Enrique Peña Nieto presenta su primer informe presidencial a un país parcialmente convulsionado. El encantamiento de sus primeros días de gobierno desapareció ante la premura por hacer cierta aquella fantasía del “Momento de México” a través de impulsivas reformas con apoyo en el gigante de pies de barro que resultó el Pacto por México.
Por Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso
Impreciso como el de su antecesor, el gobierno de Enrique Peña Nieto no acaba de definir una estrategia contra la inseguridad. Rebasado por la delincuencia y presionado para dar resultados, se acerca cada vez más a las acciones de Felipe Calderón, del que hasta ahora sólo lo separan la espectacularidad y la intensa propaganda de fuerza.
Su propuesta para retirar a los militares del combate a la delincuencia organizada –la creación de un nuevo cuerpo armado bautizado desde su campaña presidencial como Gendarmería Nacional– se redujo a una mera división de la Policía Federal (PF), y su propósito de no publicitar en los medios la detención de los narcotraficantes va quedando en mera intención.
Presionado por Washington y por la prensa estadunidense por su “falta de claridad” para combatir el narcotráfico, acabó por adoptar la misma acción que su antecesor: Informar sobre el número de detenidos de una lista de “los delincuentes más buscados”, elaborada por el gobierno anterior y el de Estados Unidos.
El discurso también empieza a parecerse al del calderonato: El incremento de la violencia en estados como Michoacán es resultado de las acciones del gobierno, ha dicho el nuevo supersecretario y titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El acercamiento a lo que dijo que no quería hacer obedece a que la violencia no cede en el país, sobre todo en lo que hace a homicidio, secuestro y extorsión, los mismos delitos que se comprometió a abatir. De acuerdo con José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la reducción de 20% –anunciada por el presidente la semana pasada– en el caso de los asesinatos vinculados con la delincuencia organizada es una tendencia que viene desde 2011.
“Está bien que se haya mantenido esa tendencia, pero lo preocupante es lo que está ocurriendo en los otros dos delitos. La extorsión está creciendo de manera explosiva y para este año se espera un incremento de 20% en los secuestros oficialmente denunciados”, dice el también litigante.
Precisa que las denuncias oficiales por extorsión se refieren principalmente a las telefónicas y no reflejan las que ocurren en los negocios formales e informales e incluso a particulares. No sólo es el caso de Michoacán, Guerrero o el Estado de México. Desde hace mucho la delincuencia organizada y muchos que hablan en nombre de ella están cobrando “derecho de piso” en otras partes del país.
En el caso de los secuestros también hay un incremento de 20% en el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con sus cifras, el sexenio pasado hubo 6 mil 404 secuestros en el país, pero la cifra podría ser tres veces superior pues la mayoría de los casos no se denuncian.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1922, ya en circulación)
