Una serie de demandas recientes presentadas en contra de periodistas están teniendo un efecto impactante en el periodismo investigativo y crítico en México, reporta The New York Times
Este verano, en respuesta al descontento público por una avalancha de escándalos de corrupción, los legisladores mexicanos aprobaron una ley anticorrupción que obliga a los funcionarios a ser más transparentes en cuanto a sus finanzas. Si eso ayudará a acabar con la cultura del amiguismo y con los sobornos en México dependerá en gran medida de que los periodistas puedan investigar e informar sobre la clase gobernante.
Una serie de demandas recientes presentadas en contra de periodistas —y una controvertida decisión de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a que, cuando alguien se sienta afectado por algún contenido periodístico, el demandado repare el daño con una suma de dinero para la cual, además, no se establece un tope— están teniendo un efecto impactante en el periodismo investigativo y crítico. De todos los desafíos que históricamente han bloqueado a la prensa mexicana, incluyendo a la violencia y al hábito de autocensura para apaciguar a los anunciantes, la exposición legal injustificada a la que se somete a los periodistas es relativamente fácil de resolver.
Los legisladores mexicanos podrían aprobar una ley para hacer más difícil que los funcionarios y otras figuras públicas demanden por difamación. El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su integridad y su juicio.
La periodista Carmen Aristegui, quien en 2014 dirigía un equipo que difundió la historia más importante sobre la supuesta deshonestidad de Peña Nieto, ha sido demandada recientemente. Tanto Aristegui como su equipo de periodistas documentaron de manera meticulosa el acuerdo bajo el que una compañía de construcción —que había obtenido contratos del gobierno muy lucrativos— hizo una mansión para la esposa del presidente, Angélica Rivera.
MVS, la empresa de medios en la que trabajaban, y que dependía en gran parte de la publicidad de gobierno, se negó a difundir la historia, según Aristegui. Los periodistas la publicaron en la página web de Aristegui y, el año pasado, editaron un libro con la crónica de la investigación y sus consecuencias.
En julio, Joaquín Vargas, propietario de MVS, demandó a Aristegui por “daño moral”. Esa es una de las diez demandas que se presentaron en contra de periodistas documentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Esto ha encendido las alarmas”, dijo Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la OEA. “Parece que algunos funcionarios se están beneficiando”.
Uno de los demandantes es Humberto Moreira, el exgobernador del estado de Coahuila, que en julio presentó querellas en contra de dos periodistas por artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción que lo han perseguido desde hace tiempo. Uno de los periodistas afectados, Sergio Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue presentada para detenerlo en su investigación sobre una matanza en Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares).
Peña Nieto, quien a la fecha no ha explicado con claridad los acuerdos que ha hecho con las constructoras, se disculpó en julio. “Si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos, tenemos que ser autocríticos, empezando por el presidente de la república”, dijo.
Esa disculpa sería más creíble si el presidente encabezara un esfuerzo por evitar que las personas con poder se aprovecharan de los recursos legales para intimidar a la prensa.
Fuente: The New York Times vía El Diario
