Incapaz de hacer justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, a finales del año pasado el presidente Enrique Peña Nieto se sintió acorralado y tuvo que firmar un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir asistencia técnica. El director del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, quien firmó el documento en representación de los familiares y las víctimas, considera que el gobierno puede pagar altos costos políticos si descalifica a los especialistas –como al equipo forense argentino o el comité contra las desapariciones de la ONU– o no cumple sus indicaciones.
Por Gloria Leticia Días/ Proceso
La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manera directa en el caso Ayotzinapa, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), revela lo lejos que está el gobierno de Enrique Peña Nieto de librarse del escrutinio internacional por los abusos cometidos en México.
Integrado por los prestigiados especialistas en derecho penal y derechos humanos Claudia Paz y Paz, Francisco Cox Vidal, Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristáin, el GIEI inició sus trabajos el domingo 1.
En Atyotzinapa tuvieron un acercamiento con padres y madres de los estudiantes desaparecidos, de los heridos y de los tres fallecidos, así como sus representantes legales; en el Distrito Federal se reunieron con la nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, y con Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El GIEI se conformó a partir de un acuerdo de asistencia técnica entre el organismo regional y el Estado mexicano. Su operación es una muestra de “cómo la CIDH está viendo a México, como un país que pasa por una grave crisis de derechos humanos”, advierte Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a las familias de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado.
En entrevista, Patrón Sánchez reflexiona sobre los alcances del acuerdo de asistencia técnica firmado por representantes de Peña Nieto en noviembre del año último, y acerca de los riesgos políticos de no atender las observaciones de los expertos independientes.
El director del Centro Prodh, también firmante del convenio internacional, resalta que los hechos de Iguala son tan graves que “por primera vez la CIDH manda un grupo de expertos con unas amplias facultades y posibilidades”, en un hecho “sin precedentes”.
Si bien la Comisión Internacional otorgó una asistencia similar para el caso de la muerte de la activista Digna Ochoa, en esta ocasión el resultado de las indagatorias del GIEI “es vinculatorio en la medida en que fue el propio Estado quien asume su compromiso de someterse a ese mecanismo de escrutinio. Los padres lo solicitan, ellos (los integrantes del gobierno de Peña Nieto) dicen que sí y se fue construyendo”, relata Patrón Sánchez.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
