Ejidatarios y mineros mexicanos han demandado a la empresa minera Excellon de México que desde 2008 opera en Durango por violar los derechos humanos de los trabajadores y de los habitantes de La Sierrita de Galeana
La explotación de los recursos naturales es un tema que está en controversia actualmente por la Reforma Energética y sus leyes secundarias, esta situación también ha sido llevada a otros niveles como el tema de la explotación de las minas en el país.
A la par de este hecho, se ha señalado a una empresa minera, Excellon de México S. A. de C. V. filial de la canadiense Excellon Resources Inc; como una empresa que viola los derechos humanos de los trabajadores y de los habitantes de La Sierrita de Galeana, en el estado de Durango.
Esta situación ha sido denunciada por los ejidatarios de la zona en unión a los mineros encargados de explotar la zona, ya que desde 2008, año en que se empezó a explotar la mina, se reunieron los trabajadores, habitantes y empresa, para firmar un contrato que tendría beneficios para todas las partes.
Este contrato dejó acuerdos de los que resaltan; pago de renta, fondo social, becas escolares, trabajos de exploración en tierras de uso común o parcelas acordadas y la construcción de una planta tratadora de agua, de los cuales no se han cumplido a cabalidad y se ha caído en excesos y en abusos de parte de la empresa minera.
Sin embargo, la organización de los empleados y habitantes se apoyó con la organización no gubernamental, “Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales” (ProDESC), con la cual ha realizado el documento de demanda donde se han señalado los incumplimientos de los acuerdos y presentaran ante una audiencia con el Tribunal Permanente de los Pueblos en el área de impactos socioambientales de mineras canadienses en América Latina, el caso de la mina en La Sierrita de Galeana.
El caso está en proceso de obtener una resolución final y como posible resultado se daría el regreso de las tierras a los ejidatarios a partir de que se determine que la empresa no realizó los acuerdos y seria con la rescisión del contrato firmado con los trabajadores de la minera la forma de otorgar de nueva cuenta la zona a los habitantes.
Con esto, ProDESC señala que a partir de los incumplimientos de la empresa, el Estado también es parte de que los acuerdos no se hayan cumplido, ya que es su obligación el proteger el derecho de los trabajadores y habitantes exigir mejores condiciones de trabajo y el respeto a las zonas que se acordaron para explotar.
El caso podría tener la resolución este fin de semana y se espera que sean los ejidatarios y trabajadores los que salgan beneficiados, ya que las pruebas que se tienen sobre el incumplimiento de los acuerdos los dejan en la posición correcta para obtener el triunfo en la demanda interpuesta y así se den realmente beneficios sociales importantes para los pobladores del ejido.
Fuente: Revolución 3.0
