La campaña estatal ‘No al TTIP, CETA y TiS’ pide a los diputados que voten ‘no’ en el Congreso de los Diputados al acuerdo, al suponer un duro golpe “a la democracia, los derechos de las personas y el planeta”.
La campaña estatal ‘No al TTIP, CETA y TiS’ regresó este sábado a las calles para pedir a los grupos parlamentarios que voten en contra de la ratificación en el Congreso de los Diputados del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), también conocido como el ‘TTIP canadiense’.
“Tratados como el CETA son pensados por y para las grandes empresas transnacionales, suponen un duro golpe a los derechos y necesidades de la gente en numerosos aspectos de su vida cotidiana y representan un grave ataque al medioambiente y a la democracia”, denuncian desde la campaña estatal, que reúne a más de 350 organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas, así como asociaciones de jueces y sectores profesionales.
Los puntos más preocupantes del CETA
El CETA consagra el conocido como mecanismo de arbitraje de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Este mecanismo permite a los inversores extranjeros denunciar a un Estado, ante un tribunal de arbitraje privado, para reclamar una compensación cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Una situación que ocurre, por ejemplo, cuando un Gobierno aplica o modifica una legislación que afecta directamente a los beneficios de las empresas multinacionales.
“Con el ISDS un Estado no puede cambiar las leyes cuando descubre que un elemento es dañino para la salud y decide prohibirlo, porque van a venir las empresas y lo van a demandar por daños y perjuicios. El ISDS va en contra del bien común. La realidad es que están dando más derechos a las empresas multinacionales que al resto de ciudadanos”, explicó a RT Cuca Hernández, portavoz de la campaña estatal y miembro de Attac – España, durante el proceso de aprobación del CETA en el Parlamento Europeo.
Además, el acuerdo, según los convocantes de la protesta, “limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos” y “promueve la privatización de los mismos”.
- Pone en grave riesgo el ‘Principio de precaución’
Este principio consagrado en el Tratado de la UE, que rige en temas como la salud pública y el medio ambiente, protege a los consumidores de las agresivas campañas de la agroindustria, de los grupos farmacéuticos o del sector químico, cuando quieren imponer el uso de tecnologías o la comercialización de productos cuya seguridad no está probada.
Este principio ha llevado a que la UE tenga una regulación más estricta que otros países en el uso de pesticidas en la agricultura o de agentes químicos en bienes de consumo diario, ha limitado la extensión indiscriminada del uso de hormonas en el ganado o de técnicas de minería y extracción energética agresivas.
Sin embargo, Canadá no reconoce este principio. Por ello, ambas partes han acordado una versión debilitada en la que las medidas de precaución solo se adoptarán si son ‘rentables’. Según denuncia Greenpece, “esto prioriza los intereses privados de las empresas por encima de los intereses públicos relacionados con la protección medioambiental y los estándares laborales”.
- Pérdida de puestos de trabajo y mayor vulnerabilidad a las crisis financieras
Según informa la campaña estatal ‘No al TTIP, CETA y TiS’, existen estudios independientes de los impactos económicos del CETA que aseguran “que se perderán puestos de trabajo”, tanto en la UE como en Canadá, y “los beneficios del tratado serán fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad”.
El tratado también provocará que ambas partes “sean más vulnerables a las crisis financieras, al producirse una mayor liberalización de los mercados financieros en lugar de regularlos, como empieza a ser urgente y necesario”.
Además, tal y como denuncia la campaña, “supondrá una menor recaudación de impuestos de grandes empresas, reduciendo la capacidad de los estados para procurar bienes y servicios públicos, dado que muchas de ellas utilizan paraísos fiscales“.
Por todas estas razones, los convocantes de la marcha exigen a los parlamentarios que atiendan sus exigencias y les den voz y voto “ante decisiones tan trascendentales como son la aceptación de estos tratados, que restan poder a los gobiernos para dárselo a los mercados y que restan protección a la ciudadanía y clase trabajadora”. “Los intereses comerciales y de las multinacionales no pueden estar por encima de la democracia, los derechos de las personas y del planeta”, concluyen.
Según Cuca Hernández, el CETA “pone en riesgo los derechos laborales” y sociales “mediante un ‘dumping’ social”. “No estamos en contra de comercio, estamos en contra de este tipo de comercio”, ha enfatizado.
El acuerdo fue aprobado en el Parlamento Europeo, el pasado mes de febrero, con los votos a favor del Partido Popular Europeo (PPE), los conservadores y reformistas (ECR), los liberales (ALDE) y la mayoría de los diputados socialdemócratas. Sin embargo, se encuentra pendiente de ratificación por parte de los parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.
“CETA es un sistema con gran dependencia del petróleo”
La activista y portavoz de Ecologistas en Acción, Lucía Bárcena, opina que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) es “un sistema que tiene mucha dependencia del petróleo”. Además, la experta subraya que en los medios de comunicación se silencian los problemas y puntos negativos asociados a este tipo de tratados.
Fuente: RT/ María Jesús Vigo Pastur
