En el último mes, el gobierno de Rafael Moreno Valle, a quien se acusa de criminalizar la protesta social, ha encarcelado a 19 personas que participaron en protestas sociales en distintos municipios de la entidad, denunció el Movimiento por la Alternativa Social (MAS).
En rueda de prensa, los dirigentes del MAS, Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila, dijeron que el gobierno poblano ha recurrido a criminalizar la protesta social para acallar las quejas que generan sus políticas gubernamentales.
El caso más reciente ocurrió el pasado sábado 21 de junio, cuando un centenar de granaderos llegaron al poblado de San Antonio Cacalotepec para detener en forma violenta a ocho pobladores de esa comunidad rural que realizaban una protesta por el servicio deficiente que presta el sistema de transporte metrobús.
Los habitantes de Cacalotepec retuvieron seis unidades de transporte en demanda de que el gobierno estatal estableciera una mesa de diálogo para plantearles sus quejas sobre los problemas que enfrentan a diario por el servicio que presta el sistema de transporte articulado, actualmente administrado por el poblano.
Y es que, hace menos de dos semanas, el gobierno de Puebla rescató la concesión del sistema de transporte Metrobús que tenía poco más de un año entrar en operación, pero hubo incumplimientos por parte de la concesionaria que derivaron en deficiencias constantes en el servicio.
Según la denuncia del MAS, entre los 19 detenidos en el gobierno de Rafael Moreno Valle en el último mes, se encuentran cuatro hombres y cuatro mujeres, una de avanzada edad, que se congregaron para exigir una solución real a sus problemas de transporte.
Mazatle Rojas recordó que de la misma forma han sido detenidos habitantes de los municipios de Atzizihuacan, San Francisco Tepeyecac y San Andrés Cholula, que protestaron contra el gasoducto Morelos.
Además, el 15 de junio, el gobierno detuvo a otros ocho habitantes de las comunidades de Coronango, San Francisco Ocotlán y San Miguel Xoxtla, quienes se manifestaron contra los violentos operativos que llevó a cabo la administración estatal para decomisar mototaxis.
En aquella ocasión, elementos de la policía utilizaron gas lacrimógeno en contra de operadores y usuarios de esas unidades de transporte, las cuales fueron declaradas ilegales por decreto del Congreso del Estado.
La presidenta municipal de Coronango, Mely Macoto Chapuli, informó que la autoridad judicial fijó una fianza de 385 mil pesos por cada uno de los mototaxistas detenidos, y que su administración busca interceder para que se reduzca, pues esas personas sólo luchan por su derecho al trabajo.
Fuente: Apro
