Documentos confidenciales de la embajada canadiense en México muestran el apoyo que le brindó a la empresa minera Excellon Corporation para acabar con la protesta de mineros y ejidatarios de La Sierrita, Durango que demandaban el saneamiento de las aguas contaminadas y el cumplimiento de derechos laborales.
Por Marcela Turati y Alejandra Guillén
Dichos documentos dejan al descubierto la “clara intención” de la representación diplomática de compartir con la minera canadiense información que confidencialmente le dieron los pobladores y sus abogados, el cabildeo que hizo ante autoridades mexicanas para acabar con el plantón y su aceptación para que la protesta pacífica fuera reprimida.
La representación diplomática mantuvo silencio desde antes del conflicto, cuando los afectados manifestaron su queja por la conducta de Excellon, y no quiso servir de puente para abrir un diálogo o una negociación, pero sí para servir como espía de la empresa.
Esta información está contenida en un reporte que esta semana darán a conocer Mining Watch Canadá y United Steelworkers, en el cual prueban, con documentos desclasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información, que la embajada prioriza sus intereses comerciales a pesar del bienestar y los derechos de trabajadores y de la comunidad.
“(Esta información) reafirma la preocupación de que las misiones canadienses promueven y protegen los intereses de las empresas mineras canadienses a costa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas y de los trabajadores, dejando entrever las maneras en que la política de ‘diplomacia económica’ del Gobierno Canadiense podría posibilitar abusos”, indica el informe.
Titulado “Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá, y violación de los derechos laborales y territoriales en Durango, México”, el informe –cuya copia tiene Proceso– exhibe las comunicaciones entre la embajada, el representante de la empresa y funcionarios federales y de Durango entre julio y noviembre de 2012, mientras el ejido La Sierrita, en Durango, se manifestaba pacíficamente contra la mina La Platosa, una vez que la gente ya había realizado quejas formales contra la empresa en Canadá y presionaba para abrir un diálogo.
Antes de la represión con militares y policías federales y estatales, las autoridades canadienses en Ottawa y su embajada en México ya contaban con suficiente información sobre el problema.
“A pesar de los altos niveles de represión violenta a cargo de las fuerzas armadas del estado que existe en México, la Embajada aceptó el uso de la represión en contra de las protestas pacíficas del ejido La Sierrita (ubicado en el municipio de Tlahualillo, Durango). Uno de los delegados comerciales incluso le expresó a la empresa sus buenos deseos la noche antes de la incursión de la policía y del ejército en el campamento que los ejidatarios habían instalado en predios privados”, indica el resumen ejecutivo.
El informe redactado por la investigadora Jen Moore muestra un patrón de conducta del gobierno canadiense en solapar la represión. En 2009, por ejemplo, fue asesinado el líder indígena Mariano Abarca, quien se oponía al proyecto extractivista de la canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas, y denunciaba sus impactos ambientales y sociales, las promesas incumplidas y las amenazas que recibía de representantes y trabajadores armados.
La Embajada de Canadá decidió ignorar los llamados de Abarca y encubrir a la empresa, y mantuvo su protección incluso después de que le dispararon a quemarropa y de las posteriores denuncias por corrupción. (Proceso.com 6 de mayo de 2013)
Este segundo reporte de Mining Watch sobre el solapamiento de las autoridades canadienses a sus mineras en México se debe a que –explica el informe– este país es el principal destino de las inversiones canadienses de minería y el 70 por ciento de las empresas mineras con capital extranjero que operan en nuestro país son canadienses.
“El entender el comportamiento de la Embajada Canadiense en México es un importante indicador de la manera en que las misiones canadienses operan en el extranjero, puesto que México es el principal destino de las inversiones canadienses de minería fuera de Canadá y que las empresas mineras canadienses se han visto frecuentemente en conflicto con comunidades y trabajadores”, indica el texto.
Relaciones peligrosas
La correspondencia desclasificada por Mining Watch Canada evidencia cómo los diplomáticos de la Embajada de Canadá en México están al servicio de las empresas mineras que operan en nuestro país, en este caso de Excellon Resources, con la intención de que cabildeen con el gobierno federal para que éste reprima y criminalice a las comunidades afectadas que se oponen a la extracción minera o que exigen tratos más justos.
Un ejemplo es el correo que el delegado comercial de la representación diplomática, Alexandre Cerat, mandó el 30 de julio de 2012 a los directivos de Excellon en el que escribió: “La Embajada se mantiene a su servicio si en algún momento Excellon quiere mayores vínculos institucionales”. Lo anterior, después de que el gobierno mexicano aceptó desalojar por la fuerza a los ejidatarios de La Sierrita que mantenían un plantón en la mina La Platosa desde el 8 de julio de 2012 por el incumplimiento de un convenio firmado en 2008 entre ambas partes.
La exigencia del ejido a la minera era que instalara una planta tratadora de agua y contratara a gente del ejido. Al plantón se sumaron los trabajadores mineros que se conformaron en la Sección 309 del Sindicato Nacional Minero que exigían derechos laborales y a pertenecer a un sindicato.
Dos días después de que iniciara la protesta, los ejidatarios solicitaron una reunión con la Embajada de Canadá en la Ciudad de México para expresarle su preocupación sobre las operaciones de Excellon y su falta de voluntad para entablar un diálogo. Se agendó una cita para el 12 de julio de 2012.
Según consta en la correspondencia desclasificada, la embajadora Sara Hradecky escribió un correo interno el 10 de julio de 2012 en el que manifestaba que era necesario escuchar a los manifestantes para sacarles información y condicionando a que no se les diera ninguna respuesta.
“Está bien que los reciba Shauna, pero creo que (debe estar) un representante (comercial) –para escuchar, quizás para recoger alguna información de inteligencia que pueda serle útil a la empresa–, también sería apropiado. (…) Dexter, si usted opta no asistir a la reunión, ¿se le ocurre alguien que pueda estar presente, con la idea de recoger información útil y para que sea una reunión con ‘toda’ la Embajada?”, escribió.
El 28 de julio, la embajadora envió otra misiva, aparentemente al gobernador de Durango (el nombre estaba censurado), en la que señala que la empresa Excellon tenía pérdidas financieras por el paro de los ejidatarios y que consideraban la posibilidad de parar los trabajos de la mina La Platosa. La diplomática concluyó agradeciendo el apoyo “de su Gobierno y reiteramos la excelente relación entre dos países hermanos, como lo son México y Canadá”.
Posteriormente, el vicepresidente ejecutivo de Excellon, Brendan Cahill, incrementó la presión a la embajada canadiense advirtiéndole que, si las autoridades mexicanas no intervenían, la corporación utilizaría “fuerza mayor” para desalojar el plantón.
El 30 de septiembre de 2012, Brendan Cahill se reunió con representantes de las secretarías de Gobernación, de Economía y del Trabajo, así como con el ejército y la policía federal y de Durango, en la que las autoridades mexicanas plantearon el uso de la fuerza armada contra el plantón de la comunidad.
Un mes después, el 28 de agosto, el representante de la minera escribió a los delegados comerciales de la embajada canadiense para informarles que por fin habían concretado, con la Secretaría de Gobernación, encabezada en ese momento por Alejandro Poiré, a los jefes del Ejército y de la policía de Durango, el plan de apertura de la mina y la detención de los ejidatarios de La Sierrita: “Crucemos los dedos, veremos qué pasa –al menos las autoridades por fin se están ocupando de la situación”, manifestaba el correo de Cahill.
A las 6:00 de la mañana del día siguiente, el 29 de agosto de 2012, más de cien elementos del Ejército Mexicano, y de las policías federal y estatal entraron a la mina y al ejido para obligar por la fuerza a los mineros a que volvieran a trabajar (se mantenían en paro desde el 5 de julio de 2012) y a la gente a quitar el plantón contra Excellon por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de 2008 y por haber realizado trabajos en tierras que no le habían rentado a la empresa canadiense.
La represión de ese día sorprendió a los ejidatarios, pues el gobierno federal y de Durango les había dicho en reuniones privadas que ellos tenían el derecho de exigir el cumplimiento de sus derechos ante la minera.
Luego de la represión, la embajadora Hradecky convocó a una reunión el 24 de septiembre de 2012 para charlar sobre inversiones mineras canadienses en Durango. La diplomática informó al respecto que el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, se había comprometido a “seguir colaborando con sus contrapartes federales para garantizar un ambiente predecible para las inversiones”. Las trasnacionales invitadas a ese evento fueron Excellon, Canadian Pacific, Railways, First Majestic Silver, Great Panther Silver, PanAmerican Silver, Primero Mining, y Esperanza Resources.
Aunque Excellon logró abrir el acceso por completo a la mina desde el 7 de septiembre de 2012, la protesta continuó y Brendan Cahill nuevamente pidió ayuda a la Embajada de Canadá. El 25 de septiembre, el delegado comercial Wayne Robson le respondió al directivo de Excellon: “Por favor comuníquese si podemos posibilitar de alguna manera”.
El 24 de octubre se volvió a desalojar el campamento pacífico. Ese día solo había seis personas en el plantón, cuando el director de Operaciones de la mina, Rob Moore, llegó al lugar encabezando un convoy de camionetas blancas.
Empleados de la mina destruyeron el campamento y quemaron todo lo que provocó que el ejido La Sierrita iniciara en septiembre de 2012 un juicio para rescindir el contrato con la empresa y recuperar sus tierras.
“Arrendamos la tierra, no nuestra dignidad”, dijo un ejidatario a la organización Alerta Minera Canadá durante una visita el 29 de abril de 2013.
Negro historial
“(Los documentos obtenidos) ofrecen un revelador y preocupante panorama del rol de Canadá́ como cómplice en mantener el estado de impunidad que gozan las empresas mineras que operan en México, limitando las vías efectivas, si es que existen, con que cuentan comunidades y trabajadores para dar un procesamiento concreto a sus quejas”, indica el informe.
Mining Watch menciona en su reporte diez casos en los que las mineras canadienses están en conflicto con la población por violar las leyes. En algunos casos por trabajar sobre espacios sagrados para las comunidades, no consultar con la gente los proyectos, contaminar el agua, la tierra y el aire, no respetar acuerdos, no contar con permisos o violar derechos laborales. En la lucha por el territorio varios han sido los defensores asesinados.
Entre los casos mencionados están los siguientes: Alamos Gold, proyecto Esperanza, en Morelos, donde los pueblos que rechazan la entrada de la mina denunciaron intimidación, amenazas y un allanamiento y surgió oposición por los riesgos ambientales y la cercanía al sitio arqueológico Xochicalco. Fortuna Silver, mina de plata San José, en Oaxaca, pues en 2012 integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, que lidera la oposición contra la mina, fueron objeto de disparos y agresiones: Bernardo Vásquez y Bernardo Méndez fueron asesinados. Goldcorp, mina de oro Los Filos, en Carrizalillo, Guerrero, donde han surgido evidencias de severos impactos a la salud (problemas oculares, dermatológicos, respiratorios, gastrointestinales y partos prematuros) porque la plataforma de lixiviación en pilas está a unos pocos cientos de metros del centro de la comunidad. MAG Silver, proyecto Cinco de Mayo, en Chihuahua, a la que se oponían pobladores por el impacto que causaría sobre los limitados recursos hídricos, culminando con el asesinato de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras, líderes de la resistencia.
En casos como el de Goldcorp, en la mina de oro de Peñasquitos, Zacatecas, ocurrido en enero de este año, la gente bloqueó la entrada principal a la mina para manifestarse, principalmente, por la falta de agua potable, daños ambientales, el incumplimiento de acuerdo y la devolución de 600 hectáreas ocupadas ilegalmente en el Cerro Gordo. “En pocos días, el ejército y la policía federal llegaron para proteger la mina, luego de lo cual los ejidatarios se vieron forzados a levantar el bloqueo y entraron en diálogo con la empresa”, indica el reporte basado en notas de prensa.
Otro peligro inminente es el que representan Timmins Gold Corp. y Goldgroup, unidos en el proyecto Caballo Blanco, en Veracruz, rechazado por ciudadanos y grupos ambientalistas debido a su proximidad a la central nuclear Laguna Verde, pues se teme que las explosiones regulares en el desarrollo y operación del proyecto podrían poner en riesgo la integridad de la central y llevar a un desastre radioactivo.
Otras empresas con capital canadiense que están en conflicto son: Almaden Minerals, proyecto Tuligtic, Puebla; Blackfire Exploration, mina de barita Payback, Chiapas; First Majestic Silver, proyecto La Luz, en la región de San Luis Potosí conocida como Wirikuta –lugar sagrado del pueblo Wixárika–, y New Gold, mina de oro en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.
Fuente: Proceso
