Por la falta de resultados en el caso Ayotzinapa, por omisiones e irregularidades de funcionarios en la pasada Administración, la Fiscalía de General de la República (FGR) inició las diligencias para responsabilizar a quien incumplió con sus obligaciones.
La Fiscalía de Ayotzinapa, como parte de la Fiscalía General de la República (FGR) “presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar” a los funcionarios que teniendo participación en la indagatoria iniciada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse”.
Lo anterior, explicó la FGR, al margen de la sentencia emitida el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado en la cual se ordenó la reposición “del procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados”.
De igual manera en la sentencia se ordenó la creación de “una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos”.
Con respecto a este caso ya han sido liberados, además de uno de los líderes del Cártel de Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, Gildardo López Astudillo, El Gil, 13 policías municipales de Iguala, y existe la posibilidad de que otros 50 sean dejados en libertad, debido a violaciones a derechos humanos durante la investigación.
En la información dada a conocer por la FGR no se explica si ya se otorgó libertad a los otros agentes municipales de los ayuntamiento de Huitzuco y Cocula, acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, sin embargo, expuso:
“El nuevo fiscal independiente y autónomo, con su equipo de trabajo y con el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos de esta institución, ha venido tratando de obtener toda la información de todos los procesos y de las gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, hasta que el juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul”.
Ante esto, “la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón de que cada una de los investigados tiene que dar su anuencia y a dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR y se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos; a todo lo anterior el juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados”.
Fuente: La Jornada/ Reforma
