Por Jenaro Villamil
El aspirante presidencial del PRI, Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, anunció este 24 de enero una iniciativa de ley para enfrentar “el inaceptable flagelo de la corrupción”. Lo hace en el momento más difícil de su precampaña: los escándalos de peculado, transferencia ilegal de recursos y lavado de dinero que se incrementan y se orientan, sobre todo, a los exgobernadores del partido que lo postula.
De los 19 gobernadores priistas que acompañaron a Enrique Peña Nieto en su toma de posesión, en diciembre de 2012, 11 se enfrentan a cargos por corrupción. Tan sólo en el caso de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación ha calculado irregularidades en 36 mil millones de pesos del presupuesto.
En Chihuahua, el exmandatario prófugo César Duarte dejó al menos mil 200 millones de pesos de desvío de fondos. Y el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es acusado por un presunto quebranto que asciende a 900 millones de pesos, sólo por la compra-venta ilegal de terrenos, sin incorporar los 2 mil 700 millones de pesos de desvíos de recursos que documentó el Congreso.
El mismo día que Meade presentó sus medidas anticorrupción, el fiscal general de Nayarit anunció que abrieron 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra el exgobernador priista Roberto Sandoval, mientras que en Estados Unidos continúan las demandas de extradición en contra de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos detenidos.
Según la propuesta de Meade, para combatir la corrupción se requieren tres elementos centrales: recuperar el dinero, propiedades y todos los bienes de los acusados de corrupción para canalizarlos a un fondo nacional para becas para niños, niñas y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos, y hacer obligatoria la certificación patrimonial de altos funcionarios y legisladores.
Según Meade, su iniciativa no tiene precedentes, y para dar una muestra clara de que habla en serio, dijo, “no voy a esperar a que termine la elección para trabajar en una iniciativa formal que acabe de una vez por todas con la corrupción; en vez de prometer hay que ponernos a trabajar, eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos”.
El texto de la iniciativa aún no se conoce a detalle, pero el contexto de su iniciativa anticorrupción es muy claro: Meade está en el ojo del huracán de una cleptocracia que hará todo lo posible para aferrarse al poder y encubrir unos a otros.
Meade propone, pero no problematiza. Promete, pero no actúa. Enuncia, pero no concreta. Al contrario, su iniciativa parece un gran acto escapista frente a al menos 10 problemas candentes relacionados con la corrupción y ante los que no se ha pronunciado:
1. En primer lugar, el escándalo Odebrecht que involucra, al menos, a las dos últimas administraciones para las que trabajó: la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto.
2. El papel de la Secretaría de Hacienda –de la que fue titular en los dos sexenios- en el desvío de fondos públicos para las campañas electorales del PRI en varios estados. La investigación del gobierno de Javier Corral sobre la “Operación Zafiro” en Chihuahua involucra a no menos de cuatro gobiernos estatales y a la propia dependencia que heredó de Luis Videgaray.
3. El principal problema de la corrupción desde 2000 a la fecha radica en el encarecimiento de los procesos electorales y las estrategias de los partidos políticos y funcionarios para desviar recursos públicos en la compra del voto, en la inhibición del sufragio y en pagar a través de monederos electrónicos. De esto no dice nada la iniciativa de Meade.
4. Nada menciona tampoco de la llamada Estafa Maestra, un escándalo de triangulación de recursos públicos que involucra a la Sedesol –que encabezó también Meade– y a varias universidades públicas estatales. Por el contario, el vocero del aspirante priista envió mensajes intimidatorios a portales informativos como Animal Político que han seguido con esta investigación.
5. Nada menciona Meade del papel de la iniciativa privada y de las grandes empresas que se han prestado a los enjuagues de corrupción, sobreprecios en licitaciones y contratos de obra pública para desviar recursos. Ahí están los escándalos de OHL o de Grupo HIGA, por mencionar los más conocidos.
6. Para Meade es inexistente el Sistema Nacional Anticorrupción creado en este sexenio y que ha quedado incompleto ante la ausencia de un fiscal anticorrupción y el desastre del modelo de Fiscalía General.
7. El presidente Enrique Peña Nieto anunció hace más de dos años, al calor del escándalo de la Casa Blanca, un decálogo de corrupción, pero Meade ni lo menciona ni lo valora, como si todo surgiera de la nada.
8. Durante todo un sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda prácticamente ignoró los grandes casos de lavado de dinero. Su extitular Alberto Bazbaz ahora dirige el CISEN, y bajo las órdenes de Meade prácticamente no hizo nada.
9. En Bansefi, institución dirigida por su amigo Virgilio Andrade, clonaron tarjetas electrónicas con los recursos destinados para ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. Al menos 68 millones de pesos han “desaparecido”. De esto no ha dicho nada Meade.
10. Si existiera un mínimo de compromiso para enfrentar la corrupción, el aspirante priista podría anunciar que su coalición renunciará al reparto de tarjetas electrónicas que en los comicios estatales del Estado de México y de Coahuila demostraron ser la pista más grave del fraude y la corrupción.
Este decálogo elemental, Meade lo ignoró. Quizá porque está más enredado por una cleptocracia de lo que él mismo está dispuesto a aceptar.
Fuente: Homozapping.com.mx
