El poeta Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, afirmó que la iniciativa de Ley de Víctimas que el presidente Felipe Calderón presentó la semana pasada es “un engaño a la nación, una mentira, una trampa y una simulación”. Y sostuvo que el mandatario no cumplió con su palabra lo que significa que las víctimas son una burla para él.
De hecho, el movimiento que encabeza Sicilia, numerosas organizaciones de la sociedad civil y un grupo de personalidades han difundido un posicionamiento conjunto en el que subrayan que la ley de Calderón es una contradicción, que no responde a la emergencia nacional y que únicamente a través del Programa Pro-victimas se intenta dar una atención pasiva y asistencialista en vez de reconocer a las víctimas y hacerles justicia.
Además, subordinan a las víctimas a la estrategia de seguridad porque las considera solo como daños colaterales; hay un desprecio a las víctimas a quienes se les violan sus derechos humanos. Por lo tanto, exhortaron al Poder Legislativo a votar de manera unánime la ley ya aprobada en la legislatura pasada, y desechar el proyecto de Calderón.
He aquí el posicionamiento completo:
* Se cumplen 66 días de desacato constitucional al no publicar una ley promulgada
Al término del sexenio, el Poder Ejecutivo permanece obstinado en desconocer y desestimar el profundo daño generado a la sociedad mexicana por su estrategia fallida de combate al crimen. La indiferencia, el capricho y la frivolidad marcan la pauta de la respuesta que el Presidente y su equipo están dando al cerrar su Administración ante un país que ve crecer las cifras de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzosos y arbitrariedades de todo tipo, en un clima sofocante de violencia. Hoy es más contundente que nunca que Felipe Calderón no tuvo voluntad política para establecer una política integral de atención a las miles de personas que no cesan de clamar por sus derechos a la justicia, a la verdad y a la memoria. La iniciativa de Ley de víctimas de Calderón, que busca oponerse a la Ley de víctimas hecha e impulsada por las víctimas, es un engaño más del Presidente en esta dolorosa historia de violencia e irresponsabilidad. Con ella quiere suplantar una ley de derechos humanos de las víctimas por una ley de asistencialismo para víctimas.
Como es de conocimiento público, desde finales del año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil así como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) hemos impulsado una agenda de justicia, reparación y memoria en la que la exigencia se centra en la responsabilidad del Estado mexicano frente a lo sucedido estos años en México. El año pasado nos dimos a la tarea de impulsar la Ley General de Víctimas desde un enfoque integral, la presentamos ante el Poder Legislativo y fue aprobada por unanimidad el 30 de abril pasado, sin que el Ejecutivo se involucrara jamás en una discusión que le correspondía, no solamente por su responsabilidad en los hechos, sino también por sus obligaciones constitucionales en materia de prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño derivado por violaciones de derechos humanos, así como por la actividad de la delincuencia. De igual modo, el Ejecutivo empeñó su palabra de impulsar esta legislación en el diálogo con el MPJD en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Frente al consenso a favor de los derechos de las víctimas, sin embargo, el Ejecutivo decidió el 1º de julio pasado hacer valer un veto de facto mediante la figura del envío de “observaciones” sobre el texto aprobado. Toda vez que, en términos del artículo 72 B de la Constitución, el plazo para que el Ejecutivo enviara observaciones había concluido y la Ley se encontraba promulgada en automático desde el 19 de junio, el Congreso rechazó las “observaciones” por extemporáneas, lo que motivó al Ejecutivo a promover antela SCJN una controversia constitucional contra el Congreso, por encima de toda consideración.
Finalmente, el 31 de agosto pasado el Ejecutivo Federal anunció el envío de una iniciativa de “Ley General de Atención y Protección a Víctimas”, sin definir su postura sobre la controversia constitucional promovida ala Ley General de Victimas ya aprobada, la cual se negó a publicar, entre otras cosas, bajo el argumento de que el Congreso no está facultado para emitir leyes generales en materia de víctimas.
La actuación del Ejecutivo en este asunto es evidentemente contradictoria, ambigua con las víctimas, irrespetuosa con los Poderes Legislativo y Judicial, violatoria de las normas constitucionales que regulan el proceso legislativo y las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos de las víctimas. La iniciativa del presidente no responde a las víctimas, sino al interés de ejercer un control político de los terribles daños que ha causado su política de seguridad.
Al respecto, advertimos las siguientes falencias puntuales de la versión de Calderón de Ley de Víctimas:
1. La ley de Calderón es una contradicción. Con el mismo argumento que el Ejecutivo Federal inició su controversia constitucional, argumentando la falta de atribuciones del legislativo pata legislar una Ley General envía una nueva propuesta de Ley General. No se tomó la molestia de explicar la causa de su cambio de opinión y, mientras tanto, sigue corriendo el tiempo en el cual se encuentra en franco desacato del artículo 72 B constitucional, que lo obliga a publicar esta Ley desde el 29 de junio pasado.
2. Pobreza de la política de atención a víctimas. El Ejecutivo Federal sigue respondiendo a la emergencia nacional con paliativos normativos y placebos institucionales como PROVÍCTIMA, que, independientemente de la buena intención y el esfuerzo sincero de algunas/os de quienes laboran en esa institución, hacen de las víctimas un objeto pasivo de atención asistencialista, en vez de reconocerlos como titulares de los derechos que la Constitución les reconoce. La pobreza de la política de atención a víctimas propuesta en la Ley de Calderón se ve reflejada, entre otras cosas, justamente en pretender que el andamiaje institucional que estará a cargo de garantizar y proteger los derechos de las víctimas sea PROVÍCTIMA y una conferencia nacional de “províctimas” locales. Con ello, el Ejecutivo busca evitar la participación activa de las víctimas en el diseño e implementación de las medidas para su atención, así como reducir la política de Estado en la materia a medidas de alcance individual y colectivo limitado.
3. Subordinación de la política de víctimas a la estrategia de seguridad. Aunado a la pobreza del esquema institucional que plantea la Ley de Calderón, encontramos que la Conferencia Nacional PROVÍCTIMA propuesta se encuentra subsumida al Sistema Nacional de Seguridad Pública, evidenciando que el enfoque de los “daños colaterales” sigue vigente, y que la demanda de atención de las víctimas en México es un mero subtema para la medición de indicadores de la política de seguridad.
4. Desprecio a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Ley de Calderón es un retroceso tras la incorporación a la Constitución de los derechos humanos de las víctimas a recibir reparación integral por el daño sufrido, como reconoce el artículo 1º párrafo tercero desde el 10 de junio de 2011; en vez de proponer una legislación que se ocupe de manera integral del problema de la victimización que surge tanto de la violencia del crimen como de la violencia causada por el abuso de agentes del Estado, el Presidente persiste en su afán de desconocer a este último grupo de víctimas, cada día mayor, convirtiéndolas en víctimas de orden menor que no tienen los mismos derechos que las víctimas de la delincuencia. ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado, dónde queda la exigencia de las víctimas cuando hay violaciones graves derechos humanos y delitos contra la humanidad?
5. La ley de Calderón es una burla a los Poderes Legislativo y Judicial y un abuso de atribuciones. Con esta iniciativa el Ejecutivo emite un mensaje preocupante de desdén a la separación de Poderes y al respeto al trabajo parlamentario y judicial, pues parece dispuesto a querer imponer su veto de facto desafiando la aprobación unánime dela Ley General de Víctimas en ambas Cámaras (aprobada incluso por su partido), desestimando quela SCJN se encuentra ahora atendiendo a una controversia que él mismo promovió y abusando, en suma, de sus atribuciones constitucionales, como si el proceso legislativo no existiera y el Ejecutivo pudiera legislar a su antojo y usar ala Judicatura como pieza en una estratagema de postergación y distracción.
Por todo lo anterior:
Sostenemos que la única ley de víctimas viable en un país cuyo tejido social ha sido tan profundamente dañado es la que parte del reconocimiento pleno de los derechos humanos constitucional y convencionalmente consagrados y que, por tanto, una ley asistencialista, subordinada a la política de seguridad y burocratizada como la que propone el Ejecutivo es inútil e incluso perniciosa para las víctimas ante la problemática que enfrenta el país;
Elevamos un atento exhorto al Poder Legislativo a que, en congruencia con la votación unánime de abril pasado y la respuesta que han dado al Ejecutivo en el marco de la controversia constitucional en curso por la Ley General de Víctimas, y haciendo valer su autonomía, sigan defendiendo la Ley elaborada e impulsada por las víctimas y la exigencia al Ejecutivo de publicarla por haber cumplido ya el plazo constitucional para su promulgación;
Al Ejecutivo Federal, exigimos que honre la palabra que empeñó ante el MPJD en el Alcázar de Chapultepec, retire cuanto antes la controversia constitucional que presentó ante la SCJN y obedezca la Constitución, publicando sin demora la Ley aprobada por el Congreso.
Nuestro respeto a los legisladoras/es que hoy han empeñado su palabra y gestión en el Congreso, al exigir con los mejores recursos y diálogo la publicación inmediata de la ley.
Atte:
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD
Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones
de Derechos Humanos, A.C. (AFADEM)
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, A.C. (ADHEM)
Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C. (BARCADH)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH)
Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL)
Iniciativa Ciudadana Oaxaqueña (ICO)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, CMDPDH
Brisa Solís
Daniel Gershenson
Eliana García Laguna
Francisco Romero
Iván Pedroza
Javier Sicilia
Jesús Robles Maloof
Jorge González de León
Julio Hernández Barros
Miguel Concha Malo
Nashieli Ramírez
Paulina Vega
Sergio Ortiz Leroux
Silvano Cantú
Información complementaria
El 6 de septiembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), como un organismo descentralizado no sectorizado dela Administración Pública Federal.
El 30 de abril de 2012, la Minuta de la LGV fue aprobada por unanimidad por el pleno de la Cámara de Diputados, en los términos en que la envió el Senado de la República.
El 10 de mayo de2012, a través del oficio No. D.G.P.L. 61-II-1-3420, dirigido al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y firmado por el senador Renán Cleominio Zoreda Novela y la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, ambos secretarios de las mesas directivas de las respectivas cámaras, se remitió el decreto de la Ley General de Víctimas al Ejecutivo Federal. La recepción quedó registrada a las 12:11 p.m
A partir de este hecho, el Ejecutivo contaba con:
30 días naturales para observar la ley, los que se cumplieron el 9 de junio de 2012.
En caso de no observarla, 10 días naturales para que la ley se considere promulgada, mismos que se cumplieron el 19 de junio de 2012.
Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto se considera promulgado y el Presidente de la Cámara de origen, ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación, los que se cumplieron el 29 de junio, por lo que el presidente dela Cámara de Senadores, José González Morfín, a través del Oficio No. DGPL.-2P3A.-6469 solicitó al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, que girara “sus instrucciones… a fin de que se publique en el Diario Oficial dela Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, aprobado por el Congreso de la Unión el 30 de abril” de 2012.
Como el Presidente Felipe Calderón no quiso vetar la ley en el marco del proceso electoral, se observó un procedimiento fuera del marco legal, en el cual el Decreto de la LGV fue “secuestrada” 20 días, en una acción fuera del marco jurídico instrumentada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Diputado del PAN Oscar Martín Arce Paniagua y la Secretaría de Gobernación.
Fuente: Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
