Por Pablo Gómez
El acontecimiento político mexicano más importante y trascendente del año de 2015 no fue la elección de diputados sino el fraude electoral que se realizó en esos comicios. No fue nuevo en absoluto que el PRI se quedara en menos de un tercio de la votación nacional, ni siquiera fue una sorpresa que el llamado Partido Verde, aliado de Peña Nieto, hiciera fraude con una campaña electoral anticipada para beneficiar la alianza que mantiene con el PRI. Tampoco fue tan trascendente que le hubieran arrebatado al PT siete diputados a los que tenía derecho en el momento del reparto. Lo que modificó la composición de la Cámara de Diputados fue el fraude priista directo.
Cuando el equipo de Peña Nieto diseñó la estrategia electoral para 2015 se vio precisado a abarcar varios aspectos que confluyeran en el objetivo central de obtener una mayoría de curules. Fue así que se ideó un fraude mediante la utilización de la alianza con el llamado Verde para evadir la cláusula de la Constitución que prohíbe una sobrerrepresentación mayor a ocho puntos sobre el porcentaje efectivamente alcanzado en las urnas. Esto quiere decir que si un partido tiene, por ejemplo, el 30 por ciento de la votación, no podrá tener más del 38 por ciento del total de la Cámara (500), es decir, 190 curules. Esos 8 puntos de sobrerrepresentación son una treta política para beneficiar al partido más votado, pero la treta está acotada. Así, para poner otro ejemplo, si un partido con el 30 por ciento de votos con un tope de 38 por ciento de la Cámara obtiene 190 distritos o más de mayoría relativa, entonces no participa en el reparto de curules plurinominales porque ya tiene un porcentaje artificial, es decir, el 38 en lugar del 30 por ciento que en realidad obtuvo. La única forma de ir arriba de ese 38 sería exclusivamente con diputados de mayoría relativa, es decir, elegidos cada cual en un distrito.
El PRI no podía obtener mayoría de la Cámara ni con su firme aliado. Desde mucho antes del inicio de la campaña electoral ya se advertía el resultado posible. Con tal cálculo correcto, el PRI registró más de 20 candidatos uninominales priistas como si fueran del llamado Partido Verde para que al momento de determinar la cantidad de diputados de mayoría relativa que había obtenido el mismo PRI, se contaran menos, por lo cual a ese partido se le darían más diputados plurinominales hasta llegar a su tope máximo.
Así fue, pero como los “cachirules” priistas sólo obtuvieron el triunfo en 10 distritos, entonces al PRI se le pudieron regalar diez curules de representación proporcional y no 20 como lo buscaba desde un principio.
Así fue como Peña se tomó la mayoría en la Cámara de Diputados sin tener que depender de otro de sus aliados, pero menos seguro, que es el partido que en su momento fundó Elba Esther Gordillo, pero que ahora lo regentean unos líderes sindicales venales y “empanicados” a través de unos políticos desconocidos. ¡Qué país!
Hay mutismo político. La prensa calla. Nadie habla del fraude electoral del 2015, el cual fue tan evidente que podría ser la comidilla cada vez que se aprueba algo en la Cámara de Diputados. De lo que se habla es sólo del otro fraude, el del llamado Partido Verde, con su campaña anticipada y un torrente de millones en apoyo de Peña Nieto.
Ahora bien. ¿Dónde se fraguó el fraude electoral, tanto el del PRI como el del PVEM? En primera instancia se llevó a cabo dentro del Instituto Nacional Electoral. En segundo nivel se confirmó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México no ha logrado la creación de instituciones electorales imparciales. Han transcurrido 25 años desde que se dieron los primeros pasos hacia un objetivo que no se ha podido alcanzar.
Fuente: Proceso
