, hecho que resaltó una asistente al evento, quien recordó que en el caso de Córdova Vianello –por más condenables que fueron sus palabras despreciativas contra líderes indígenas opuestos al sistema partidista–, la filtración llegó en plena época de sanciones contra el Partido Verde.
El director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, recordó por su parte que tanto la Constitución como el Código Penal son muy claros en términos de vida privada: ésta es inviolable y cualquiera intercepción y divulgación de una plática privada queda duramente castigada: entre 6 y 12 años de prisión.
Salazar subrayó que la única forma en la que la ley permite superar estas prohibiciones consiste en una orden judicial, la cual autoriza bajo ciertas condiciones a las autoridades interceptar comunicaciones privadas. Entre otras, para investigar secuestros, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Y se indignó que los demás integrantes del debate no concuerden con la necesaria sanción a los espías y los difusores de las grabaciones. “Nuestras pláticas privadas pueden ser descontextualizadas”, advirtió.
En cambio, en Europa las leyes prevén distintos factores que condicionan la divulgación de las intercepciones: la función del servidor público, el tipo de comunicación, la predecibilidad de la intervención –los altos funcionarios están conscientes de que sus comunicaciones pueden ser fácilmente desviadas–, o la identidad y las intenciones del grabador.
“Muchas personas espían, pero no se quiere investigar porque en estos tiempos electorales los propios partidos utilizan esos métodos”, estimó por su parte la periodista Katia d’Artigues, al precisar que esas grabaciones “robadas” a servidores públicos tienen mucha difusión en las redes sociales, debido a “la falta grave de confianza en la clase política, pues sabemos que lo que dicen en sus discursos no es la verdad”.
Al recibir una filtración, las salas de redacción se llenan de una mezcla entre adrenalina y temor, explicó la periodista Gabriela Warketin. Corre la inquietud: “Los demás van a publicar”. Aunque opinó que ella se indignó más que alguien haya grabado a Córdova que lo que dijo el director del INE.
En el caso de la presunta corrupción de funcionarios por parte de la empresa constructora española OHL, revelada a través de intercepciones telefónicas, se planteó la pregunta de si los medios podían fungir como “jueces” aun antes de que inicie un probable proceso judicial.
Entre las conclusiones expuestas en la mesa se perfiló: “Es el riesgo a pagar para tener una prensa libre. Al final la sanción viene de la misma sociedad”.
Fuente: Proceso
