El gobierno de Nuevo León procedió con el embargo precautorio de 22 propiedades de 11 exfuncionarios de la pasada administración, de las cuales una es del exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, informó hoy Aldo Fasci Zuazua, asesor jurídico del estado en materia de Combate a la Corrupción.
La propiedad embargada al exmandatario es una finca campestre de 35 hectáreas que había adquirido en el municipio rural de Mina, 50 kilómetros al norte de la entidad.
El funcionario explicó que Medina vendió ya una de sus propiedades y otras dos más las cedió a familiares.
El Juez de control dispuso que los bienes inmuebles fueran embargados de manera precautoria en el estado de Nuevo León, y la fiscalía Anticorrupción que encabeza Ernesto Canales Santos busca propiedades de los procesados en otros estados para proceder a más aseguramientos, explicó Fasci en rueda de prensa.
Explicó que en los próximos días la fiscalía fijará las fechas de las audiencias para que los exfuncionarios acusados acudan obligatoriamente, de manera personal a presentar sus comparecencias.
Algunos funcionarios han establecido contacto con la procuraduría de Nuevo león, a través de sus abogados, no así Medina de la Cruz.
El viernes, Canales anunció una macroacción del gobierno Estatal denominada Operación Tornado, para proceder penalmente en contra de exfuncionarios, empresarios, banqueros, alcaldes y diputados en funciones, así como familiares y amigos de todos ellos, por haber creado una red de complicidades, encabezada por el gobernador, para provocar un desfalco al erario por 3 mil 600 millones de pesos.
Fasci dijo en esa ocasión que la fiscalía procedía ya contra Medina, pues había detectado que había comenzado a ceder propiedades a sus familiares, para evitar que la justicia se las confiscara, como comienza a ocurrir.
En respuesta, Medina de la Cruz dijo que era un perseguido político y que la acción legal en su contra era una argucia política del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para desviar el tema de la inseguridad en la entidad.
Ya fueron sancionados con 10 años de inhabilitación en la función pública y se les aplicaron embargo de propiedades a Rodolfo Gómez Acosta, exsecretario de Finanzas; Juan Francisco Livas Cantú, exdirector general del Fideicomiso para el desarrollo de la Zona Citrícola del estado; Rolando Zubirán Robert, exsecretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Marroquín Salazar, exsecretario de Obras Públicas; Ramón Villagómez Guerrero, exdirector general de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario; y Víctor Ramón Martínez Trujillo, exdirector del Sistema de Caminos de Nuevo León, a quien se le inhabilitó por 10 años y se le demandó reponer al erario 12 millones 900 mil pesos.
También hay procedimientos de embargo contra los funcionarios de la pasada administración: Celina Villarreal Cárdenas, exsubsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional; Jaime Parada Ávila, exdirector del Instituto de Innovación y Tecnología; Fernando Gutiérrez Moreno, exsecretario de Desarrollo Sustentable; Patricia Aguirre González, exdirectora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Sergio Alanís Marroquín, exdirector Ejecutivo de Fomerrey.
También son acusados por delitos de corrupción los alcaldes priistas en funciones Heriberto Treviño, de Benito Juárez, exdirector del Sistema estatal de caminos; y Miguel Lozano, de Pesquería y exdirector de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (Codefront); así como los diputados federales tricolores, Federico Vargas, exsecretario de Desarrollo Social y Ramón Villagómez.
Fuente: Proceso
