La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició este lunes uno de sus debates más importantes de los últimos años, con el que busca aclarar el lugar que ocupan, en el orden jurídico nacional, los derechos humanos previstos en tratados internacionales. El fondo del debate busca dilucidar si hay derechos humanos de primera clase y de segunda categoría.
El Pleno de la Corte estudia un proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que señala que los derechos previstos en los tratados tienen rango constitucional y, por tanto, los jueces deben siempre buscar la interpretación más favorable a la persona, sin que se pueda considerar que la Carta Magna es de jerarquía superior a dichos tratados.
“Los derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano”, dice la jurisprudencia propuesta por Zaldívar, que sólo requiere el voto de 6 de los 11 ministros para convertirse en criterio obligatorio para todos los tribunales del País.
Al presentar su proyecto, Zaldívar explicó que, luego de la reforma constitucional sobre derechos humanos de junio de 2011, estamos en presencia de una “masa” de derechos, sin importar si la fuente es la propia Carta Magna o un tratado.
“El Artículo Primero Constitucional deriva de la intención del Poder Revisor de poner a la persona en el centro de toda la ingeniería constitucional, reconociendo, derivado de la dignidad de la persona humana, un catálogo de derechos humanos, y estos derechos humanos deben tener la misma validez y relacionarse en estos términos, porque de otra manera sería sostener que hay derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda”, dijo Zaldívar.
En la sesión de hoy, sólo José Ramón Cossío se pronunció a favor del proyecto, mientras que Jorge Pardo y Sergio Valls advirtieron que, si bien reconocen la jerarquía constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, no pueden apoyar la idea de que se lleguen a ignorar las restricciones previstas en la propia Carta Magna.
Y es que los críticos de la postura del proyecto han señalado que se pondrían en riesgo figuras previstas en la Constitución que restringen ciertos derechos, entre ellas el arraigo de presuntos delincuentes y la no reinstalación de policías, ministerios públicos y demás personal de seguridad, incluso cuando prueban en un juicio que su despido fue ilegal.
En su intervención, Valls advirtió que podría darse el caso de que los jueces empezaran a negar todas las órdenes de arraigo solicitadas por las Procuradurías, argumentando que es una restricción a la libertad personal no prevista por los tratados.
“Si hay una norma que se contraponga a nuestra Constitución, la Constitución debe buscarse que prevalezca siempre”, dijo el ministro. “Podría la Constitución, en un momento dado, llegar a caer en letra muerta y eso, considero que no es posible”.
Por su parte, Pardo enfatizó que el Artículo Primero de la Constitución claramente señala que es la propia Carta Magna la que puede restringir los derechos humanos.
“Cuando la Constitución establece restricción expresa, la norma de fuente internacional, por más que genere una protección más amplia, no podrá ser aplicada, porque la supremacía constitucional lo impide”, afirmó Pardo.
El debate continuará mañana. De los seis ministros que faltan, es previsible que Alfredo Gutiérrez apoyará a Zaldívar, tal vez con algunos matices, pues presentó en términos similares un proyecto para resolver otra contradicción de tesis que también está
Fuente: Reforma
