Sin importar las críticas y los exhortos a México de parte de la ONU –incluyendo sus cuatro altos comisionados–, la OEA, la CNDH, universidades y un gran número de organizaciones civiles, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión. Sus promotores y defensores alegan que sólo las Fuerzas Armadas pueden enfrentar al crimen organizado. Sus opositores afirman que la actuación militar enterrará los derechos humanos. Y en la promoción de esa ley hubo un personaje central, un cabildero militar para quien la seguridad interior no comporta la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado, sino de “la supervivencia de las instituciones de la república y el orden constitucional”.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
El pasado 29 de noviembre los relatores especiales Edison Lanza, de la OEA para la libertad de expresión, y David Kayne, de la ONU para los derechos humanos, se reunieron a puerta cerrada con 10 senadores y diputados del PAN, del PRD y de Morena. La preocupación central de ambos era la inminente aprobación en México de la Ley de Seguridad Interior.
–¿Ustedes creen que se apruebe?, ¿creen que México se va a pelear contra todo el sistema de las Naciones Unidas de defensa de los derechos humanos? –preguntó Kayne.
La senadora panista Marcela Torres Peimbert respondió: “Cuando el sistema quiere imponer algo en México, utiliza todos sus recursos… y están en eso”.
Un día después, y en sesión fast track, la Cámara de Diputados aprobó la polémica ley y la envió al Senado el pasado lunes 4. La tensión social y las protestas de organismos civiles y de instancias internacionales frenaron unos días su aprobación en la Cámara de Senadores, además de que el viernes 8 el presidente Enrique Peña Nieto hizo un “llamado al Senado” para que ampliara “los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”. Pero fue un llamado a misa.
El lunes 11, a la sesión cerrada de las Comisiones Unidas acudieron siete mandatarios estatales (los de Durango, Querétaro, Guerrero, Colima, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La mayoría de ellos presionó para que se aprobara sin cambios la minuta de la ley.
Sólo Miguel Ángel Mancera, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, advirtió que había “excesos” en la misma. “Es una ley perfectible”, afirmó.
Entre el martes 12 y el miércoles 13 arreciaron las protestas de organismos defensores de derechos humanos, de activistas y hasta de actores, como Diego Luna, quien encabezó una marcha convocada mediante las redes sociales, para hacer una “clausura simbólica” del Senado.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2146, ya en circulación
