Un día después de la histórica jornada electoral en España, todos los partidos políticos están sumidos en un mar de dudas e incertidumbres, sobre todo los dos grandes, el derechista Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que buscan con denuedo las fórmulas que les permitan llegar a la mayoría absoluta que permite la investidura de su candidato.
El presidente del gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, defendió ante la Ejecutiva de su formación política que “la democracia encontrará la formula” y así evitar lo que casi todos rechazan: repetición electoral ante el bloqueo institucional del país.
El sistema político español es una monarquía parlamentaria en el que se asume que el gobierno que rija los destinos del país tiene que surgir de una mayoría en el Congreso de los Diputados. Hasta la fecha, todos los gobiernos han estado encabezados por los partidos más votados en los comicios, pero en estas elecciones se abren otras posibilidades, sobre todo la más plausible: que el PSOE, a pesar de ser la segunda fuerza y tener sólo 122 diputados, forme una alianza con otros cinco partidos para alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 176 escaños.
Pero para ello todavía hay un largo camino de negociaciones, algunas especialmente difíciles, como las que ya se abrieron con el expresidente catalán Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya (JxCat) y residente en Bruseles desde octubre del 2017, tras la fallida declaración unilateral de independencia que derivó en procesos penales contra los principales dirigentes de aquella iniciativa. Los seis diputados de esta partido nacionalista catalán, de cariz conservador y democristiano, son cruciales para lograr la mayoría de una futura investidura de Sánchez, que supondría además su primera reelección.
El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de haber sido el más votado, al obtener 136 diputados y más de un 33 por ciento del electorado, intenta a la desesperada recabar apoyos para sacar adelante su investidura. En balde. Su previsible e inevitable alianza con la extrema derecha de Vox, una formación política que se muestra orgullosa del legado de la dictadura franquista y enarbola un ideario homófobo y xenófobo, le han convertido en un apestado para el resto de las fuerzas parlamentarias.
De ahí que ni siquiera los otros partidos conservadores y nacionalistas, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria (CC) o JxCat, rechacen tajantemente cualquier pacto con ellos. Aún así, Núñez Feijóo insiste en que sólo hay tres caminos posibles: permitir su investidura, el bloque institucional y por tanto nuevas elecciones, o la formación de un gobierno presidido por Sánchez y apoyado por “populistas e independentistas”.
De ahí que a pesar de que el PP fue el más votado, todas las miradas están puestas en el PSOE y su socio de gobierno, la coalición de izquierdas Sumar, que ya envió a un emisario, el ex diputado catalán Jaume Asens, para negociar con Puigdemont en su residencia de Waterloo. La llave del gobierno la tiene actualmente el ex mandatario catalán, una vez que la suma del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH-Bildu, PNV y Bloque Nacionalista Galego (BNG) estaría en 172 escaños, es decir uno más que la alianza del PP, Vox, UPN y CC, que son 171. Esto permitiría que se podría alcanzar la investidura con una mayoría simple, pero para lo que sería necesaria la abstención de los seis diputados de JxCat, de ahí la importancia de negociar con Puigdemont en Bruselas.
Desde la formación nacionalista se adelantaron algunas de las condiciones imprescindibles para apoyar una investidura de Sánchez, ya sea con la abstención o con el voto a favor, y se basa sobre todo en dos principios: la aplicación de una amnistía general a todos los encausados y procesados penalmente por el proceso de secesión del 2017, entre los que se encuentra el propio Puigdemont, y que el Estado español reconozca el derecho de autodeterminación y la celebración de un referendo de independencia que permita la secesión definitiva de Cataluña, el País Vasco y cualquier otra región que así lo decida, como podría ser en un futuro Galicia. Una exigencia similar anunció el PNV de cara a las negociaciones con el PSOE.
De ahí que llamara la atención que en mitad de las negociaciones, la Fiscalía General del Estado, muy próxima al gobierno de Sánchez, solicitó al juez instructor Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que reactive las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de políticos separatistas en búsqueda y captura. El propio Puigdemont reconoció su perplejidad: “Un día eres decisivo para hacer gobierno en España, y al siguiente España ordena tu arresto”. De igual modo que resultó la detención durante unas horas de la europarlamentaria Clara Ponsatí, que tiene una causa pendiente con la justicia española por desobediencia, y que después de negarse a declarar ante un magitstrado fue puesta en libertad.
Uno de los grandes triunfadores de la jornada electoral fue el líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, quien explicó este lunes su convicción de apoyar sin fisuras un gobierno de coalición en España que le cierre paso al fascismo franquista de nuevo cuño. “Tenemos muy claro lo que nos piden los votantes. Nuestra prioridad es impedir que en el Estado gobierne el PP y Vox. Si algo votó el pueblo vasco fue que no quiere un gobierno fascista”, afirmó.
Fuente: La Jornada
