Ernesto Villanueva, coordinador del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó estos requisitos como una “medida intrusiva” a la privacidad de los sinaloenses, sin fundamento legal para su solicitud en un documento de identificación, de acuerdo al reportaje de la periodista Gabriela Soto.
“Evidentemente lo que están haciendo es una medida intrusiva, es decir, están lastimando el derecho a la vida privada porque en el ámbito de las mejores prácticas internacionales, o tomas unas (medidas) o tomas otras; pero aquí te están aplicando todas, es decir, huellas, iris, todo… A través del iris puedes saber qué enfermedades tienes, qué enfermedades puedes tener. Y todo esto, además, teniendo (esto) el propio Gobierno del Estado evidentemente nadie te garantiza, como ciudadano, para qué lo van a utilizar”, expuso.
El especialista puntualizó que con la recopilación de estos datos personales se quebrantan los artículos 6, 14 y 16 de la Constitución Mexicana.
“Lo que está haciendo (el Gobierno estatal) es actuar al margen de la ley, en perjuicio finalmente del derecho humano a la vida privada, (derechos) protegidos en el artículo sexto, particularmente el Artículo 14 y 16 constitucional, que además establecen los principios de legalidad que rige el Estado mexicano, que establece que todo acto de autoridad que pudiera generar una molestia a una persona debe estar debidamente fundado y razonado”, dijo.
Desde junio, la Dirección de Vialidad y Transportes implementó un sistema de computadores en red estatal, que solicita al conductor su acta de nacimiento y comprobante de domicilio; además, registra una fotografía de su rostro, su firma digital, sus 10 huellas dactilares de ambas manos, y escanea el iris de sus ojos.
El delegado de Vialidad en Culiacán, Giovanni Rodríguez, confirmó que el sistema proveído por la empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, también prevé solicitar el ADN a cada conductor. Estos datos son almacenados en una base de datos estatal, que a su vez nutre a la “megabase de datos” conocida como Plataforma México.
El abogado y activista, Jesús Robles Maloof, señaló que este documento también contraviene los artículos del 20 al 25, correspondiente al capítulo de protección de datos personales, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Representaría un peligro para la ciudadanía en caer en las manos equivocadas”, dijo.
(El reportaje completo de Noroeste puede ser consultado aquí: “Violatorios, requisitos de licencias, alertan“)
