Después de la noche trágica de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, la comunidad guerrerense de Carrizalillo se vio inundada de presuntos sicarios de Guerreros Unidos, quienes se escondían junto con una mujer a la que después los lugareños identificaron como María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde igualteco José Luis Abarca. Habitantes del lugar van más lejos y afirman que ahí, en el municipio de Eduardo Neri, hay fosas clandestinas que podrían contener los restos de los normalistas de Ayotzinapa.
Por Ezequiel Flores Contreras/ Proceso
Carrizalillo, Guerrero. Habitantes de este pueblo confirman que fue usado como guarida del grupo delictivo Guerreros Unidos tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre del año pasado; incluso aseguran que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, estuvo refugiada aquí la primera quincena de octubre de 2014.
Añaden que en las cercanías podrían estar los cuerpos de los normalistas desaparecidos.
“Era una mujer elegante, que cubría su rostro con velo, sacaba mucho dinero del cajero automático de la minera y siempre iba resguardada por sicarios que se desplazaban en cuatro camionetas. Cuando fue detenida y exhibida en la televisión, la gente dijo: ‘¡Miren!, esa señora es la que estuvo aquí’”, cuenta a Proceso el comisario municipal Nelson Figueroa.
Carrizalillo está enclavado en la parte serrana del municipio de Eduardo Neri, en las inmediaciones de la veta de oro más grande del país, explotada por la minera canadiense Goldcorp, en el llamado “cinturón de oro” de la ribera del Balsas.
Durante años ha padecido los efectos de la depredación empresarial y la confrontación entre sicarios al servicio de las bandas Los Rojos y Guerreros Unidos, que buscan el control de la ruta de trasiego de drogas y las millonarias ganancias por el cobro de piso a Goldcorp.
La bonanza de la minera contrasta con la pobreza y marginación de los habitantes de Carrizalillo, lugar sin servicios públicos, de calles sinuosas y mal pavimentadas, donde una decena de casas, abandonadas y con marcas de metralla, refleja el abandono gubernamental.
PROPONEN DIÁLOGO CON NARCOS
El lunes 2, los cuatro obispos católicos de la entidad llamaron al gobierno a “dialogar” con la delincuencia para revertir la grave situación de inseguridad y violencia que se vive en Guerrero.
En el documento “Compromiso por Guerrero y con la Paz”, Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco; Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo-Chilapa; Maximino Martínez Miranda, de Ciudad Altamirano; y Dagoberto Sosa Arriaga, de Tlapa, afirman que el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores se inicia “en medio de una profunda crisis social, política, económica y en materia de derechos humanos”.
Tales declaraciones de los prelados ocurrieron luego de que el pasado 28 de octubre, pobladores de Carrizalillo retuvieron más de 10 horas a nueve agentes federales y a un civil identificado como Modesto Onofre Peña Celso, presunto miembro de Guerreros Unidos, quienes pretendían llevarse por la fuerza al comisario ejidal Ricardo López.
Según los pobladores de Carrizalillo, durante la retención de los federales y de Peña, éste habría confesado que en varios cerros de las inmediaciones hay fosas clandestinas que fueron utilizadas por Guerreros Unidos para desaparecer a sus víctimas. Incluso hablaron de una fosa con más de 60 cadáveres cerca de la mina.
Según los vecinos de Carrizalillo, los policías federales se confabularon con Guerreros Unidos para detener al comisario ejidal Ricardo López García, quien maneja los recursos que entrega la minera a los ejidatarios por concepto de renta de sus tierras.
TRAS ROMPER EL MIEDO
Tres días después del incidente del 28 de octubre, los pobladores de Carrizalillo decidieron hablar y confirmaron que al menos un centenar de sicarios de Guerreros Unidos se refugió en ese poblado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de quienes aseguraron que fueron trasladados a esta comunidad.
Incluso el comisario ejidal, Ricardo López, y el comisario municipal, Nelson Figueroa, llamaron a los padres de los 43 estudiantes para que vayan a Carrizalillo y busquen ahí a sus hijos.
López y Figueroa declararon públicamente que tenían indicios de que los normalistas habrían sido trasladados a ese lugar, luego de la cacería desatada en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado.
Señalaron que en las primeras horas de ese 27 de septiembre, al menos 30 hombres armados procedentes de Iguala llegaron a Carrizalillo a bordo de varias camionetas. Afirmaron que se trataba de miembros de la banda Los Peques, señalada como brazo armado de Guerreros Unidos, y que habrían sido protegidos por la familia Peña Celso.
De acuerdo con los denunciantes, en esa ocasión fueron llevadas al lugar varias retroexcavadoras, y una gran cantidad de arena destinada a una obra pública “simplemente desapareció”.
Nelson Figueroa afirma que decidieron hablar ahora del caso Ayotzinapa porque ya se fueron los operadores de Guerreros Unidos, quienes mantenían un férreo control en la zona minera, bajo el manto protector de autoridades estatales, federales y soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
Durante un recorrido que Proceso realizó por Carrizalillo, Figueroa afirma que tras el ataque de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa estuvo refugiada en este lugar durante la primera quincena de octubre de 2014.
AL SERVICIO DE NARCOS
Cerca del 15 de octubre la mujer se fue. El 21 del mismo mes la PF realizó un operativo —que incluyó numerosas patrullas y tres helicópteros— en el poblado. El resultado de esta acción fue la captura de sólo tres sicarios; los demás lograron escapar.
De esta forma, los habitantes de Carrizalillo y otros poblados como Amatitlán y Mezcala, se sacudieron parcialmente el yugo impuesto por Guerreros Unidos.
Pero cuando intentaron denunciar, notaron que militares y policías federales seguían al servicio de los operadores de Guerreros Unidos, afirma Figueroa, quien agrega que no hay indicios de que José Luis Abarca haya estado en Carrizalillo con su esposa.
El comisario dice que desde el 1 de junio de 2014 Guerreros Unidos, con apoyo de los integrantes de la familia Peña, habían desplazado a una célula de Los Rojos que tenía el control de la zona.
Y pese a que el control férreo de Guerreros Unidos se diluyó, el asedio de la delincuencia se mantiene, por las ganancias generadas por la renta de tierras a Goldcorp.
En Carrizalillo, un pequeño grupo de ejidatarios es beneficiado por la renta de sus tierras a la minera, dinero que era arrebatado por los operadores de Guerreros Unidos, indica. Refiere que una vez los líderes del grupo criminal exigieron a los ejidatarios que aportaran dinero para formar una guardia comunitaria; se reunió una bolsa de 800 mil pesos, que se le quedó al jefe del grupo, identificado sólo como “El 9”, quien daba órdenes incluso a los soldados del 27 Batallón de Infantería, que permanecieron unos meses en Carrizalillo.
Luego de la retención de federales y la declaración sobre la existencia de fosas en Carrizalillo, agentes de la PGR llegaron al poblado y ya han localizado cinco cuerpos, al parecer tres mujeres y dos hombres.
(Reportaje que se publica en la revista Proceso 2036, ya en circulación)
