El fiscal general del Estado español es partidario de acciones penales contra responsables del gobierno regional de Cataluña por organizar una votación simbólica sobre la independencia, sin embargo la decisión definitiva no se tomará antes del miércoles, informó este lunes en un comunicado.
Desafiando una suspensión dictada por el Tribunal Constitucional a petición del gobierno español, el ejecutivo catalán encabezado por Artur Mas organizó el 9 de noviembre una consulta sin valor legal, bautizada 9N, utilizando recursos públicos como los locales de centros educativos.
Por ese motivo, el fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce, había pedido a la fiscalía catalana que investigase si Mas u otros responsables de su gobierno incurrieron en un delito de desobediencia.
“El Fiscal General del Estado considera que debe formularse querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y así lo ha ordenado hoy”, informó este lunes su oficina en un comunicado. Sin embargo, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, se opuso afirmando que “no lo considera procedente”.
Ante la negativa de la fiscalía catalana, para quien “por el momento no procede iniciar acciones penales contra los responsables del llamado proceso de participación ciudadana”, la decisión estará en manos de una Junta de Fiscales de Sala convocada para este miércoles, precisó la fiscalía general del Estado.
Máximo órgano de los fiscales, ésta podría decidir a partir de ese mismo día, explicó a la AFP una portavoz de dicho órgano.
Cataluña, otrora motor de la economía española y ahora una de las regiones más endeudadas del país, vio crecer el independentismo en los últimos años atizado por una crisis económica que agravó las tensiones políticas con Madrid.
Más de 2,3 millones de personas participaron el 9 de noviembre en una consulta sin censo ni comisión electoral después que el Tribunal Constitucional impidiese la celebración ese día de una referéndum sobre la independencia de esa región de 7,5 millones de habitantes.
Lo hizo a petición del gobierno español de Mariano Rajoy para quien dicho plebiscito sería contrario a la Constitución española y quien también impugnó ante la justicia la organización de una votación simbólica.
Fuente: AFP
