El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen, no vinculante, en el que señala al Estado español de vulnerar los derechos políticos de cuatro líderes independentistas catalanes por impedirles acudir al Parlamento catalán a recoger su acta de diputados.
Los cuatro dirigentes nacionalistas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, sí asumieron su curul como parlamentarios, pero desde prisión, donde cumplían condena tras haber sido sentenciados por el Tribunal Supremo español por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia de octubre del 2017.
El Comité de la ONU concluyó que el Estado español “no ha demostrado” que la decisión del Tribunal Supremo y del juez Pablo Llarena de impedir que los cuatro líderes secesionistas acudieran a recoger su acta cumple “con el requisito de previsibilidad”. Critica también que una medida como esta no cumplió “los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos”, concluyendo que “el Estado parte violó los derechos de los autores” porque su imputación por rebelión y suspensión “no fue por motivos previstos en la legislación, que sean razonables y objetivos”.
El Comité de la ONU instó por tanto al Estado español a tomar medidas e informar sobre ellas en los próximos 180 días. El dictamen no logró la unanimidad de los integrantes del organismo independiente, ya que dos de sus miembros, José Santos y Wafaa Bassim, entienden que esa prohibición se emitió antes de que los políticos catalanes hayan agotado la vía jurisdiccional español y que la decisión judicial que derivó en la retirada de sus escaños forma parte de la Ley española de 1988 y que fue una medida “necesaria, razonable, objetiva y proporcionada” tomada por el juez Llarena tras “un detallado razonamiento” con las pruebas disponibles en ese momento. “No hubo arbitrariedad ni un daño irreparable por parte de los tribunales nacionales”, explican en su voto particular.
Ante la decisión del Comité de la ONU, la ministra de Transportes del gobierno español, la socialista Raquel Sánchez, se mostró dispuesta a adoptar reformar para “mejorar la legislación” y evitar así situaciones similares.
Fuente: La Jornada
