Por Javier Corral Jurado
Este lunes el presidente de la República promulgará la reforma constitucional en materia educativa, que derivó del Pacto por México y fue validada por el constituyente permanente. Es la primera reforma y corre el peligro de convertirse en la única que salga de ese mecanismo porque crece entre los miembros del Consejo Rector y en el ámbito legislativo una tensión mayor por el proceso de negociación de la iniciativa en Telecomunicaciones y radiodifusión. Al interior del cerrado mecanismo negociador se ahonda el diferendo y crece la rispidez; en el Congreso se empiezan a alzar los diques para lo que sigue, alimentados por la combinación más mezquina que pueda haber: los celos propios del protagonismo ramplón y la presión de los intereses externos que pueden verse afectados.
Crecen las suspicacias sobre el juego doble del gobierno de Enrique Peña Nieto, y no provienen de la casualidad, sino directamente de la mesa de negociación.
Estaba dicho que la reforma para la democratización de los medios electrónicos de comunicación y para la competencia en telecomunicaciones, es la prueba de fuego para los actores que han suscrito el Pacto por México. A Peña Nieto le significa una dura decisión: romper con uno de sus aliados más poderosos en la construcción de su candidatura y luego en obtener la Presidencia, Televisa. Pero hay quienes advierten que en realidad no debiera plantearse así toda vez que el hoy presidente nada les debe, porque todo se los pagó, y en abundancia. Sin embargo, reubicar a esa empresa, así sea simplemente a un papel de intermediario y ya no de actor fundamental en las decisiones de gobierno, pasa por algo más que compromiso democrático, necesita de cierto valor y patriotismo. Precisamente lo que escasea.
De ahí que la reforma en Telecomunicaciones y radiodifusión se haya retrasado en su presentación por más de dos semanas; la resistencia es enteramente del gobierno de Enrique Peña Nieto, al que parece serle muy difícil cortarse el cordón umbilical que le ata a Emilio Azcarraga Jean, y están estirando la liga de tal manera en favor de ese interés particular que el Pacto todo se puede venir abajo si esa reforma no se concreta con la hondura prometida y bajo las líneas ya firmadas en los compromisos del 37 al 45.
De no concretarse esta reforma, sobrevendría la ruptura del Pacto porque nadie ha comprometido más su palabra y su impulso a este acuerdo político nacional, basados precisamente en la posibilidad de la reforma de medios, que Gustavo Madero, Jesús Zambrano. Los dos políticos han hecho de la reforma esperada, la justificación mayor para participar en el Pacto. Porque la reforma mide hasta dónde llega el compromiso por democratizar realmente los medios de comunicación electrónica y emparejar el terreno de la principal arena en la que hoy se libra la disputa por el poder. Nos permitirá apreciar si participan para transformar de fondo las instituciones y las estructuras, o se prestarán para lavarle la cara a Peña Nieto con propuestas adocenadas o descafeinadas, como advierten varios de los críticos al pacto, desde sus propias filas.
Tanto Madero como Zambrano han construido al interior de sus partidos –frente a resistencias no menores en sus principales órganos de dirección– una justificación ética y estratégica para concurrir al Pacto: está destinado a combatir los males del anquilosamiento político, el subdesarrollo económico y la desigualdad social, entre éstos la acción de los poderes fácticos en los que el PRI basa gran parte de su modus operandi. La misma introducción del acuerdo así lo señala: “La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”.
La reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión no sólo mostrará si este enunciado es pura demagogia o la piedra angular de la legitimidad del Pacto, también nos dirá de qué están hechos Madero y Zambrano cuando de enfrentar los grandes intereses multimillonarios y poderes fácticos se trata.
No será difícil saberlo en cuanto conozcamos la iniciativa. Los elementos esenciales que debe contener la reforma están más que explorados y discutidos en nuestro país a lo largo de la última década y son fruto del impulso académico y social de varias atrás; impulso que se colocó siempre a la vanguardia mientras la clase política se replegaba medrosa y cobarde, o lo que es peor, socavando los intentos o jugando al esquirolismo político.
En primer lugar debe ser una reforma pareja frente a los agentes dominantes, tanto en el sector de las telecomunicaciones como en el de la radiodifusión. Pensar en una reforma que sólo profundice contra Slim, y toque medianamente a las televisoras constituiría un engaño; la mayor amenaza para la democracia y la vida institucional del país se produce desde el duopolio de la TV en sus varias formas de concentración: frecuencias, contenidos, publicidad, producción, audiencia, medios de distribución.
Una reforma que garantice realmente el derecho humano a la información a partir de asegurar la competencia, la pluralidad y la diversidad en medios de comunicación electrónica y los derechos de las audiencias frente a éstos. Exactamente como nos lo ofreció el Pacto, “bajo las mejores prácticas internacionales”. El derecho a la información supone garantizar también el acceso a las nuevas tecnologías bajo el principio de cobertura universal.
Una reforma de fondo supone un órgano regulador fuerte e independiente. Blindado frente a las presiones del gobierno en turno, y sobre todo, de los intentos de captura por los regulados. Lo concibo dotado de las mayores facultades y con autonomía constitucional plena, esto es, que pueda otorgar y revocar las concesiones como facultad exclusiva. El órgano debe ser constituido por el Congreso de principio a fin; es una materia muy delicada y trascendente que debe eliminar cualquier influencia por mínima que sea del presidente de la República. Pero el Congreso está obligado a definir un método que acote lo más posible la discrecionalidad política de ese proceso de selección para que no termine en cuotas partidistas, y si termina así, que por lo menos sea de personas honorables y con conocimiento técnico del tema.
Y así como es fundamental regular a los agentes dominantes del sector telecomunicaciones en materia de insumos esenciales, lo es también muy importante en regular los elementos esenciales en televisión, porque además de económico es eminentemente social el impacto. Por ello deben quedar claros los límites a la concentración de medios en todas sus vertientes, y establecer límites a la propiedad cruzada de medios electrónicos. Es en estos temas donde debe incorporarse sin titubeo alguno la retransmisión gratuita de señales abiertas en sistemas restringidos.
Por supuesto que la reforma debiera ser la oportunidad para impulsar los medios públicos y reconocerles un estatus constitucional y legal que les permita ingresos propios, mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana en su gestión directa. Así como se habla de una red nacional de banda ancha en internet, debe hablarse de un sistema nacional de radio y televisión de servicio público, con plena autonomía constitucional.
Una reforma integral y pareja, supone una sola ley reglamentaria, convergente. Sería un error mantener separadas las leyes de radio y televisión, y la de telecomunicaciones, ese ha sido siempre el gran objetivo de las televisoras y sus personeros. Debe asegurarse el regreso de los canales analógicos al concluir la transición digital; regular la multiprogramación mediante procesos de licitación y el pago obligatorio de contraprestaciones.
Impulsora de larga data del derecho a la información, la AMEDI ha lanzado una alerta oportuna el fin de semana: “La reforma integral al marco jurídico para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión sería un cambio trascendental no solamente para la competencia económica sino también para los procesos democráticos en nuestro país, sin embargo tiene sobradas resistencias por parte de los propios poderes fácticos que saldrían afectados con ella, como de actores políticos que teniendo un papel relevante para facilitar ese cambio, realizan acciones que hacen sospechar intencionalidades para obstaculizarlo”.
“Hasta el momento, las negociaciones de la reforma de telecomunicaciones han sido opacas y de espaldas a la sociedad. Lo anterior va en contra de los ejes rectores del Pacto por México, que hablan de “la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas”. El primer acuerdo del Pacto por México expresa que “la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país”.
“Por lo pronto, sólo el gobierno, los dirigentes partidistas y algunos políticos cercanos al proceso de negociación han participado de una iniciativa que compete e impacta en los derechos y el bolsillo de todos los mexicanos. Se requiere un compromiso real de los partidos y sus dirigencias por modernizar, hacer más competitivo y garantizar que los usuarios ejerzan su derecho a la información a través de servicios eficientes, de calidad y a precios asequibles en un entorno convergente”.
“Después de tanto sometimiento a los poderes fácticos, el compromiso sólo puede sellarse con la sociedad. Si los partidos no acuerdan y presentan a la brevedad la reforma a las telecomunicaciones que el país requiere, el descrédito los marcará como incapaces de sacudirse la presión de las empresas de comunicación”. Mejor dicho, no se puede.
Fuente: El Diario
