La lucha jurídica por la Ley de la Industria Elétrica que sostienen el goberno federal y los productores privados de energía, tendrá consecuencias de gran alcance. Sobre todo están en juego los negocios que la trasnacional Iberdrola y la familia del empresarios Claudio X. González montaron al amparo de las modificaciones legales del sexenio salinistaqs, y por parte del gobierno, la posibilidad de liberar a la Comisión Federal de Electricidad de una obligación onerosa.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
En caso de prevalecer la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que diversas firmas pretenden tumbar mediante un sinfín de amparos, resultarán severamente afectados sobre todo dos emporios: el gigante español Iberdrola y la familia del magnate Claudio X. González.
Hace poco más de un año, el 6 de febrero de 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) fortaleció a esos dos “agentes económicos” al permitir que realizaran una “concentración”, es decir, se unieran para generar energía.
Iberdrola tiene en su haber decenas de permisos para generar energía, transportar gas y proveer de hidrocarburos a la población; mientras que la mencionada familia, a través del emporio Kimberly Clark y en especial de Guillermo de Jesús González Guajardo —hermano de Claudio X.—, acumula ocho permisos en el mismo rubro.
Pero ninguno es tan provechoso como el que obtuvieron en 2020, cuando la Cofece avaló la unión entre Iberdrola y las empresas de Guillermo González Guajardo para manejar todas las obras que conlleva el gasoducto Tamazunchale, en San Luis Potosí.
Un integrante del clan González Guajardo tiene los permisos de generación de energía; otro, de transporte de gas; otro posee los terrenos, y así desde el año pasado esa familia es la gran ganadora de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprarle energía por 25 años. Éstos son parte de los 33 permisos de energía que la CFE empezó a revisar desde 2019.
Claudio X. González ha criticado y cuestionado duramente las decisiones presidenciales. El pasado 19 de marzo, López Obrador deslizó, sin dar detalles, nombres de grandes permisionarios de energía que exprimen a la CFE por el tipo del contratos firmados. Entre ellos mencionó a la familia de Claudio X. González, Bimbo, Walmart e Iberdrola.
Acumulación y abundancia
Kimberly Clark, el emporio de la familia González Laporte y González Guajardo, ha estado cerca de los últimos gobiernos priistas y panistas.
Claudio González Laporte, padre del clan, fue asesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que impulsó las reformas a la Ley del Sistema Eléctrico y abrió la puerta a los llamados “productores independientes”, es decir, generadores de energía privados.
Éstos mantuvieron su esquema hasta la reforma energética de Peña Nieto en 2013. En el camino, la empresa que encabeza González Laporte, Kimberly Clark, logró cinco contratos de parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo autónomo encargado de otorgar el aval en materia de energía, gas e hidrocarburos.
Su hijo, Guillermo González Guajardo, fue el encargado de formar el entramado energético más allá de Kimberly Clark
El 5 y 12 de septiembre de 2013 logró que la CRE le autorizara dos permisos para lo que sería una prometedora planta hidroeléctrica: El Naranjal. Los permisos, promovidos para “autoabastecimiento de energía eléctrica”, tuvieron a un peculiar socio: Joseph María Córdoba Montoya, el oscuro asesor del presidente Carlos Salinas de Gortari.
Los permisos
El permiso E/1021/AUT/2013 fue otorgado a Hidroeléctrica Naranjal 2 S.A.P.I. de C.V., para generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento para los socios. Además de Córdoba Montoya figura el propio Guillermo Jesús González Guajardo, de 56 años, y la empresa Kimberly Clark mediante una de sus filiales, Crisoba Industrial.
Su objetivo, según consta en el permiso, era ampliar la lista de socios, es decir, vender energía a Banco Nacional de México, Tiendas Chedraui, Industrias Peñoles y Home Depot México.
La hidroeléctrica empezaría a operar en enero de 2016. Y como establecía la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica creada por Salinas de Gortari, vendería sus “excedentes de producción” a la CFE. López Obrador se ha referido a esos contratos como de “simulación”, porque las empresas generaban muchos excedentes para vendérselos a la CFE.
El permiso E/1024/AUT/2013, otorgado a Hidroeléctrica Naranjal 2 S.A.P.I. de C.V., tenía a los mismos socios, la misma cantidad de megawatts a generar y el compromiso de que la CFE compraría los excedentes.
Inicio incierto
No obstante la hidroeléctrica El Naranjal, ubicada en Amatlán de los Reyes, Veracruz, enfrentó tropiezos desde su inicio. Tras la muerte del ambientalista Noé Salomón Vázquez Ortiz el mismo año, la población y organizaciones civiles se opusieron a la planta.
Finalmente la CRE revocó ambos permisos, por lo que la familia González Guajardo quedó fuera de ese negocio, que Guillermo Jesús venía fraguando desde tiempo atrás, ya que el 12 de enero de 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, recibió el visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según documentos en poder de este semanario.
Discreto, el hermano de Claudio X. González promovió como “gerente único” a El Naranjal a través de la empresa Agroetanol de Veracruz, aunque inicialmente, en 2009, el agente gestor fue Protama, S.A. de C.V. Creó diversas empresas, pero al final los permisos le fueron revocados por la CRE.
En otro documento, del que Proceso también tiene copia, Guillermo González dejó constancia de que tenía otra compañía: Hidrorizaba, S.A. de C.V. Pero en una convocatoria a asamblea de ésta, fechada el 21 de mayo de 2015, que realizó él como administrador único, indicó que Hidrorizaba “aumentaba su capital social… en favor de Protama S.A. de C.V”.
Es decir, la empresa que inició el trámite para la hidroeléctrica El Naranjal y que González Guajardo “pidió” que no quedara constancia de ello, es la misma que se financió con parte de Hidrorizaba.
Una vez revocado el permiso de El Naranjal, los González Guajardo no se quedaron de brazos cruzados. Usaron esa empresa para asociarse con un viejo conocido con quien ya habían hecho negocios: Iberdrola.
Aprobación inusitada
Imparables y antes de que López Obrador emitiera su nueva Ley de Energía Eléctrica, Guillermo González e Iberdrola acudieron el 4 de diciembre de 2019 a la Cofece para que les autorizara unirse para este negocio energético. De acuerdo con el expediente CNT-136-2019 que se abrió en la Cofece, el 6 de febrero de 2020 el órgano autónomo les dio luz verde.
La Cofece “tiene a su cargo la prevención de concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia”. Ambas empresas informaron al órgano “su intención de realizar una concentración”.
Según el documento de la Cofece, los “agentes económicos involucrados” Iberdrola Generación México, Iberdrola Energía Tamazunchale, Tamazunchale Energía, Protama y Guillermo Jesús González Guajardo decidieron unirse.
Iberdrola adquirió un porcentaje de Tamazunchale Energía, filial de Protama (propiedad de González Guajardo); posteriormente Tamazunchale Energía —con Iberdrola como accionista— compró terrenos e inmuebles de Protama.
De prevalecer la nueva Ley de Energía de López Obrador, echaría por la borda la venta segura de energía a la CFE por 25 años que da tantas ganancias a Iberdrola y a la familia González Guajardo.
Aunque la Cofece autorizó su concentración apenas el año pasado, la relación entre ambos viene de mucho antes. Entre los permisos de la CRE entregados a Kimbertly Clark está el G/090/TUP/2000, del año 2000, con vigencia de 30 años, y es para transportar gas natural de Reynosa a Torreón y de Monterrey a Torreón, para surtir a la planta Kimberly ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila.
Fue precisamente Iberdrola la encargada de instalar la planta de cogeneración energética. La página en internet de la empresa destaca que la capacidad es de 52 megawatts, que su operación inició en 2016 y que “fue la primera planta que fue construida para suministrar de energía y vapor a la empresa Kimberly Clark México”.
Uno más, el PL/12125/ex/esa/2015, está destinado a la venta de diésel en autoconsumo y es por 30 años; en tanto que el LP/17348/exp/es/2016, también por 30 años, es para expender al público gas licuado de petróleo mediante estación de servicio con fines específicos en Tepotzotlán, Estado de México.
Finalmente Kimberly Clark tiene el permiso P/22326/exp/aut/2019, expedido por la CRE en la administración de López Obrador, para el expendio de gas de autoconsumo. Después de eso, los integrantes del órgano autónomo fueron sustituidos, ya fuera porque renunciaron o bien concluyó el periodo para el que fueron designados.
Fuente: Proceso
