Lo alto que ha subido Peña Nieto será proporcional al tamaño de la caída si no se atienden todos los fondos y no sólo las formas
Por Raymundo Riva Palacio
Enrique Peña Nieto es un presidente con método. Desde el arranque de su gobierno estableció un conjunto de 13 acciones específicas para los primeros 100 días de su Presidencia y estableció 266 compromisos que, por calendario, tenían que cumplirse al terminar su administración. Cuando poco más de seis años antes asumió la gubernatura del Estado de México, hizo exactamente lo mismo: 608 compromisos y notarios para atestiguar que, como prometió en su campaña, los firmaba y los cumplía. En vísperas de terminar esa administración, entregó el último de ellos.
En el Estado de México, su secretario de Finanzas -Luis Videgaray- deshidrató la economía de ese Estado, el más rico de México y el más densamente poblado, con un propósito que varios observadores identificaron como electoral: apretar el gasto público y en la ruta final a las elecciones intermedias –cuya renovación de los congresos locales y el federal serían no sólo referéndum a su mandato sino tomar posiciones para su eventual candidatura presidencial-, soltar los dineros públicos y aplastar en el proceso. En las elecciones legislativas locales y federales y para ayuntamientos en 2009, arrasó el PRI, el partido de Peña Nieto. En las elecciones para gobernador en 2011, volvió a aplastar el candidato de su partido.
En los tres primeros trimestres del primer año del presidente Peña Nieto, su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, apretó el gasto público y desaceleró la economía y – aunque no habrá funcionario que admita que en el manejo económico del año pasado hubo variables políticas, sino que fue consecuencia de las condiciones globales de la economía y la curva de aprendizaje del nuevo Gobierno – el mediocre crecimiento de 1.3% de 2013 tendrá un brinco estimado a casi 4% para este 2014, que es el año previo a las elecciones intermedias.
El mapa de navegación de Peña Nieto el año pasado fue muy claro. En el contexto de una economía en crisis en todos los ámbitos –sin desembolsar durante los tres primeros cuartos presupuesto asignado, que descansaba en las arcas de la tesorería-, el diseño fue hacer de 2013 el año de las reformas y de 2014 el de los ajustes. Peña Nieto había anticipado resistencias pero, por experiencia, sabía que si no emprendía las reformas en el arranque de su gestión, con la fuerza una Presidencia entrante, no las habría después. Obtuvo todo lo que quiso mediante una intensa agenda legislativa y un acuerdo político entre élites – el Pacto por México – que rompió la paralización parlamentaria de más de una década, pero un segundo año complicado viene en camino.
Las grandes reformas necesitan leyes secundarias. De todas las aprobadas, hay dos altamente polémicas: la energética y la de telecomunicaciones. La primera corre en contra de un adoctrinamiento de casi 70 años y un sentido irracional de propiedad del petróleo; la segunda busca romper los monopolios más públicos, amados y odiados a la vez en México, para abrir –dicho esto de manera muy somera- la competencia en telefonía y televisión. Se puede plantear, sin embargo, que el problema que enfrentará Peña Nieto no se encuentra necesariamente en la discusión de esas leyes secundarias en las cámaras, sino en las calles.
Las leyes secundarias de la reforma energética van a ser seguramente aprobadas, con la oposición de la izquierda. La reforma constitucional del año pasado no dejó muchos espacios para discutir y llenar, al aprobarse un vasto dictamen en el cual están delineadas y acotadas lo que serán las leyes secundarias. Sobre las leyes secundarias de telecomunicaciones, dos de los grandes actores, Telmex y Televisa, se han preparado para lo que consideraban inevitable: la reducción de su inversión. El punto más polémico de la ley de telecomunicaciones es cómo se definirá la dominancia de una de las empresas en el mercado. A partir de ese criterio, aquella que sea dominante, por ciudades o regiones, tendrá que desinvertir para permitir que entren nuevos jugadores en los sectores de televisión y telefonía. Telmex ya comenzó ese proceso, y Televisa tiene meses que sólo administra a uno de sus canales, sin producción ni crecimiento alguno, en espera de las leyes secundarias.
Es decir, si alguien espera conflicto en esos campos, no lo va a haber. Las turbulencias no serán institucionales, sino con las fuerzas antisistémicas que crecieron el año pasado mientras el Gobierno de Peña Nieto desarrolló una política de contención y concesión social y política que buscó no generar ningún conflicto con los partidos políticos dentro del Pacto por México que pudieran alterar el voto de las reformas. En este año surgió el fenómeno de grupos paramilitares en otro de los Estados económicamente ricos del país, Michoacán, y creció de manera superlativa la rebelión del magisterio en contra de la Reforma Educativa.
En Michoacán, a partir del problema objetivo de la debilidad institucional que fue incapaz de proveer de seguridad a sus ciudadanos frente al narcotráfico, se comenzaron a armar hace más de un año. Lo que primero fueron escopetas para cazar, evolucionó a fusiles de asalto reglamentario del Ejército, y armas de alto poder que utilizan las fuerzas especiales en México o en Irak. Los paramilitares – autollamados autodefensas – se construyeron de una amalgama de ciudadanos que en la desesperación optaron por las armas para salvaguardar a sus familias y patrimonios, y emigrantes que regresaron de Estados Unidos para luchar junto con sus familias. Pero también, y en buena parte detonante en su origen, de grupos criminales que encontraron en el cambio de gobierno el espacio para enfrentar al cártel enemigo en Michoacán, la oportunidad de vestirse de vigilantes y aprovechar la condición de desesperación entre muchos de sus habitantes.
Paradójicamente, durante los tres primeros cuartos de desaceleración económica los grupos de autodefensa crecieron bajo la mirada complaciente del gobierno, pero mantenían una actitud pasiva: si controlaban una comunidad, se mantenían en ella, protegiéndola. En octubre comenzó una escalada de otra naturaleza y pasaron a una estrategia ofensiva: avanzar y conquistar territorios. Las instituciones desaparecieron ante el avance de las autodefensas que tenían la tolerancia del Ejército en el estado. Cuando el gobierno federal decidió finalmente afrontar el fenómeno de estos grupos que habían empoderado, no pudo doblegarlos.
El Gobierno de Peña Nieto ha tenido que trazar estrategias múltiples para recuperar Michoacán. Inyectó recursos para el desarrollo económico –la marginación fue la fuente del florecimiento del narcotráfico desde hace 60 años y del rompimiento del tejido social-, mientras que ha tenido que ceder a las pretensiones de las autodefensas de que no entregarán sus armas hasta que les entreguen las cabezas –y muchas veces parecen hablar en términos literales- del cártel de Los Caballeros Templarios, la banda criminal michoacana. Para evitar nuevos enfrentamientos, la Policía Federal y el Ejército los acompañan y protegen todavía en la recuperación de las comunidades que tenían en poder los narcotraficantes, lo que coloca a las autoridades federales en la incómoda situación de estar subordinados ante un grupo ilegal y que viola varias leyes, por ser el único camino aparente, en estos momentos, para recuperar la paz.
No está nada claro cómo saldrá el gobierno del pantano en el que se encuentra en Michoacán, donde no hay calendario para la solución del problema, al que se le suma otro, el de los maestros que se oponen a la Reforma Educativa. Quienes encabezaron la rebelión contra esta reforma pertenecen a una facción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se llama genéricamente como La Coordinadora. Cuando se presentó la iniciativa de esa reforma, La Coordinadora tenía presencia en cuatro estados –Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca-, y la ciudad de México. Se movilizaron hacia la capital federal, donde llegaron a reunir a más de 17 mil maestros en rebeldía, y el gobierno federal no atacó el problema sino lo administró y les fue entregando recursos que solamente generó incentivos para la protesta. El movimiento, antes focalizado, se encuentra en vivo en más de 22 estados del país.
Lo que buscan los maestros rebeldes es algo que nunca se les va a dar: la derogación de la Reforma Educativa. El conflicto social crecerá una vez más en mayo, cuando como cada año comience la negociación del contrato colectivo con el magisterio. El problema adicional para el gobierno es que el fortalecimiento de La Coordinadora se dio principalmente en la cuenca del descontento en donde nació, donde las condiciones socioeconómicas se encuentran en los niveles más bajos del país y se cruzan con otras variables como presencia de grupos armados, una alta incidencia de conflictividad social y gobernadores débiles.
Michoacán y La Coordinadora son para el Gobierno de Peña Nieto problemas que se tienen que administrar. Sin embargo, son muy volátiles y el factor humano es imposible de predecir. Los dos, sin embargo, son los únicos puntos que no se encontraban en el mapa de navegación original del presidente, y para el cual no tenía ni experiencia ni método para aplicar. Su gobierno mantiene el rumbo, empeñado en manejar índices y satisfacer los compromisos que empeñó con su palabra. Esta estrategia que tanto éxito le dio en el Estado de México enfrenta una realidad distinta cuando se aplica a nivel nacional: mejorar todos los índices no significa resolver los problemas. Hoy, la mejora estadística y los buenos índices son buenos para las percepciones de un buen gobierno. Pero si no se apoyan con mejoras reales y problemas solucionados, el efecto será de bumerán, y lo alto que ha subido Peña Nieto, será igualmente proporcional al tamaño de la caída si no se atienden todos los fondos y no sólo todas las formas.
Fuente: El País
