Un documento firmado por Juan XXIII en 1962 amenaza con excomulgar a quien hable del tema
El Vaticano dio instrucciones a cada obispo católico de ocultar los casos de abuso sexual que se produjeran en la Iglesia, en un documento de 1962, según publicó ayer el periódico británico The Observer. El documento, titulado Crimine solicitacionis, reclama “estricto” secreto y amenaza con la excomunión a quien hable del tema. El descubrimiento ha provocado duras críticas de abogados especializados en defender a supuestas víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. La Iglesia refrenda la autenticidad, pero niega que se planificara el encubrimiento.
“El documento prueba que existía una conspiración internacional de la Iglesia católica para silenciar temas de abuso sexual”, comenta el abogado estadounidense Daniel Shea, que ha intervenido a favor de las víctimas, en varios casos de abusos cometidos por sacerdotes. Fue él quien entregó el documento al periódico y, según afirma, ya lo había remitido hace un mes a las autoridades de su país. “Se trata de un intento retorcido de ocultar conductas criminales, y es una validación del engaño y el encubrimiento”, subraya. Sha asegura que el texto se lo pasó en Alemania un sacerdote conocedor de la Curia.
Un portavoz de la Iglesia católica de Inglaterra y Gales negó ayer que las instrucciones secretas del Vaticano fuesen parte de un encubrimiento organizado y se quejó de que los abogados estuvieran “sacándolo de contexto” y “distorsionándolo”. Aseguró que el documento se refiere a “procedimientos internos de la Iglesia en caso de que un sacerdote fuese acusado de utilizar la confesión para solicitar sexo. El texto no prohíbe a las víctimas denunciar el delito civilmente. La confidencialidad de que habla aspira a proteger a los acusados, igual que sucede con los procedimientos en los tribunales de hoy. También toma en consideración la especial naturaleza del secreto implicado en el acto de confesión”.
Son 69 páginas en latín, que incluso instan a la víctima a que haga un juramento de secreto cuando presente su denuncia ante responsables eclesiásticos.
El documento señala que la instrucción de los casos debe “ser diligentemente almacenada en los archivos secretos de la Curia como estrictamente confidencial. No puede ser publicada ni pueden añadirse comentarios”.
“Excomunión”
Los obispos reciben órdenes de actuar “de la forma más secreta” y de “observar el más estricto secreto”. La divulgación se considera merecedora de “pena de excomunión”.
El documento se centra en el abuso sexual derivado de la relación confesional entre un sacerdote y un miembro de la congregación, pero también se refiere a lo que denomina el “peor crimen”, descrito como un acto obsceno perpetrado por un clérigo con “jóvenes de cualquier sexo o con animales”.
El abogado Richard Scorer, que se ocupa de niños que han sufrido abusos de sacerdotes en el Reino Unido, señala que el documento es “explosivo”, y añade: “Siempre hemos sospechado que la Iglesia católica encubría sistemáticamente el abuso y trataba de silenciar a las víctimas. Este texto parece probarlo. Amenazar con la excomunión a quien hable muestra cómo los principales responsables del Vaticano se aprestaban a impedir que la información llegase al dominio público”. Según Scorer, la fecha del documento, 1962, supone un duro desmentido al argumento esgrimido por la Iglesia de que los abusos sexuales son un fenómeno moderno.
Para los abogados, una carta enviada por el Vaticano a los obispos en 2001 demuestra que hasta esa fecha el documento de 1962 estaba en vigor. Se trata de una carta firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (que sucedió formalmente a la Inquisición) y considerado como el máximo ideólogo de la Santa Sede.
Tomas Doyle, un capellán estadounidense en Alemania y experto en leyes eclesiásticas, indica tras examinar el documento: “Es ciertamente un indicativo de la obsesión patológica que la Iglesia católica tiene con el secreto, pero no es en sí mismo una pistola humeante. Sin embargo sí ha representado el establecimiento de una política continua para encubrir a toda costa los crímenes cometidos por el clero. Hay demasiados informes autentificados de víctimas que han sido seriamente intimidadas al silencio por autoridades de la Iglesia; no es posible, por tanto, considerar que tal intimidación es una excepción y no la norma”.
Concluye Doyle: “Si este documento se ha usado como justificación de la intimidación, entonces sería un marchamo al encubrimiento. Es obviamente un gran si que requiere pruebas concretas”.
Fuente: El País
