La Red de Organismos Defensores de Derechos Humanos reportó que en la presente administración gubernamental hay un registro de 13 dirigentes sociales asesinados en Guerrero, hasta el momento ningún caso se ha esclarecido.
Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la RED lamentó la forma en que la mañana del domingo 10 de noviembre fue asesinado en su casa, el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) Luis Olivares Enriquez (en la foto), en un hecho que también costó la vida a su esposa Lilia Gatica Rómulo.
El doble asesinato se desarrolló en la colonia Fuerte Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez, él leía el periódico tranquilamente, mientras la mujer preparaba el desayuno, aproximadamente a las 08:30 de la mañana.
Una semana antes, el primo de Luis, David Romero Téllez, de 64 años fue asesinado a balazos y junto a su cuerpo se dejó una cartulina firmada por un grupo denominado como La santa Muerte, relacionado con actividades del crimen organizado.
En la cartulina se amenazaba de muerte a Olivares Enríquez.
Manuel Olivares recordó que en junio pasado fueron asesinados en Iguala tres dirigentes de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Martínez, en tanto que cinco activistas de la organización tuvieron que huir del lugar.
En agosto pasado fue asesinado Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), también en Coyuca de Benítez y un sobrino que lo acompañaba.
En Atoyac, también en la Costa Grande se registro el asesinato de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCCS), organización a la que pertenecían los 17 campesinos abatidos el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas.
En noviembre de 2012 fue desaparecido y luego encontrado Francisco Piedragil Ayala, dirigente de cafetaleros en la Costa Grande y en diciembre de 2011 desaparecieron los campesinos ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, cuando trataban de salir de Petatlán y llegar hasta Chilpancingo.
En noviembre de 2012 fue asesinada la campesina ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Mojica, justo cuando se alistaban para encabezar el éxodo de un entender de familias que salieron de la sierra por amenazas de la delincuencia organizada.
Hasta el momento, ninguno de los crímenes cometidos en contra de luchadores sociales se ha esclarecido.
Manuel Olivares reconoció que como defensores de derechos humanos tienen miedo de desempeñar su labor, ya que se presume la existencia de una línea federal por desmantelar a todo el movimiento social de Guerrero.
Fuente: Milenio
