En la que podría ser la última ronda de negociaciones del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), México acuerpa la propuesta estadunidense de otorgar al menos ocho años para la protección de las patentes farmacéuticas, en detrimento de la industria genérica y de millones de personas que padecen enfermedades graves y crónicas.
Por Emilio Godoy
Fuentes cercanas a las tratativas señalaron a Apro que el gobierno de Enrique Peña Nieto accedió a defender la postura estadunidense a cambio de concesiones para el sector automotriz, de los pocos beneficiarios de las políticas de libre comercio aplicadas desde los noventa.
Estados Unidos ha pujado por un periodo de protección de 12 años para las drogas biológicas, fundamentales para el tratamiento de padecimientos como el cáncer y otros males degenerativos.
La concesión al monopolio farmacéutico va aparejada de la defensa de los intereses de las armadoras automotrices. En ese sentido, México negociaba un techo de 45% para el contenido regional de los vehículos ensamblados en territorio nacional.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 entre Canadá, EU y México, estipula un promedio de 60% de insumos del bloque en la fabricación de autos ligeros y 62.5% en otras autopartes.
Japón es el mayor interesado en bajar esa tasa para poder traer más libremente piezas desde Asia.
El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, participante en las negociaciones, dijo a la agencia de noticias Reuters que “hemos avanzado mucho en el asunto de los autos, pero aún están pendientes un par de áreas en las que se necesita acercar posiciones (…) estamos listos. Lo que necesitamos es que todo encaje al mismo tiempo”.
El TPP entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego y están negociando su incorporación: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam.
Australia, Chile, Perú, Nueva Zelandia y Brunei abogan por un lapso de cinco años para la protección de patentes. De hecho, Perú modificó su postura para empujar el cierre de las negociaciones.
Peter Maybarduk, director del Programa de Acceso Global a Medicinas de la no gubernamental Public Citizen criticó la posición mexicana. “Sería escandaloso que llevara agua al molino de Estados Unidos. Se beneficia a la industria, a expensas de la salud de las personas. La vida de la gente está en riesgo, no puede esperar ocho años para obtener medicamentos”, cuestionó el activista, cuya institución defiende los derechos de los consumidores.
Para organizaciones dedicadas a promover la salud pública, esas reglas del TPP implicarán el bloque de la competencia para la industria farmacéutica, precios más altos y limitaciones para los gobiernos en el diseño de políticas sanitarias.
En las tratativas que se escenifican en el hotel Westin Peachtree Plaza en Atlanta (Georgia) desde el 26 de septiembre y que se prolongarán hasta este sábado, los temas de acceso a mercados de lácteos, azúcar, automotores y drogas biológicas han trabado las conversaciones.
Previamente al conjunto de reuniones, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a sus homólogos Peña Nieto, Michelle Bachelet, de Chile, y Ollanta Humala, de Perú, para desatascar las negociaciones.
El texto del TPP se ha mantenido en secreto, excepto para los delegados empresariales que acompañan el proceso. De hecho, empresarios mexicanos integran el “cuarto de junto” para proteger los intereses de sus sectores.
Empero, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) divulgó el 30 de septiembre los nombres de los capítulos del borrador en razón de una demanda de acceso a la información presentada en marzo de 2012 por la estadunidense IP-Watch.
La decisión de un juez federal también incluye la divulgación de e-mails intercambiados por funcionarios de Estados Unidos y ejecutivos corporativos.
El acuerdo abarca asuntos como aduanas, textiles, inversión, telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de diferencias, asuntos laborales y ambientales.
El capítulo de propiedad intelectual también propone la exclusividad de los datos de pruebas clínicas, que impediría a los laboratorios de genéricos y biocomparables salir al mercado de inmediato una vez expirada la patente.
Para Maybarduk, una posibilidad es que los parlamentos de los asociados modifiquen cláusulas del tratado. “No es lo más deseable. Pero los congresos deben servir de contrapeso a los gobiernos. Sólo así podrían defender la capacidad de los Estados de diseñar sus propias políticas de salud pública”, argumentó.
Las patentes farmacéuticas gozan de una protección de 20 años, según el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic) adoptado en 1994, en el marco de la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Pero en 2001, la OMC reconoció que los países tienen derecho a priorizar la salud pública ante emergencias nacionales y también pueden, en tales casos, emitir licencias obligatorias incluso durante la vigencia de una patente farmacéutica.
En ese entorno está la habilidad de organizaciones no lucrativas, programas de salud y productores de genéricos que trabajan en los 48 países menos desarrollados para fabricar, importar o exportar medicinas para enfermedades mortales sin miedo a ser demandados por violación de patente.
La excepción para esas naciones fenecerá el 1 de enero próximo. Ante ello, la OMC se reunirá a mediados de octubre en Ginebra para debatir su posible prolongación, frente a la oposición de Estados Unidos.
Fuente: Proceso
