Eruviel Ávila, ex gobernador de Edomex, rechazó nexo con policías que participaron en creación de empresas fantasmas ligadas a César Duarte.
Policías del Edomex triangularon desvíos de César Duarte al PRI
El ex Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila negó tener alguna responsabilidad en el desvío de recursos para las campañas políticas del PRI en 2016, luego de que se revelara que tres policías mexiquenses participaron en la red de empresas fantasma beneficiadas con contratos del Gobierno del chihuahuense César Duarte.
“No, de ninguna, manera, rechazo esa afirmación (de que él estuviera implicado), totalmente”, dijo Ávila en entrevista en el Senado, donde despacha como integrante del grupo parlamentario del PRI.
Según la información publicada ayer por Reforma, en agosto de 2015 el policía del Estado de México José Juan Saliano González participó en la creación de las empresas fantasma Despacho de Profesionistas Futura, Servicios y Asesorías SISAS, SAMEX y SINNAX, S. A. de C. V a quienes seis meses después el Gobierno de Chihuahua les transfirió 246 millones de pesos por cursos de capacitación a papás y maestros que nunca se impartieron.
Otros dos policías, compañeros de Saliano González en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), identificados como Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya, también recibieron transferencias de dinero.
Ávila, Gobernador del Estado de México de 2011 a 2017, dijo que no estaba enterado de la información publicada por este diario, pero rechazó cualquier responsabilidad.
“No conozco el tema, yo tengo fe y considero que las autoridades correspondientes pues deslinden las responsabilidades y procedan en consecuencia”, dijo al término de la sesión del Senado.
En julio pasado el PRI fue sancionado con 36.5 millones de pesos por el INE por haber recibido recursos públicos por parte la administración de César Duarte, actualmente prófugo.
En dichas operaciones estuvo implicado el ex Secretario de Finanzas del PRI Alejandro Gutiérrez, detenido desde diciembre de 2017 y a quien un juez federal exoneró el pasado 31 de agosto porque la PGR no acreditó su culpabilidad en el delito de peculado.