Por Lucía Lagunes Huerta*
En dos días se cumplirán dos meses del asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez Pérez, y lo que hasta hoy se tiene además de la impunidad, es una artimaña sexista para desviar la investigación hacia un asunto de violencia de pareja.
El pasado 30 de mayo compartía con ustedes en este mismo espacio la filtración desde la Procuraduría estatal, para desviar la investigación a lo que la autoridad califica como un “crimen pasional”.
A 48 horas del aniversario luctuoso de la corresponsal de la revista Proceso, nuevamente se intenta colocar en la agenda pública esta hipótesis sexista y misógina.
Los indicios que justifican que la autoridad desestime la labor periodística de Regina Martínez Pérez como línea de investigación del asesinato y lo coloque en el terreno de lo personal, es una prueba pericial que se desprende de la autopsia practicada al cuerpo de la reportera, en la que según una fuente anónima revela la marca de una mordida en el cuello de la víctima.
Con ello se quiere minimizar la trascendencia política que provocó el asesinato de la periodista.
Regina está viviendo el prejuicio sexista de las autoridades: a las mujeres las matan por pasión, por amor o porque ellas se lo buscan.
Así lo dijo el hoy embajador de México en Canadá, Francisco Barrio, cuando fue gobernador de Chihuahua ante los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Así lo dijeron las autoridades capitalinas cuando el asesinato de la abogada defensora de Derechos Humanos Digna Ochoa; así lo han dicho con otras periodistas tanto de Veracruz como de otras entidades.
De acuerdo con la investigación ministerial 363/2012, radicada en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público, con esta prueba pericial –la mordida en el cuello– se estableció que se trató de un crimen pasional o de motivaciones personales.
Además señala que el cuerpo de Regina contaba con varias costillas fracturadas y la mandíbula dislocada, y remata que no se confirma si el homicida es hombre o mujer, todo ello para colocar la duda en su vida personal.
Llama la atención y levanta una gran sospecha, además de indignación, la insistencia de la autoridad veracruzana por bajar el nivel político y trascendental del asesinato de esta periodista, quien es reconocida por su profesionalismo, independencia y rigor periodístico.
Qué elementos tienen las autoridades veracruzanas para demeritar su trabajo profesional como móvil del homicidio, es la pregunta. Si con el manto de la sospecha quieren librarse de la responsabilidad que tiene el estado en el homicidio de Regina Martínez Pérez y de otros nueve periodistas asesinados, entre ellos Yolanda Ordaz de la Cruz, no hay forma.
Porque en 15 meses la situación contra quienes ejercen el periodismo en Veracruz llevó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a visitar la entidad, ante la impunidad que permea la violencia contra periodistas, además de por lo menos una decena de expresiones de preocupación y demanda de protección a quienes ejercen el periodismo de organismos de Derechos Humanos internacionales y nacionales.
Ya lo decían los directivos de la revista Proceso tras el asesinato de su corresponsal Regina Martínez Pérez: no le creemos a la autoridad; yo agrego: las y los periodistas tampoco.
Twitter: @lagunes28
*Directora general de CIMAC.
