España se convierte en el sexto país del mundo que despenaliza esta prestación, por lo que refuerza “su compromiso con el avance en derechos”, según los grupos defensores
28 años después de que Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona su demanda judicial para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate sobre la eutanasia en España, el Congreso de los Diputados ha vivido este jueves, como han remarcado la mayoría de los grupos parlamentarios, un “día histórico”. La Cámara baja ha aprobado definitivamente, con los votos en contra de PP y Vox, la ley que despenaliza la eutanasia y que regula su procedimiento, que entrará en vigor dentro de tres meses.
España se convierte así en el sexto país del mundo que ha legalizado esta práctica, aunque algunos Estados más permiten el suicidio asistido y otros están en proceso. La ley española facilita ambas cosas, tanto que el paciente se autoadministre el medicamento que provoca la muerte con supervisión médica (suicidio asistido) como la eutanasia: la administración por parte del médico de la sustancia al enfermo terminal.
Por eso, en el hemiciclo del Congreso han sido varios los grupos que han destacado que España “refuerza el compromiso” con el “avance en derechos” (como Sara Giménez, de Ciudadanos), con una “respuesta legal y segura a una situación angustiosa y terrible para muchas personas”, en palabras de Joseba Agirretxea, del PNV.
“Llega tarde”
Aunque también han sido varios los parlamentarios que han recordado que la legislación llega “tarde” para muchos enfermos, que durante años han muerto sin poder acogerse a ayuda médica para acabar con sus vidas. La exministra María Luisa Carcedo, impulsora de la legislación, ha recordado en su discurso las reflexiones de muchos de ellos, como Sampedro, Fernando Cuesta, Luis Montes…, a favor de una ley que establece que “la persona decida con libertad con mayúsculas”.
“Son ya 20 años de intentos en este parlamento”, ha recordado a su vez Iñaki Ruiz, de Bildu. Y es que incluso la ley aprobada este jueves fue admitida a trámite en dos ocasiones más, pero no salió adelante por los adelantos electorales. Y la tramitación actual se ha demorado más de un año, aunque es un poco tiempo teniendo en cuenta el debate que suscita.
Activistas provida se han concentrado frente al Congreso de los Diputados, donde se ha aprobado definitivamente la ley de eutanasia
La oposición
De hecho, los grupos contrarios a la norma han echado en cara al Gobierno que en vez de aprobarla en Consejo de Ministros, la presentara como proposición de ley del PSOE, lo que ha impedido a los órganos consultivos pronunciarse. Además, no se ha permitido la comparecencia de expertos en las Cortes, para agilizar el proceso y en un contexto en el que la Organización Médica Colegial ha avisado de que la ley va en contra de su código deontológico, aunque encuestas en algunos colegios demuestran que tiene un apoyo mayoritario en la profesión. También el CIS reiteró en enero que el 72% de los españoles están a favor.
Pese a ello, el PP y Vox han reiterado sus argumentos en contra de una ley “diseñada, no para casos excepcionales”, sino como “un efecto llamada para las personas más vulnerables”, según el popular José Ignacio Echaniz. Mientras que Lourdes Méndez, de Vox, ha acusado directamente a los proponentes de “implantar la cultura del descarte y la muerte”. La ultraderecha ha anunciado, además, que recurrirá la norma ante el Constitucional. Y los obispos han pedido a los españoles que suscriban testamentos vitales donde muestren su rechazo a que se les aplique la eutanasia.
Los requisitos
Pese a estas objeciones, la ley española es muy garantista y, aunque algunos grupos han pedido su eliminación, finalmente incluye la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada autonomía, que deberá autorizar la eutanasia y que tiene que estar lista cuando en junio entre en vigor la norma. Es una organismo que no se contempla otros países donde la eutanasia está despenalizada, que se añade a la autorización que deben realizar dos médicos diferentes, y que hace temer a los activistas que en las autonomías gobernadas por el PP se autoricen menos muertes que en el resto.
De hecho, Ángel Hernández, que ayudó a morir a María José Carrasco y se enfrenta a un juicio por violencia de género por este motivo, avisa en declaraciones en EL PERIÓDICO que ahora toca seguir “batallando” para que las comunidades apliquen lo recogido en la ley.
Fuente: El Periódico
