Los partidos que forman la coalición del gobierno español, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) acordaron presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que hacen una profunda reforma del delito de sedición y sus penas, en sintonía con las fuerzas nacionalistas catalanas, que vienen exigiendo esta medida a cambio de seguir fungiendo como sostén parlamentario del presidente Pedro Sánchez.
Una vez concluido el proceso parlamentario, esta nueva legislación no sólo abre la puerta para el regreso a Cataluña del ex presidente Carles Puigdemont, quien vive en Bélgica desde octubre del 2017, sino también permitirá volver a la política activo a los dirigentes nacionalistas que fueron juzgados y condenados en España por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia.
El presidente español Pedro Sánchez dio un nuevo viraje en su estrategia política y decidió dar un paso más en su acercamiento a las exigencias del movimiento separatista catalán para mantener los apoyos parlamentarios que necesita para acabar la legislatura. El mandatario acordó con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, crear una mesa bilateral en la que se han ido detallando los pasos a dar para sentar las bases de una nueva relación entre las fuerzas separatistas catalanas y el gobierno español.
Una de las prioridades era precisamente la de reformar el delito de sedición tal y como está en el Código Penal español, de cara no sólo a permitir el regreso de los líderes separatistas que se refugiaron en otros países para no ser juzgados por los tribunales españoles, sino también para que puedan volver a la política activa los que fueron condenados, entre ellos el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras.
El Tribunal Supremo español condenó en su día a doce líderes separatistas, entre ellos el propio Junqueras, por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, con penas que oscilaron entre los tres y los 10 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargo público de hasta doce años. En junio del 2021, el Ejecutivo español les concedió a todos ellos el indulto por las penas, lo que permitió que saliera de prisión, pero no acortó la pena de inhabilitación.
Con la reforma en ciernes se reducen drásticamente las penas, que pasarán a ser de los 15 años a entre tres y cinco, y una reducción de la inhabilitación a entre seis y ocho.
Desde Barcelona, el presidente Aragonés se felicitó de la medida e insistió que ahora toca seguir cumpliendo con lo prometido en la mesa de diálogo; es decir, garantizar que se apruebe una amnistía general a todos los procesados por la declaración fallida de independencia y, sobre todo, garantizar que se celebre un referendo pacto de autodeterminación o de independencia.
La iniciativa provocó una reacción en cadena de todos los partidos de la derecha española, desde el Partido Popular (PP), Ciudadanos (C´s) y Vox, que tildaron la reforma como una “traición” al Estado y a la Constitución y se conjuraron para derogar la ley cuando asuman el poder.
Fuente: La Jornada
