Por Servando Pineda Jaimes*
El desencanto de la ciudadanía con la democracia en nuestro país, en gran parte es responsabilidad de los partidos políticos. Sabido es que en cualquier encuesta que se realiza respecto a la confianza hacia sus instituciones en México, los partidos políticos siempre salen reprobados. ¡Hasta a la Policía se le tiene más confianza!, y mire que ya es mucho decir.
No conformes con eso, nuestros diputados federales intentaron asestar un golpe a la democracia, al reformar, en lo oscurito y en comisiones, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde dejaban fuera de esta obligación justamente a los partidos políticos y a los sindicatos. De tal manera que ni éstos, ni aquéllos estarían en la tesitura de rendir cuentas de los millonarios recursos que les asigna el Estado mexicano para financiar sus campañas, sus operaciones y cuanta cosa se les ocurra.
Al albazo legislativo que pretendían dar los diputados, salieron al paso los senadores de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD, quienes denunciaron el hecho y anunciaron que “reventarían” esta reforma una vez que llegara al Senado, si es que antes no era reformada esta intentona oscurantista.
Gracias a la oposición de los senadores, el pleno de la Cámara de Diputados se opuso a esta tentativa de cerrar el paso a la transparencia y decidieron realizar un “addendum” a la propuesta hecha por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para de esta manera superar el diferendo y que pudiera ser aprobada en el pleno.
Así, con 418 votos a favor, 25 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas constitucionales en materia de transparencia y rendición de cuentas para obligar a los partidos políticos y sindicatos a que revelen sus gastos, tal y como debe ser al tratarse de organismos de interés público.
De paso, el pleno realizó un hecho de trascendental importancia para la vida democrática de nuestro país, al otorgarle autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y darle a sus resoluciones el carácter de inatacables, salvo por causas de seguridad nacional.
En la propuesta inicial de los diputados, se exentaba de esta disposición –es decir, la inatacabilidad de sus fallos- a la PGR, a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Banco de México. Aunque queda abierta aún la puerta para que estos organismos y dependencias puedan impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los fallos del IFAI con el argumento de la “seguridad nacional”, es previsible que este punto lo aclare y lo precise y eventualmente lo eche abajo el Senado de la República. De cualquier manera, es pues, un gran avance y un golpe a quienes intentaban regresar al pasado en materia de transparencia.
Con ello, se dio marcha atrás al deseo de ocultar los gastos de partidos y sindicatos, y ahora todos deberán rendir cuentas: los poderes de la Unión; los organismos autónomos; los fideicomisos, los fondos públicos; fideicomisos privados y hasta las persona físicas y morales que reciban dinero público.
En ese sentido, ojalá el Senado no sólo avale esta reforma, sino que además la endurezca donde sea necesario o la abra lo suficiente donde se requiera, a fin de que en nuestro país no haya ente que maneje dinero público que no rinda cuentas al pueblo sobre la utilización de esos recursos. Sobre todo los partidos políticos y los sindicatos, entidades a las cuales se canalizan millonarios capitales sin que sepamos nosotros como ciudadanos, el destino que se hace de ellos.
Nada más para darnos una idea de lo que estamos hablando, para este 2013 el presupuesto que ejercerá el Instituto Federal Electoral es del orden de los 11 mil 98 millones 800 mil pesos. De esa cantidad, 66 por ciento, es decir, 7 mil 277 millones de pesos, están destinados para gastos de operación del Instituto, y el restante 34 por ciento (3 mil 742 millones 815 mil, 769 pesos con 34 centavos), para el financiamiento de los partidos políticos.
De acuerdo con el presupuesto aprobado, el grueso de esos recursos, 3 mil 563 millones 925 mil 973 pesos con 66 centavos, equivalentes al 95.2 por ciento del total, están etiquetadas para las actividades ordinarias de los partidos.
Un 2.9 por ciento del total (106 millones 917 mil 779 pesos con 21 centavos), será para actividades específicas como educación, capacitación política, investigación socioeconómica y política, y tareas editoriales.
El 1.9 por ciento restante, (71 millones 278 mil 519 pesos con 47 centavos), va para franquicias postales de los partidos, y 693 mil 497 pesos para franquicias telegráficas.
De acuerdo con las fórmulas establecidas tanto en la Constitución (artículo 41), como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe, artículo 78), los partidos políticos tienen asignado para este año para sus actividades ordinarias permanentes, una montaña de dinero:
PRI: 991 millones 526 mil 978 pesos con 13 centavos.
PAN: 832 millones 796 mil 092 pesos con 85 centavos.
PRD: 634 millones 867 mil 508 pesos con 95 centavos.
PVEM: 313 millones 466 mil 657 pesos con 34 centavos.
PT: 273 millones 435 mil 553 pesos con 55 centavos.
MC. 257 millones 955 mil 880 pesos con 56 centavos.[1]
Y en el caso de los sindicatos como el petrolero, la cosa es para indignar a cualquiera. Derivado del recién firmado contrato colectivo de trabajo el pasado 29 de julio, el Estado mexicano deberá pagar anualmente a la gente de Carlos Romero Deschamps y sus compinches, 129 millones 516 mil pesos, más 20 millones 236 mil pesos de “apoyo” para los festejos de la “expropiación petrolera”; dos millones 842 mil 268 pesos más para los “gastos de viaje” de los miembros del CEN, amén de que Petróleos Mexicanos deberá pagar los viajes y gastos de todos los líderes sindicales y su séquito de asesores y achichincles donde quiera que se les ocurra realizar una reunión sindical.[2]
Con tantas y tantas canonjías, aun así, partidos y sindicatos que reciben dinero público, ¿no quieren rendir cuentas?
Eso, en un país con 57 millones 123 mil pobres oficialmente,[3] es simplemente una gran desvergüenza.
* Servando Pineda Jaimes. Periodista, escritor, ensayista y catedrático de la UACJ. Miembro del equipo de Hilo Directo
