Un día después de que los diputados aprobaron la ley de responsabilidades administrativas —que permitirá que funcionarios públicos oculten información en su declaración patrimonial, fiscal y de interés— líderes del PAN y del PRD se manifestaron en contra de la norma, mientras que el PRI defendió la iniciativa aprobada.
Las críticas
El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, y su bancada pidieron al presidente Enrique Peña Nieto vetar la nueva ley, bajo el argumento de que se trata de una norma que impide ir al fondo en la lucha contra la corrupción.
“Ojalá que el presidente haga uso de su derecho de veto, como conocemos coloquialmente el derecho a observar una ley o un conjunto de leyes, y que por tanto no las promulgue; es algo que han empezado a plantear organizaciones de la sociedad civil, una parte del sector empresarial, y están, a mi juicio, en lo correcto”, dijo Zambrano.
El coordinador de la bancada perredista, Francisco Martínez Neri, apoyó el llamado a que el presidente Peña vete la ley 3de3 y dijo que, si se promulga, su fracción legislativa promoverá una acción de inconstitucionalidad.
Ayer, Juan Pardinas, director del IMCO, –una de las organizaciones que impulsaron la ley 3de3– dijo que la redacción del artículo 32 está mal, pues al referirse a “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos” como los obligados a presentar declaración, se incluiría no solo a empresas, sino a becarios del Conacyt, y beneficiarios de programas sociales.
Agregó que el artículo es tan malo que podría tener consecuencias para la economía del país, y aseguró que si la Cámara de Diputados no lo modifica, el presidente Peña Nieto tendría la responsabilidad de vetar la ley.
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, consideró que en el paquete de reformas del Sistema Nacional Anticorrupción se pretende “descarrilar” el movimiento cívico a favor de la ley 3de3.
A su decir, ese intento para debilitar la propuesta es claro en la redacción del inciso b) del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un nuevo trámite para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales”.
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Dijo que si bien es “absolutamente cierto” que la corrupción suele involucrar a un político y también a un particular, “la idea de hacer obligatoria la declaración 3de3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales.
La defensa priista
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados señaló que, ante las confusiones generadas por la aprobación del Artículo 32, analiza la posibilidad de presentar una iniciativa para precisar los alcances y los sujetos que no son objeto de esta legislación.
El vicecoordinador de la bancada del PRI y el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Dávila Flores, aseguraron que se trata de una ley de “buena fe, que busca combatir realmente la corrupción”.
Indicaron que de ser necesario revisarían con magistrados la interpretación de esa ley. “Si el gobierno federal considera que hay confusión podríamos presentar una iniciativa para aclarar esta situación”, indicaron.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que incluir a la iniciativa privada en la Ley 3de3 la ahuyentará. “Imagínese, la iniciativa privada, que aquí hiciera una donación o que nosotros tuviéramos una contratación, al rato tiene que transparentar y tiene que decir cuáles son sus recursos, vamos a ahuyentarla”, declaró.
Mancera agregó que el origen y destino de la iniciativa ciudadana era combatir la corrupción y que los servidores transparentaran sus posesiones, no para que la iniciativa privada “sea la que este obligada a transparentarse como si fuera una vendetta”.
¿Qué sigue?
Tras la aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados, la ley fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y entren en vigor; sin embargo, el mandatario tiene la posibilidad de vetarla.
De acuerdo con el inciso “C”del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, si el presidente venta el proyecto de ley, éste será devuelto con sus observaciones a la Cámara de origen, que en este caso sería el Senado de la República, donde deberá ser discutida de nueva cuenta.
Si el proyecto es confirmado por las dos terceras partes de los senadores, el proyecto de ley será enviado a la “Cámara revisora”, es decir, la Cámara de Diputados, donde se analizará y se votara de nueva cuenta.
Si es aprobada “por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación”, indica la Constitución.
El jueves 16 de junio, los diputados ratificaron la ley de responsabilidades administrativas tal y como el Senado la aprobó el miércoles pasado, lo que permitirá a los funcionarios públicos ocultar información en su declaración patrimonial, fiscal y de interés, con el argumento de proteger su “vida privada”.
También se mantiene que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, sea el organismo que “emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
El artículo 32, avalado por el Senado durante la madrugada del miércoles,también fue ratificado por los diputados, por lo tanto, deberá presentar su declaración patrimonial, fiscal y de interés “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”.
Con información de Notimex.
