Tanto la PGR como la CNDH ubican a Veracruz como la entidad más peligrosa para los periodistas por los numerosos homicidios –como el de Regina Martínez, quien fuera corresponsal de Proceso en el estado–, las desapariciones forzadas y el acoso gubernamental. Y aunque también es la segunda en el número de comunicadores apoyados por el mecanismo de protección federal, eso no ha disminuido los índices de violencia contra el gremio.
Por Noé Zavaleta/ Proceso
Xalapa. Tras 16 asesinatos de periodistas perpetrados en Veracruz, 14 de ellos durante la administración de Javier Duarte, la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mantiene “medidas cautelares de protección” para 37 de ellos y 10 defensores de derechos humanos.
En sus oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, Gobernación indica que sólo el Distrito Federal, con 47 comunicadores y activistas, tiene más beneficiarios del mecanismo de protección que Veracruz. Sin embargo, en la capital del país fueron abatidos cuatro periodistas de octubre de 2000 al mismo mes de 2015, mientras que en Veracruz se han documentado 16 de esos homicidios en el mismo periodo.
Ante las solicitudes de acceso a la información 0000400387315 y 0000400364715, Gobernación entregó a Proceso una estadística a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.
El documento detalla que, con base en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se han cometido asesinatos de periodistas en 22 estados, mientras que el dato de la Procuraduría General de la República (PGR) es que sólo han ocurrido en 20.
Pero en ambos recuentos Veracruz ocupa el primer lugar en homicidios de reporteros, con el 15.5% (PGR) y el 15.9% (CNDH).
“Si se comparan las cifras de homicidios en el estado de Veracruz en dos periodos iguales, es decir 2004-2009 (en alusión al sexenio de Fidel Herrera) y 2010-2015 (el de Duarte), las dos instituciones –PGR y CNDH– registran que en el último periodo se duplicaron los homicidios”, se indica en la página 14.
En un apartado titulado “Datos de las instituciones de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre la Situación del Ejercicio del Periodismo en Veracruz”, Gobernación desglosa otras cifras.
Veracruz mantiene, con Chihuahua, el primer lugar en homicidios contra periodistas, y también, con Tamaulipas y Michoacán, encabeza la tabla de estados con el mayor número de periodistas desaparecidos.
Con los 107 homicidios de comunicadores que registra la CNDH en el país (103 según la PGR), y ante la impunidad de los crímenes contra Rubén Espinosa, Moisés Sánchez, Regina Martínez y Gregorio Jiménez, así como el exilio de varios reporteros de la entidad en otros países o estados, muchos periodistas pretenden que se les incluya en el mecanismo de protección oficial.
En Veracruz, periodistas de Acayucan, Álamo Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado medidas cautelares.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene inscritos también a activistas sociales y defensores de derechos humanos de Amatlán de los Reyes, Coatepec, Ilamatlán, Misantla y Xalapa.
Asimismo, 33 reporteros jarochos cuentan con el botón de pánico –una especie de teléfono celular para enlazar con corporaciones policiacas federales y, si el usuario lo desea, con alguna autoridad estatal en caso de emergencia–; 11 están inscritos en el sistema de Alerta Temprana para establecer un “plan de contingencia” en caso de agresión policiaca, gubernamental o delincuencial, y 16 cuentan con “vigilancia y patrullajes”.
Además, seis tienen servicios de escolta; a 49 se les asignó infraestructura que puede consistir en cámaras de vigilancia, vehículos o el botón de pánico, y cuatro periodistas tienen gestiones de vivienda, educación y salud que Gobernación no desglosa en su informe.
La Subsecretaría de Derechos Humanos registra en total a 183 periodistas en el país “protegidos por el mecanismo”, de los cuales 121 son hombres y 62 mujeres. El Distrito Federal aglutina a 45 de ellos, es decir, el 24.6%.
Le siguen Veracruz (37 casos), con el 18.6%; Guerrero (13), con 7.1%; Oaxaca (11), con 6%; Zacatecas (10), con 5.5%; y Coahuila y Tamaulipas (6) con 3.3% cada entidad.
En las “medidas urgentes” para preservar “la vida”, “la integridad” y la “libertad” del periodista beneficiario del mecanismo de protección, la Subsecretaría de Derechos Humanos reporta 11 “conjuntos de acciones urgentes” para periodistas del Distrito Federal, ocho para Veracruz y siete para Guerrero; el resto de las entidades registran uno o dos casos.
El capítulo “Diagnóstico sobre la situación de las y los periodistas en el estado de Veracruz. Sistema de alerta y plan de contingencia” enfatiza que el 37.5% de los agresores de comunicadores en esta entidad son policías estatales, el 25% autoridades municipales, en 18.37% de los casos no se han logrado identificar, en 6.2% son policías municipales, en igual proporción efectivos del Ejército y también de la Marina.
“De enero del 2011 a septiembre del 2015, la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos ha documentado 13 casos de amenazas, hostigamientos o ataques y cuatro casos de detenciones de periodistas que ejercen su labor en Veracruz”, destaca el documento oficial.
Medidas ineficaces
Aunque el pasado 3 de noviembre el gobierno de Duarte y varias instituciones de derechos humanos, así como la PGR, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y Gobernación firmaron un “convenio de protección de periodistas” y establecieron un sistema de “alerta temprana” para “un plan de contingencia”, las agresiones a comunicadores continúan en el estado.
El domingo 20 por la noche, en Coatzacoalcos, el jefe de información de un periódico en el sur de Veracruz interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que sin encender la torreta ni advertir nada por el altoparlante le cerraron el paso.
“Sin decir agua va, te cierran el paso… Claro que pensé en meter reversa y huir de ahí. Llegaron muy locos. Piensas en un instante que se trata de una patrulla clonada”, dice el comunicador.
Después de revisar su auto, al ver la cámara fotográfica y las credenciales de prensa, los policías lo dejaron ir pero no le dieron una explicación sobre su peculiar forma de marcarle el alto.
El periodista interpuso una queja ante la asociación Artículo 19 y pidió asesoría a la organización no gubernamental Periodistas de a Pie. Cuando la denuncia se hizo pública, la jefa de prensa de la SSP, Leticia Silva, le telefoneó para intentar justificar a los policías: según ellos, “procedieron a detenerse” porque pensaban que se encontraba varado en la carretera y “necesitaba apoyo vial”.
El día que se presentó el sistema de Alerta Temprana, un fotógrafo fue agredido en el acto protocolario por dos elementos de Ayundantía del gobernador Javier Duarte. Uno de ellos, Luis Sardiñas –exdirector de Protección Civil del Puerto de Veracruz– le dio empellones y rodillazos al comunicador porque intentó desplegar una cartulina para protestar contra los asesinatos de periodistas.
El 22 de noviembre, durante la primera etapa de la evaluación de maestros conforme a la Reforma Educativa, elementos de la Fuerza Civil y policías estatales habilitados como “grupos de choque” golpearon a seis periodistas en Xalapa y Boca del Río. Cinco de los afectados presentaron denuncias ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, y a cuatro de ellos la SSP les tuvo que otorgar una reparación del daño, que incluyó la compra de cámaras, reposición de lentes y renovación de teléfonos móviles.
Esto era impensable hasta hace poco. En las reuniones informativas del mecanismo de protección con periodistas de Veracruz, los funcionarios de Gobernación escucharon historias que lo demuestran:
El periodista que fue “tableado” por un grupo delictivo por publicar una nota incómoda; el que recibió amenazas por teléfono para que no entregara una nota roja en la redacción, y el que recibió protección del Ejército y la Marina pero días después fue abandonado a su suerte en el Distrito Federal.
Un reportero del norte de Veracruz contó su experiencia. Después de recibir varias amenazas en mensajes que manos anónimas dejaban en la redacción de su periódico, pidió “apoyo urgente” a instancias federales.
La FEADLE atendió su caso y le envió escoltas de la Policía Federal y de la Marina, quienes le dijeron que se iban a encargar de “su cuidado”. Horas después, ellos le preguntaron quién se iba a encargar de su alimentación y hospedaje, pues la fiscalía no cubría esos gastos, como tampoco la instalación y el mantenimiento de cámaras y alarmas en su centro de trabajo y domicilio”. El reportero no tuvo opción: dejó de trabajar temporalmente en el periodismo.
Según datos oficiales, actualmente se tiene registro de 25 desapariciones forzadas de periodistas en el país, de las cuales cuatro se denunciaron en Veracruz.
Ante ello, así como los 13 homicidios de comunicadores en Guerrero, 11 en Tamaulipas y siete en Sinaloa, la CNDH y el Alto Comisionado de la ONU en la materia han emitido recomendaciones de nivel nacional e internacional, pero ninguna ha sido acatada.
En Veracruz la mayoría de los casos continúan sin resolverse, pese a que existe un órgano autónomo llamado Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), con un presupuesto de 21 millones de pesos anuales.
