En los últimos meses, el alcance de la vigilancia masiva se ha convertido en un hecho bien conocido. Con unos cuantos clics, el Estado puede acceder a nuestros dispositivos móviles, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y nuestras búsquedas en Internet. Puede seguir la pista de nuestras inclinaciones y actividades políticas y, en colaboración con empresas proveedoras de Internet, puede reunir y almacenar todos nuestros datos y, por tanto, predecir nuestras pautas de consumo y nuestro comportamiento.
El pilar básico de la democracia es la integridad inviolable del individuo. La integridad humana no se limita al cuerpo como un ente físico. Todos los seres humanos tienen derecho a no ser observados ni molestados en sus pensamientos, sus entornos personales y sus comunicaciones.
Este derecho humano fundamental ha quedado anulado y vaciado de contenido por culpa del mal uso de los avances tecnológicos que hacen los Estados y las empresas que llevan a cabo programas masivos de vigilancia.
Una persona vigilada deja de ser libre; una sociedad vigilada deja de ser una democracia. Si queremos que nuestros derechos democráticos sigan teniendo validez, es necesario que se respeten en el espacio virtual además del espacio físico.
– La vigilancia viola la esfera privada y pone en peligro la libertad de pensamiento y de opinión.
– La vigilancia masiva trata a todos los ciudadanos como posibles sospechosos. Anula uno de nuestros triunfos históricos, la presunción de inocencia.
– La vigilancia vuelve transparente al individuo, mientras que el Estado y las empresas actúan en secreto. Como hemos visto, este es un poder del que se abusa sistemáticamente.
– La vigilancia es un robo. Estos datos no son de propiedad pública; nos pertenecen a nosotros. Cuando se utilizan para predecir nuestro comportamiento, nos están robando algo más: el principio del libre albedrío, parte esencial de la libertad democrática.
– Exigimos el derecho a que cada ciudadano decida cuáles de sus datos personales pueden —a falta de un procedimiento legal legítimo— reunirse, almacenarse y procesarse, y quién puede hacerlo; a que pueda informarse sobre dónde se almacenan y cómo se emplean sus datos; a lograr que se borren sus datos si se han obtenido y almacenado ilegalmente.
– Exigimos a todos los Estados y empresas que respeten estos derechos.
– Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que se levanten a defender estos derechos.
– Hacemos un llamamiento a Naciones Unidas para que reconozca la vital importancia que tiene la protección de los derechos civiles en la era digital y cree una Carta Internacional de Derechos Digitales.
– Hacemos un llamamiento a los Gobiernos para que se adhieran a ese convenio.
El manifiesto lo firman 562 escritores e intelectuales de 82 países, bajo el nombre Escritores contra la vigilancia masiva, para protestar contra el espionaje por parte de empresas y Estados a los ciudadanos en la Red.
El escrito comenzó a circular el martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en los principales medios de comunicación de los países respectivos. El texto pide a la ONU la creación de una Carta Internacional de Derechos Digitales.
Entre los firmantes se encuentran cinco premios nobel de literatura: el turco Orhan Pamuk (2006), el sudafricano J. M. Coetzee (2003), la austriaca Elfriede Jelinek (2004), el alemán Günter Grass (1999) y el sueco Tomas Tranströmer (2011).
Además, la lista la componen otros escritores como el novelista Martin Amis (Inglaterra), Kazuo Ishiguro (Japón, pero afincado desde los seis años en Inglaterra), Ian McEwan (Inglaterra), John Berger (Inglaterra), Richard Ford (Estados Unidos), Dave Eggers (Estados Unidos) o los poetas Ranjit Hoskoté (India) y John Ashbery (Estados Unidos) entre otros.
Los firmantes por parte de España son: Juan Goytisolo, Ricardo Bada, Javier Cercas, Rafael Chirbes, Rosa Montero, Julio Llamazares, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina y Javier Salinas.
