La Secretaría de Marina no rindió todos los informes que le fueron requeridos en un caso de desaparición forzada de personas en Nuevo Laredo, denunciado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y una jueza federal le impuso a su titular, Vidal Soberón, cinco multas que suman 40 mil 300 pesos.
Karla Macías, Jueza Novena de Distrito en Guanajuato, advirtió el 26 de junio que impondrá multas similares al Presidente de la República si no se acatan debidamente sus órdenes para aclarar la actuación de la Marina durante los hechos registrados en mayo.
El almirante Soberón ha promovido en los últimos días varios amparos para impugnar el cobro de las multas, que corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Es altamente inusual que un Secretario de Marina sea sujeto de multas judiciales de este tipo.
“Remita copia certificada de la bitácora o registros de los operativos que esa institución realizó en la fecha de la desaparición del quejoso, informe si en la fecha indicada se realizaron patrullajes o recorridos por parte de elementos de esa institución, proporcione el nombre de los elementos, así como por qué calles y colonias se realizaron, la hora en que fueron realizados, las unidades en las que se llevaron a cabo dichos patrullajes o recorridos y además informe si las unidades tenían sistema de localización GPS o algún otro sistema de rastreo”, ordenó la jueza cuando admitió cinco amparos a principios de junio.
Dichos amparos fueron promovidos a nombre de Marco Antonio Romero Sánchez, Mauricio Toledo Cervantes, Edgar Treviño Ochoa, Noé Alférez Hernández, Rubén de la Fuente Serna, y otras personas privadas de su libertad, supuestamente por elementos de la Armada, el pasado 10 de mayo.
El 2 de julio, Macías Lovera regañó a la Marina por el trámite burocrático que le ha dado a las órdenes del juzgado.
“Para el despacho de sus asuntos, el Secretario de Marina tiene sobre los comandantes, en su categoría de almirantes, lo que la doctrina conoce como ‘poder de mando’. Esta facultad hace innecesario que este órgano jurisdiccional vincule a cada unidad de la Secretaría de Marina para que ejecute los actos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos formulados”, indicó.
La desaparición forzada de personas, recordó, es un delito grave de lesa humanidad, según tratados internacionales.
Como parte de los amparos, la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR) ya obtuvo los registros y geolocalización de los teléfonos celulares de los desaparecidos y de las últimas personas que se comunicaron con ellos, también por orden de la jueza.
Otra orden a la PGR es que publique en su portal de internet los avances de su investigación sobre este caso, lo que debe cumplir la próxima semana.
Fuente: Reforma
