En 2017, el año más violento en la historia reciente de México, se registró un asesinato cada 18 minutos, y de los más de 29 mil homicidios dolosos reconocidos por las autoridades, uno de cada cuatro ocurrió en Guerrero, Estado de México y Baja California, según el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Con base en esas cifras, la organización criticó al gobierno de Enrique Peña Nieto y particularmente a “esos funcionarios que salieron hace cinco años a auto aplaudirse por los descensos (en delitos de alto impacto…) y hoy no rinden cuentas, apenas reconocen tímidamente los aumentos y eventualmente descargan responsabilidades”.
Retomando los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), recalcó que la mayoría de los delitos de alto impacto se incrementaron en la mayor parte de las entidades federativas: en comparación con 2016 –puntualizó–, el número de homicidios dolosos se disparó 22%, robo con violencia 34% y robo a negocio 27%.
“El cambio es radical en términos de las declaraciones (de los funcionarios), cuando por ejemplo en 2014 afirmaban que la disminución de la incidencia delictiva era resultado de la política de seguridad del gobierno de la República, lo cual nos invita a cuestionarnos: ¿De quién es la responsabilidad de los aumentos de las actividades delincuenciales del recién concluido 2017?”, preguntó el ONC.
Y recordó que el pasado 21 de diciembre Peña Nieto promulgó la polémica Ley de Seguridad Interior, que además de representar un “retroceso para la democracia en nuestro país”, fue aprobada “al vapor” y sin consideraciones a las advertencias de las organizaciones de la sociedad civil.
Para solucionar la crisis, la organización urgió el gobierno federal a profesionalizar a las autoridades mediante un “servicio (real) de carrera”, mejorar el gasto en seguridad y justicia, y poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción.
“La corrupción se ha convertido en una especie de enfermedad terminal de la vida pública y privada de nuestro país, principalmente porque debilita a las instituciones, al tejido y bienestar social, obstaculiza la justicia y frena el crecimiento, mientras que la impunidad se ha convertido en la regla en lugar de la excepción. Por tanto, resulta primordial redoblar esfuerzos para que se combatan estos fenómenos, pues son los principales factores que limitan nuestro potencial de desarrollo”, sostuvo.
También exigió combatir la estructura financiera de los grupos delincuenciales –una materia en la que el gobierno está muy deficiente–, dificultar la reventa de productos robados, invertir en educación y “no politizar bajo ninguna excusa la seguridad y la justicia”, entre otros puntos.
Fuente: Apro
