En Arabia Saudita, China, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kuwait, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam e Indonesia, un traficante de drogas puede recibir una pena capital que va desde una inyección letal hasta un fusilamiento con los ojos vendados, en uno de los saldos más polémicos de la “guerra contra las drogas” en el mundo.
Esta última “técnica” es la preferida del presidente indonesio Joko Widodo, quien ha declarado a su país en un “estado de emergencia” por la cantidad de drogas que han llegado hasta sus calles. Apenas el 29 de julio pasado, en la cárcel de la provincia Central Java, un pelotón de policías puro contra el paredón a cuatro senteciados por delitos contra la salud y los asesinó a tiros, según la condena de un juez.
El castigo divide a los indonesios, como sucede con los chinos, malasios, tailandeses, y más: mientras el gobierno de Tailandia preparaba la pena capital para sus reos, afuera decenas de manifestantes se congregaban para pedir un alto a la pena capital por narcotráfico. Sus voces discordantes forman parte de un coro internacional que pide el cese de estas sanciones.
“Resulta descorazonador que tantos países sigan aferrándose a la falsa idea de que matando a personas conseguirán de algún modo terminar con la adicción o reducir la delincuencia.
“El uso de la pena de muerte para los delitos de drogas no es ni mucho menos el único motivo de preocupación. Shahrul Izani Suparman, por ejemplo, tenía sólo 19 años cuando fue hallado en posesión de más de 200 gr de cannabis, por lo que automáticamente se le consideró culpable de tráfico de drogas y más tarde fue condenado a una pena preceptiva de muerte en Malasia”, ha manifestado Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional (AI) sobre la pena de muerte.
Organizaciones civiles como AI y Humans Right Watch han insistido en que la pena capital en delitos relacionados con drogas es un incumplimiento al Derecho Internacional y a los tratados internacionales sobre derechos humanos.
