Entreguismo inaudito

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Por Luis Javier Valero Flores

Si ya la velocidad con la que se aprobaron, el año pasado, las reformas constitucionales sobre los energéticos y las telecomunicaciones, la empleada en la aprobación de las leyes secundarias no deja lugar a la duda; la dupla del PRI y el PAN intenta culminar la política reformista-entreguista iniciada en el sexenio de Miguel de la Madrid y cuya curva más alta se alcanzó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Con indignación deberá reconocerse que tales reformas fueron legitimadas de inicio por los actuales dirigentes del PRD, hasta entonces el partido mayor de la izquierda mexicana. En justicia, también, deberá precisarse que no toda la dirigencia de este partido fue acompañante de priistas y panistas.

Fue el grupo que ha detentado la principal responsabilidad a lo largo de los últimos 15 años –Nueva Izquierda, conocidos como “Los Chuchos”, dirigidos por Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete– quienes lo hicieron sin la aprobación y conocimiento de los órganos oficiales de la dirigencia nacional de ese partido.

En el clausulado del Pacto por México se encuentran contenidas, a grandes rasgos, las reformas que ahora deploramos. Alegremente, Zambrano, Ortega y sus compañeros acudieron a firmarlo y sólo hasta después lo hicieron del conocimiento del resto de los dirigentes formales perredistas. Cosa semejante le ocurrió al panismo, pero ahí fue superada la crisis debido a la extremada coincidencia con sus planteamientos programáticos. Lo que no pudieron hacer en la “docena” panista de Fox y Calderón, Peña Nieto lo hizo en menos de un año, y en menos de dos las secundarias.

Por ello importa detenerse en la conducta de Los Chuchos; llegaron, incluso,  al extremo de arrogarse la autoría del Pacto por México y de pactarlo con el equipo de Peña Nieto muy poco después de las elecciones presidenciales del 2012.

Tendremos mucho tiempo para lamentarlo. Las presiones que enfrentará el país para entregar lo más rápido posible sus recursos, en aras de, como lo dice el senador David Penchyna (PRI), “el crecimiento y la generación de riqueza que nos está esperando” no se harán esperar y motivar la reacción de los sectores afectados, tarde o temprano.

Semanas atrás se dio a conocer que las empresas petroleras Exxon y Shell estaban pidiendo al gobierno mexicano que abriera este año la autorización para la instalación de gasolineras de ellas en territorio nacional. Tal petición originó que la organización nacional de expendedores de combustibles se opusiera “enérgicamente”.

Y si en materia de telecomunicaciones el país sufrió una enorme regresión, ahora, en las leyes secundarias de la reforma energética, es un verdadero atentado a la propiedad nacional, con repercusiones directas a la economía familiar, tanto a los directamente afectados en los terrenos en los que se ejecutará alguna de las operaciones de la industria energética, como al resto de la sociedad.

Para encubrir la entrega de los terrenos –especialmente las ejidales y las comunales– a las empresas petroleras, gracias a su “cabildeo”, los panistas obtuvieron cambiar el término de ‘‘expropiación’’ por ‘‘ocupación temporal’’ de tierras, en el caso de que las empresas y los propietarios no llegasen a un acuerdo comercial, entonces el gobierno federal le haría un avalúo a las tierras en disputa y ordenaría la “ocupación temporal”.

Sí, ya se imaginan que puede llegar hasta de 100 años, o los que quieran los nuevos conquistadores. Cosas de ese talante aprobaron en comisiones los senadores, que se discutirán a partir de hoy y cuya aprobación ni siquiera es puesta en duda.

En el país del fast track legislativo –como dice Arturo Limón– los senadores aprobaron en poco más de dos horas los cuatro dictámenes de las 17 leyes secundarias de la reforma energética.

¡N’ombre, los panistas lograron que “las empresas petroleras están obligadas a dar de 0.5 a 1.5 por ciento de sus ganancias al dueño del predio en cuyo subsuelo se exploten crudo o gas”, siempre y cuando ese porcentaje no inhiba “la competitividad ni represente una carga desproporcionada a las actividades” de la petrolera extranjera! (Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 16/VII/14).

También, que a cambio de rentar o vender su tierra, los propietarios de las tierras ¡podrán ser contratados como empleados de las empresas!

¡Ah, también que “el ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán solicitar la asesoría y en su caso representación de la Procuraduría Agraria en las negociaciones (con las empresas petroleras)”!

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