En este análisis sobre las cifras de muertes violentas en el país durante los primeros 11 meses del gobierno de Peña Nieto, por rubro y por estado, el semanario Zeta demuestra que pese a la pretendida “baja en la incidencia delictiva” que pregona el gobierno federal, el número de asesinatos dolosos aumentó respecto de los últimos meses del sexenio calderonista. En el informe que el medio tijuanense publica este domingo y comparte con Proceso se evidencia la manipulación de números con que el Sistema Nacional de Seguridad Pública intenta ocultar la terrible realidad, a falta de resultados reales.
Por Investigaciones Zeta/ Especial para Proceso
Ni la política de desinformación ni la estrategia mediática de ocultar información e investigaciones ni el discurso triunfalista, tampoco la manipulación sistemática de estadísticas implementada en los primeros 11 meses de Gobierno de Enrique Peña Nieto, pudieron ocultar las narcofosas llenas de cadáveres como en Jalisco y Michoacán, los decapitados, los desmembrados, los colgados, los incinerados, los ejecutados con tiro de gracia y otras matanzas ocurridas en el país, producto de vendettas y enfrentamientos del crimen organizado y el narcotráfico.
Afortunadamente, institutos de ciencias forenses en los estados, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones de derechos humanos independientes, medios locales de las entidades federativas, comunidades religiosas –como la Arquidiócesis de Apatzingán en Michoacán– y familiares de víctimas que han fundado asociaciones civiles se dieron a la tarea de registrar las ejecuciones luego que el Gobierno de Enrique Peña Nieto optó desde los primeros días por el trillado discurso de la “incidencia delictiva a la baja”.
La metodología implementada por Zeta desde el sexenio de Felipe Calderón, aplicada ahora en la administración de Enrique Peña Nieto, consiste, como todo trabajo periodístico de investigación, en confrontar la versión oficial publicada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y las procuradurías locales, incluidos los dichos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vocero Eduardo Sánchez, con los registros de ejecuciones que reportan mensualmente las instituciones no gubernamentales en cada uno de los estados.
A diferencia de las 17 mil 68 ejecuciones que contabilizó el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, basado en igual número de averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos, Zeta registró, en los primeros 11 meses de gobierno de Peña Nieto, 19 mil 16 ejecuciones hasta el 30 de octubre de 2013.
Luego de un minucioso recuento de las ejecuciones, mes por mes, en cada una de las entidades federativas, la conclusión más importante a la que se llegó en este semanario es que el primer tramo del gobierno de Peña Nieto es ya más cruento que el último de Calderón Hinojosa.
Para empezar, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, 2007, Zeta documentó 2 mil 826 muertes producto de “ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones” y homicidios dolosos a consecuencia del narcomenudeo.
En los últimos 11 meses de gobierno de Calderón, las ejecuciones alcanzaron la cifra de 18 mil 161, mientras que datos duros documentados en este semanario arrojan la cantidad de 19 mil 16 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013. Este rubro el gobierno peñista empezó clasificándolo como “homicidios dolosos relacionados a delitos federales”, pero son saldos de la guerra que mantiene el Gobierno federal contra algunos cárteles de la droga y de la confrontación entre éstos, que se disputan el control de la producción, tráfico y distribución de sustancias ilegales.
Pero el Secretariado Ejecutivo sólo reconoce 17 mil 68 “averiguaciones previas” por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013.
Más aún, en la cifra de 19 mil 16 ejecuciones obtenida por Zeta lamentablemente no se incluye los que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido clasificar como homicidios culposos o “accidentes” en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que dirige Monte Alejandro Rubido.
Tristemente, en la suma de 19 mil 16 tampoco se encuentran registrados los homicidios dolosos que no cuentan con denuncia o averiguación previa: de manera ilustrativa de la gravedad del problema, recientemente un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, del gobierno de Javier Duarte, confesó a Zeta que en aquella entidad no se están contabilizando todos los homicidios dolosos “porque no denuncian” los familiares, y por lo tanto no hay registros oficiales en la propia PGJE ni en el SNSP:
“En Veracruz hay muertos no reportados a las autoridades; de muertos no se habla y de desaparecidos tampoco, y no los dan a conocer pero siguen desapareciendo. Todo se esconde, en la prensa no sale”.
Hay que recordar que en 2012 Zeta registró 20 mil 571 ejecuciones de un total de 26 mil 37 autopsias por homicidios dolosos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); es decir, 79 por ciento de los homicidios dolosos correspondió a ejecuciones que el Gobierno federal clasifica como “homicidios dolosos relacionados a delitos federales”.
Por si fuera poco, los homicidios culposos, es decir, las muertes por “accidentes” (sobre todo de Michoacán), también aumentaron en los primeros 11 meses de gestión de Enrique Peña Nieto, en relación con los últimos 11 meses de la administración calderonista: 15 mil 59 averiguaciones previas por “accidentes” en el gobierno peñista por 14 mil 767 en la gestión de Calderón, según datos del SNSP.
Para completar el cuadro de impunidad actual, en el tema de secuestro también Enrique Peña Nieto rebasó a Felipe Calderón: mil 196 averiguaciones previas por plagios sucedidos en los últimos 11 meses de la administración calderonista, por mil 546 en los primeros 11 meses del peñato, según el mencionado sistema.
Feudos de la muerte
Al igual que a Felipe Calderón, los muertos ya se le empiezan a amontonar a Enrique Peña Nieto por miles.
Mientras en el gobierno de Calderón fueron Chihuahua, Sinaloa y Guerrero las entidades que registraron más ejecuciones en el sexenio, en la administración de Enrique Peña Nieto el estado de Guerrero, gobernado por Ángel Aguirre Rivero (antiguo priista que ganó la gubernatura mediante la alianza PAN-PRD), se ubica en primer lugar con mil 942 ejecuciones.
El segundo lugar es para el Estado de México, con mil 846 ejecuciones. Por cierto, es la entidad natal de Peña Nieto, que éste gobernó entre 2005 y 2011 y que actualmente administra el también priista Eruviel Ávila.
El tercer lugar lo ocupa, con mil 633 ejecuciones, Chihuahua, gobernada por el priista César Duarte.
Michoacán y Jalisco se localizan en cuarto y quinto escaños en cuanto a ejecuciones, con un total de mil 416 y mil 406, respectivamente; en ambas entidades federativas se libra una guerra principalmente entre el Cártel de Sinaloa, a través del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y los autonombrados Caballeros Templarios.
Estas cinco entidades concentran 8 mil 243 ejecuciones, es decir, 43 por ciento de las ejecuciones cometidas en todo el país durante los primeros 11 meses del actual Gobierno.
Y en cuanto a ciudades, si en el calderonato Juárez fue la más violenta, en los primeros 11 meses del peñato Acapulco es la que tuvo más homicidios dolosos (835 averiguaciones previas), de acuerdo con la información oficial de procuradurías y fiscalías estatales.
El Distrito Federal se había mantenido alejado de los primeros lugares en cuanto a homicidios dolosos durante el sexenio de Felipe Calderón, pero con la actual administración federal se ubica ya en segundo escaño, con 708 “averiguaciones previas” por homicidio doloso.
Declarada por los tres niveles de Gobierno como “modelo” de seguridad, Tijuana se encuentra en tercer lugar con 502 homicidios dolosos en el periodo inicial de esta administración federal, de acuerdo con información del Gobierno de Baja California y registros periodísticos de Zeta.
Los siguientes datos también son oficiales, según las procuradurías y fiscalías estatales, además de institutos forenses en el lapso estudiado: Culiacán en cuarto escaño, con 410 averiguaciones previas por homicidio doloso; en quinto lugar Ciudad Juárez, con 363; y en sexto Guadalajara, con 284. Le siguen Monterrey con 262, Zapopan con 233, Chihuahua con 213 y Torreón con 209.
Las citadas 10 ciudades concentran 4 mil 19 averiguaciones previas por homicidio doloso.
El sexenio de los ‘accidentes’
Una forma de manipular sistemáticamente las estadísticas en el gobierno de Enrique Peña Nieto es arrojar a las víctimas por homicidio doloso en la categoría de “accidentes”, es decir, homicidios culposos.
Valga recordar que de las 19 mil 16 ejecuciones registradas por Zeta, el Secretariado Ejecutivo sólo reconoce 17 mil 68 “averiguaciones previas” por homicidio doloso, de acuerdo con el SNSP, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013.
Un dato revelador: mientras el Gobierno de Enrique Peña Nieto clasifica a 17 mil 68 en la categoría de averiguaciones previas por homicidio doloso, en el rubro de homicidios culposos, es decir, “accidentes”, la suma llega a 15 mil 59 averiguaciones previas en sus primeros 11 meses.
Michoacán es la principal entidad donde abundan misteriosamente los “accidentes”.
Mientras entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013, el SNSP reporta 832 averiguaciones previas por homicidio doloso, en el rubro de averiguaciones previas por homicidio culposo o accidentes la cifra alcanza mil 512. Se trata de una evidente manipulación de las estadísticas por el Gobierno federal, porque a nivel nacional las averiguaciones previas por homicidio doloso en los primeros 11 meses de la administración peñista no son más que los accidentes: 17 mil 68 por 15 mil 59, respectivamente.
Zeta cuestionó a Monte Alejandro Rubido, titular del SNSP, en su reciente visita a Tijuana, si es normal que en Michoacán existan más “accidentes” que asesinatos intencionales, a diferencia de otras entidades, donde la cifra de accidentes nunca supera a la de homicidios dolosos. Esta fue su respuesta:
“No rehúyo la responsabilidad ni la respuesta, pero son los datos que nos manda la Procuraduría michoacana. Así como a usted le brinca este dato, así como brincó en algunos diarios el día de hoy, a nosotros también nos brinca, y estamos en comunicación constante con la Procuraduría michoacana tratando de hacer las precisiones pertinentes en la materia. ¿Qué nos sucede? Y hacia allá podemos atribuir este hecho: a que muchas veces las personas que tienen que estar llenando las cifras no se apegan al protocolo de llenado y se pueden generar este tipo de distorsiones, pero lo estamos revisando, lo estamos trabajando con Michoacán. Yo espero que en un periodo breve podamos hacer las aclaraciones conducentes en el caso”.
Fuente: Zeta y Proceso
