A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y como sucedió en la instalación de la 64 Legislatura, Morena hizo pase de lista de los jóvenes mientras tomaba la tribuna; en tanto, el PRI reveló -para tranquilidad de algunos- que, en acuerdo con Enrique Peña Nieto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nombrará al nuevo fiscal general de la nación, con lo que se podría dar veredicto final al caso.
Por Jesusa Cervantes
Mientras escuchaba desde las curules el grito de “¡Asesinos!”, el priista Luis Miranda reveló: “el presidente de la República, en acuerdo con el señor presidente electo, han establecido que él nombre al fiscal general de la nación. Con la mayoría de ustedes, pero, sobre todo, con el apoyo de todas las bancadas. Serán ustedes quienes elijan, será este Congreso quien elija al procurador… Está en manos de este Congreso, está en las manos del próximo fiscal encontrar la verdad”.
El morenista Víctor Adolfo Mojica Wences fue el encargado de hacer el pase de lista mientras sus compañeros se sumaron portando las fotografías de cada uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
“La noche del 26 de septiembre de 2014 quedó registrada en la historia negra de México como la Noche de Iguala. El asesinato brutal de seis ciudadanos guerrerenses, 25 heridos, de los cuales muchos de ellos quedaron incapacitados para el resto de su vida, y la desaparición de 43 estudiantes quedó registrada también en el libro rojo de la historia sangrienta de nuestro país”, dijo.
Y agregó: “se han observado omisiones, complicidades, simulaciones, ausencia de interés e incluso desprecio a la vida de sus gobernados por los responsables de las dependencias involucradas en la investigación del caso y por el mismo presidente de la República que, con fastidio, exigió a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, impropia de un Jefe de Estado, superar la tragedia”.
Los resultados de la investigación, acusó, muestran graves sospechas de colusión entre dependencias federales del Estado mexicano y los presuntos criminales, de manera oficial en la desaparición de los estudiantes.
El morenista exhortó al presidente Peña Nieto a reiniciar la investigación. Luis Miranda Nava, quien ese fatídico 2014 fungía como subsecretario de Gobernación, le tomó la palabra y reveló que ya había acuerdo entre Peña Nieto y López Obrador.
Así, transfirió la responsabilidad de encontrar la verdad en torno a la desaparición de los 43 estudiantes, al nuevo gobierno.
Pero también hizo sus aportaciones. Recordó que tres días después de la desaparición acudió a Iguala, “platiqué directamente con los involucrados y ellos señalaron a la policía municipal de Iguala como los autores del crimen”.
El priista hizo puntualizaciones: “el gobernador del estado, Ángel Aguirre, sabía perfectamente lo que sucedía entre grupos delincuenciales en la entidad. El 26 de septiembre solo fue el continuismo de una guerra por plazas y trasiegos de droga.
“Asimismo, como un lugar donde impera el caciquismo, el presidente municipal de Iguala encabezó con su policía y ésta disparó a estudiantes. Asimismo, los detuvo. Y es un hecho ineludible e incontrovertible”.
“Crimen de Estado”
Ningún otro partido respaldó al PRI en la hipótesis de que solo fue un pleito por la plaza. Por ejemplo, el PRD -que en las dos pasadas legislaturas fue un activo en las indagaciones hechas a través de las comisiones conformadas para llegar a la verdad-, dijo que, al pasar de los días, “se fue develando una circunstancia aún peor de lo que augurábamos en un inicio. Lo que creíamos era un delito cometido por la criminalidad organizada, terminó siendo el quebrantamiento del Estado de derecho que actuó contra la juventud mexicana”.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala sintetizó: la vida de nueve muchachos en el sitio del enfrentamiento y 43 más desaparecidos con la colaboración de agente policiales y la connivencia de las autoridades municipales, estatales y federales.
Quedan pendientes, añadió, la participación de la Policía Federal, el Ejército, las policías municipales y las estatales.
Y demandó la creación de una tercera comisión especial que dé seguimiento al caso Ayotzinapa.
Siguió la diputada por Movimiento Ciudadano, Kehlia Abigail Ku Escalante, quien sostuvo: “el crimen de Ayotzinapa sí es un crimen de Estado porque las instituciones de procuración y justicia han sido incapaces de esclarecer los hechos, de juzgar a los responsables directos y a las autoridades cómplices por omisión de tan lamentables hechos”.
También reveló que, mientras un tribunal federal ordenó al gobierno de Peña Nieto a crear una comisión especial de investigación o comisión de la verdad, “este gobierno federal ha interpuesto cerca de 200 recursos legales para evitar la creación de dicha comisión”.
Gerardo Fernández Noroña, diputado por el PT, fue más sensible al fijar el posicionamiento y puso a todos los legisladores a ubicarse en un duro papel: “Les pido que se pongan en los zapatos de esos padres, no creo que aguantáramos más, que te maten un hijo, una hija, debe ser una prueba durísima, terrible. Que te lo desaparezcan debe ser una tortura inaguantable, que sea una desaparición forzada”.
Y siguió: “Imaginen a esto padres que, durante cuatro años, todos los días se levantan con el dolor a cuestas exigiendo saber qué pasó con sus hijos, exigiendo que los presenten con vida. Imagínense a estos padres y a esas madres yendo a ver restos, yendo a identificar cadáveres, tocando puertas, exigiéndole al Ejército, exigiendo al gobierno, escuchando burlas, escuchando necedades”.
Fue el único legislador que llamó a la desaparición de los jóvenes por su nombre: “un crimen monstruoso, un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad”.
María del Carmen Cabrera Laguna, del PES, manifestó su incredulidad ante la verdad histórica que el gobierno peñanietista pretendió imponer: “a pocas horas de cumplirse cuatro años de este atroz acontecimiento, es inconcebible pensar que ante la magnitud de los hechos no estuvieran involucrados los mandos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la complicad con el crimen organizado”.
Luego, exigió: “que se diga quién dio la orden de disparar a sangre fría a los jóvenes esa noche que se movilizaban pacíficamente. Que se diga por qué no han regresado. Que se diga por qué no hay respuestas a las muchas interrogantes, por qué tanto silencio, por qué tanta injusticia que lacera cada minuto, cada segundo, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos que buscan sin descanso, cada día, cada minuto y cada segundo a sus hijos”.
A un par de meses de dejar de ser gobierno, los priistas lo aceptaron. “El caso Iguala no se ha cerrado. Por el contrario, hay apertura para sumar todo aquello que aporte en el objetivo central, que es castigar a todas las personas implicadas por acción o por omisión.
Fuente: Proceso
