(Indígenas y migrantes: entre discursos y realidades)
Por Magdalena Gómez
Sólo los seis días previos permiten observar como en un espejo el filo de la realidad en nuestro país en materia de derechos humanos. En primer lugar encontramos la publicación en el Diario Oficial de diversos programas gubernamentales para el periodo 2014 y 2018. Entre el mar de armonizaciones y estrategias encontramos el déficit conceptual que no se compadece de la exhaustiva lista del marco normativo nacional e internacional.
Es el caso de los pueblos indígenas en el Programa Nacional de Derechos Humanos, cuyo concepto como sujetos de derechos fue tan debatido; en lugar del mismo reaparece el de poblaciones indígenas, vulnerables por supuesto, y además se omite toda referencia a la autonomía y la libre determinación para centrarse en un problema tan real como limitado, el del acceso a la justicia, en sus procedimientos y no en sus contenidos: La población indígena se encuentra en situación de vulnerabilidad, repercutiendo en diferentes ámbitos, pero en particular en la administración de justicia, debido a que los medios existentes no responden al hecho de que no hablen español, no cuenten con recursos económicos para pagar defensa legal y para acceder a los órganos judiciales.
Además, comunidades, pueblos y personas indígenas son víctimas de prácticas abusivas o violatorias de la debida diligencia. Lo anterior provoca desconfianza y miedo a represalias, por lo que no se acude a los órganos de justicia o instancias públicas de protección de los derechos humanos, situación que se agrava para las mujeres indígenas, puesto que la denuncia de ciertos hechos se ha convertido para ellas en un reto que requiere enfrentar muchas barreras, incluso el rechazo de su comunidad.
Nada que ver con la noticia de un nuevo conflicto contra la autonomía y sistema de justicia en territorio zapatista con saldos violentos, cuando integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-I) pretendieron recuperar a uno de sus miembros, detenido por intento de robo de un vehículo, y se enfrentaron con bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la comunidad de La Realidad, municipio Las Margaritas, Chiapas. No se trata de un incidente menor, pues hasta ahora la autonomía se ha defendido mediante la negociación y la paz.
Por otra parte, el mismo programa es omiso respecto de la situación de la migración, no aparece en su agenda; sin embargo, es el Programa Nacional de Población el que da cuenta del mismo:La población en tránsito es otra manifestación de la dinámica migratoria del país. Cada año miles de migrantes procedentes de países centroamericanos cruzan la frontera sur para internarse en territorio mexicano y desplazarse hacia Estados Unidos.
En 2011, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), se registraron 109 mil eventos de tránsito irregular por México. Y refiere como estrategia garantizar los derechos humanos y sociales de los migrantes que transitan por el territorio nacional mediante acuerdos con países de origen y, sobre todo, señala garantizar el tránsito seguro y ordenado de las mujeres migrantes, menores no acompañados y adolescentes. También en este caso no hay relación con el propósito señalado y el violento accionar del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y la estatal de Tabasco.
Para estas horas la detención masiva y violenta, el cierre de carreteras, retenes y persecución a cerca de medio millar de migrantes en la zona entre Tenosique, Tabasco, y Palenque, Chiapas, se habrá consumado con la deportación. Todo ello en un clima ajeno al respeto y pleno, eso sí, de violaciones, golpes incluso a destacados defensores, como fray Tomás González Castillo, director del albergue La 72, de Tenosique, Tabasco.
Ochenta y ocho organizaciones no gubernamentales (ONG) del país e internacionales condenaron la política migratoria en la frontera sur y señalaron que los principios de humanitarismo, asilo, asistencia y garantía de derechos deberían regir la política migratoria del país, así como un trato igual, pues a los indocumentados que participan en el Viacrucis del Migrante, que el 30 de abril arribó a Saltillo, Coahuila, se les brindó un permiso para permanecer en el país 30 días, por lo que exigen que sin distinción se les otorgue a todos los migrantes una visa de tránsito similar.
¿Quién decidió los brutales operativos y cuál es el propósito? En otro contraste, el relator de la ONU contra la Tortura señaló que ésta es una práctica generalizada en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores le respondió que sólo es recurrente. ¿Gran diferencia?
Sin duda resulta congruente que el impulso neoliberal en tiempos salinistas se abriera con el cuestionamiento a la rancia idea de la soberanía para favorecer al capital trasnacional y hoy se cuiden celosamente las fronteras; es la continuidad de la condición de patio trasero en que el Estado tiene sumido al país.
Fuente: La Jornada
