Expertas independientes de América y Europa que estudiaron la situación de defensores en México alertan que el Estado los criminaliza para obstaculizar su labor.
El sistema judicial mexicano no es útil para investigar y perseguir las violaciones que denuncian los defensores de derechos humanos del país, pues sus casos se quedan encarpetados por años. En cambio, ese sistema sí es eficaz cuando se trata de criminalizar a los mismos activistas e iniciar procesos penales en su contra.
Las denuncias en contra de defensores de derechos humanos avanzan velozmente en el sistema penal, lo cuál contrasta con la “ausencia de apoyo” de autoridades de los tres niveles de gobierno cuando es necesario investigar su misma labor de defensa, concluyeron expertas independientes de América y Europa que analizaron la situación de defensores en México.
“(Se) considera preocupante que se realicen los trámites de denuncia de manera expedita cuando se trata de acciones en contra de las personas que defienden derechos humanos, en contraste con el bajo nivel de investigación y sanción cuando se tratan agresiones en su contra. Esto genera temor y desincentiva la participación de las personas en la defensa de los derechos humanos, además, pone en duda tanto la imparcialidad del gobierno como el derecho al debido proceso para las personas defensoras”, cita el informe En Defensa de la Vida. Conclusiones de la Misión de Observación Civil sobre la situación de las personas defensoras en México 2015.
Las mismas autoridades mexicanas impulsan la criminalización de los defensores de derechos humanos y con la judicialización de su labor inhiben la denuncia de la población, indicaron los expertas en el reporte.
Según los datos disponibles, sólo en el Distrito Federal entre 2013 y 2014 se dio el caso de 220 defensores criminalizados, pero durante la Misión de Observación Civil que se realizó durante noviembre de 2014 se constató que escenarios similares se repiten en Guerrero, Oaxaca, Baja California, Veracruz o Sonora.
Actualmente existen al menos 25 averiguaciones previas en contra de defensores que se oponen a proyectos eléctricos, en donde destacan las denuncias interpuestas por la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Iniciar procesos judiciales en contra de defensores de derechos humanos se ha convertido en una estrategia para obstaculizar su labor, “dado el impacto que tienen en su vida personal y laboral, así como el desgaste que le genera”.
“La criminalización y judicialización inhibe la denuncia de la población, genera un efecto amedrentador en las demás personas defensoras y debilita el movimiento de defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil”.
La Misión detalla que los defensores contra los que se inicia un proceso penal tienen que invertir un “tiempo considerable” en su propia defensa y ello disminuye su capacidad para atender otras causas.
Fallas en el Mecanismo de Protección
Una de las herramientas institucionales para desde el Estado proteger la labor de defensores es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de derechos humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación.
Las expertas independientes alertan en su informe 2015 que en México no existe una coordinación entre el gobierno municipal, estatal y federal para asegurar la protección de defensores.
Lo mismo ocurre entre instituciones de gobierno, la misma Junta encargada de manejar el mecanismo de protección y las autoridades que deben investigar y sancionar a quienes atenten contra la labor de estos activistas.
“Durante las reuniones sostenidas por la MOC (Misión de Observación Civil) las autoridades se desligaban de su responsabilidad, recordando las acciones que habían tomado y alegando que el problema o el obstáculo era otra autoridad u otro nivel de autoridad. Esta falta de compromiso debilita gravemente la definición de medidas de prevención y protección en respuesta a violaciones contra personas defensoras, asimismo, facilita la continuación y repetición de las violaciones”, se lee en el reporte que se presentó en Ginebra, Suiza, en el contexto de la Sesión 30 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las expertas concluyen que esta faltas son consecuencia de “una carencia de claridad en los roles y responsabilidades” de cada instancia y nivel de gobierno en la misión de garantizar la labor de defensores de derechos humanos.
A ello se suman los errores técnicos dentro del Mecanismo: falta de respuesta a los llamados a través del botón de pánico, la ausencia de cobertura de los teléfonos satelitales, e incluso hostilidad de los agentes de seguridad hacia las personas que deben proteger.
En sus recomendaciones, las expertas indican que el gobierno mexicano debe implementar campañas para visibilizar el trabajo de los defensores para contrarrestar la ola de intimidaciones y ataques en su contra. Pero sobre todo, que exista un reconocimiento oficial y público a su labor.
Sobre el Mecanismo, se recomienda fortalecer su estructura no sólo capacitando al personal sino entregando información clara y precisa sobre las responsabilidades de cada institución y asegurar la correcta implementación de éstas.
Las expertas independientes alertan sobre el enorme reto que enfrenta el gobierno mexicano para combatir la impunidad en el país y garantizar que en el caso de los defensores de derechos humanos queden atrás acciones de “hostigamiento, desprestigio, vigilancia, robo de información, judicialización indebida, amenaza de muerte e incluso asesinato y desaparición forzada” de las que actualmente son víctimas.
Fuente: Animal Político
