Por Alejandro Páez Varela
No sabemos realmente cuáles son las cifras de los muertos en México a causa de la guerra contra las drogas que inició Felipe Calderón y que continúa, en los mismos términos, hasta hoy; deliberadamente, el gobierno decidió esconderlas. No conocemos los datos de los desaparecidos y no existe esa base que familias y organizaciones civiles exigen desde hace años al gobierno federal. No hay información creíble sobre la extorsión; más o menos nos imaginamos que los criminales nos tienen en sus manos, que miles de comerciantes pagan cuotas en el Estado de México o en Michoacán, en Chihuahua o en Coahuila –por citar algunas entidades–; que miles de agricultores, productores, industriales e incluso alcaldes están entregando cuotas al crimen organizado. Pero los datos reales han sido escondidos a los ciudadanos.
No se nos ha dicho qué es de la supuesta investigación sobre los hechos que llevaron a la liberación de Florence Cassez: el Jefe del Ejecutivo federal prometió transparentarla para evitar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por Genaro García Luna y su equipo durante el arresto y el montaje “no se repitieran nunca más”. No hay datos sobre los feminicidios en México, y mucho menos los hay, a ciencia cierta, en entidades como Edomex, en donde las organizaciones civiles aseguran que se vive una tragedia.
No tenemos ni idea de hasta dónde alcanza la fortuna del Presidente Enrique Peña Nieto, amasada mientras era funcionario público, porque no hay declaración patrimonial válida. Tampoco hay información de los bienes de gente clave del gabinete presidencial como, por ejemplo, los del Procurador General de la República. Se nos oculta la información que parece mínima, como los acuerdos a los que llegó la Secretaría de Gobernación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). No conocemos si el gobierno federal cumplió con la promesa de despedir a los delegados federales –casi todos impuestos por Miguel Ángel Osorio Chong– que oficialmente son brazos del gobierno central en las entidades pero que en los hechos responden a una supraestructura del PRI, como lo vimos en las elecciones pasadas. No sabemos qué se negocia en el Pacto por México; los temas se acuerdan allá –sepa Dios a cambio de qué– y simplemente llegan como “reformas” para que diputados y senadores las aprueben.
Se nos niega conocer a fondo qué es, realmente, la Reforma Energética: qué facultades está entregando el Estado a las grandes empresas petroleras (ya nos enteraremos cuando nos pongan un pozo de extracción de gas en el patio, como sucede en Estados Unidos), y ni los legisladores lo sabrán, porque simple y sencillamente votarán en bloque lo que les ordene el gobierno federal. Los ciudadanos no tenemos derecho a participar en las decisiones de gobierno. Usted como yo hemos visto a miles protestar contra la Reforma Energética, y seguramente habrá miles que están a favor. Pero no se nos permite que, por medio de un mecanismo como el plebiscito o la consulta nacional, los mexicanos tomemos esa decisión tan importante, que afectará durante generaciones: ¿queremos o no una Reforma Energética? No lo sabemos: el gobierno simplemente no permite que sus ciudadanos opinen al respecto.
En su primer discurso, Enrique Peña Nieto prometió transparentar los actos del gobierno. En los hechos, sus diputados, los del PRI, intentaron meter en un costal al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con una iniciativa que le restaba facultades para exigir, por ejemplo, que los sindicatos y los partidos políticos muestren sus finanzas. Los legisladores del partido del Presidente pretendieron además (todavía pueden lograrlo) que el Banco de México, fuente en el pasado de crisis masivas, pueda interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no mostrar información al público.
Los ciudadanos no podemos saber cuántos recursos federales son transferidos a estados y municipios y por qué motivos; los gobernadores, casi todos del PRI, no están obligados a transparentar de manera detallada qué hacen con ese dinero: ni en dónde lo invierten, ni con qué justificación técnica lo inviernen. Tampoco están obligados a mostrarnos esas obras: sus avances y su conclusión.
No sabemos absolutamente nada sobre el gasto que se hace en Comunicación Social: cuánto recibe cada medio o cada periodista de los gobiernos federal, estatal y municipal, y bajo qué concepto (¿y saben cuándo lo van a demandar los medios o los periodistas más influyentes de México? Nunca). Les doy datos recabados por las organizaciones GeSoc, IMCO, México Evalúa, Fundar y Artículo 19: En 2006 se gastaron $819.7 millones de pesos en Comunicación Social, cifra que ascendió en 2009 a $4,927.7 millones de pesos, lo que representa un aumento de 501%. Y casi en esos mismos porcentajes creció esa partida en los gobiernos de Calderón y de Peña. “La evidencia disponible muestra que en lugar de fortalecer la democracia, el gasto en publicidad oficial tiende a socavar la libertad de expresión y el derecho a recibir información de las y los mexicanos, así como a destinar cuantiosos recursos a campañas de comunicación, mismos que podrían destinarse a políticas más prioritarias”, concluyen las ONGs citadas.
Amigas, amigos, los legisladores aprobaron al gobierno de Enrique Peña Nieto la mayor deuda en 20 años: 4 billones 467,225 millones de pesos. ¿Ustedes saben en qué se va a gastar todo ese dinero? Ni lo piense: ni usted, ni yo, ni (casi) nadie lo sabe. Lo suponen los que aprobaron esa deuda (entre ellos los perredistas) y lo saben a ciencia cierta en el gobierno federal (que son los que van a gastarse esa barbaridad de dinero). Y NADIE más.
Ya no le sigo.
El de Enrique Peña Nieto es un gobierno en penumbra; nos mantiene en la oscuridad y no rinde cuentas. Pero va por más: si en menos de un año hemos dado brincos gigantescos hacia la oscuridad; si a estas alturas ya no es obligación que el Presidente de México muestre y explique su fortuna, ¿se imagina lo que viene en el futuro inmediato?
Lo más penoso es que todo esto se ha logrado con la anuencia de los partidos políticos de “oposición”. La deuda se la aprobó el PRD, por ejemplo.
En algún momento escribí que el PRI se estaba preparando para gobernar 18 años consecutivos. Por los pasos que ha dado, lamento decirles que se prepara para otro periodo más largo en la presidencia. La clave para lograrlo, es actuar en la oscuridad, disponer de nuestro dinero y comprar voluntades e incondicionales con él.
Reinstalan en nuestra cara la dictablanda, que le llaman.
Lo peor es que no veo cómo van (vamos) a evitarlo.
Fuente: Sin Embargo
