Coahuila es el primer estado en México en vías de implementar un sistema de videovigilancia que identifique rostros de personas, pero el gobierno de Miguel Ángel Riquelme enfrenta una serie de obstáculos para arrancar la operación de esta controversial tecnología que, a decir de expertos, atenta contra los derechos de los ciudadanos.
Por FEDERICO PÉREZ VILLORO Y PALOMA ROBLES / QUINTO ELEMENTO LAB
Ilustraciones ANA CELAYA / ALL CITY CANVAS
11 de noviembre de 2020
La tarde del 27 de septiembre, en la Plaza de Armas de Saltillo, tres cámaras dispuestas en una torre de seguridad a pie de calle, cuatro en un edificio, dos instaladas en los extremos del Palacio de Gobierno y tres más en la puerta de entrada, captaron el regreso a las calles de grupos feministas tras meses de confinamiento. Ese día protestaron por la muerte de Alondra Gallegos García, una joven de 20 años víctima de feminicidio.
Fue la primera vez que las caras de decenas de manifestantes y activistas quedaron grabadas en los servidores del nuevo sistema de videovigilancia inteligente del estado.
En los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Torreón y Saltillo, grupos de policías estatales y funcionarios monitorean las calles en busca de personas con comportamientos sospechosos. Es el primer intento en México de operar a nivel estatal un sistema que reconoce rostros a través de datos biométricos, un compuesto matemático que deriva de la geometría facial, y cuyo avance e implementación en el mundo no ha estado libre de críticas.
En las computadoras habilitadas para la vigilancia en los C4, una interfaz de diseño futurista muestra el procesamiento de rostros captados por cámaras de reconocimiento facial. Un día después de la manifestación feminista, el sistema ya registraba más de 44.7 millones de capturas de imágenes de rostros en Coahuila.
Un software con inteligencia artificial integrado a las cámaras procesa las imágenes y las compara con otros rostros almacenados en el sistema y cuyos perfiles ya han sido identificados previamente. El sistema compara y coteja rostros automáticamente y en tiempo real y si se genera un match, el programa emite una alerta y activa un protocolo de seguimiento por parte de elementos de la policía con capacidad de reacción.
A decir de las autoridades, el sistema es tan avanzado que puede distinguir a personas con cubrebocas o pasamontañas, inclusive cuando las imágenes son borrosas.
“Con este sistema de videointeligencia hoy Coahuila se pone a la vanguardia, somos el primer estado de la república en tener este software”, presumió el gobernador Miguel Ángel Riquelme en abril de 2019. Un año y medio después, todo indica que la celebración resultó anticipada, pues su gobierno todavía no ha podido arrancar cabalmente el plan.
Y es que el proyecto ha enfrentado a una serie de obstáculos técnicos, legales y políticos. El gobierno estatal no ha logrado acceso a bases de datos federales para hacer tareas de cotejo y, de conseguirlo, el equipo computacional que ahora tienen no sería suficiente para almacenarlas y al mismo tiempo cumplir con las normativas que homologan los sistemas de vigilancia en México. Tampoco existen marcos legales que regulen el uso de datos biométricos y las estrategias oficiales para proteger los derechos humanos en relación a la tecnología han sido superficiales.
Pero dado el historial de violencia en Coahuila, a pocos les ha preocupado la llegada de una tecnología que ha detonado debates a nivel internacional y que ha sido prohibida en distintos lugares del mundo por su potencial de contravenir derechos humanos e importantes irregularidades técnicas. En Coahuila, la promesa de seguridad se sobrepone a todo.
En Saltillo, cámaras instaladas en una torre de seguridad a pie de calle vigilan el espacio público en busca de comportamientos sospechosos. Fotografía: Quinto Elemento Lab
Una compra de impulso
Desde el inicio de su administración en diciembre de 2017, Riquelme aseguró a los coahuilenses que no regresaría la época de violencia que marcó al estado durante los sexenios de los hermanos Moreira. “Coahuila no bajará la guardia en seguridad”, repite el gobernador a manera de eslogan en sus reuniones de gabinete y anuncios públicos.
A cinco meses de arrancar su gobierno, Riquelme encabezó una gira por China en búsqueda de inversión extranjera que resultó en un hermanamiento comercial con la provincia de Jiangsu. Cautivado con la red de cámaras instaladas en las calles de las ciudades que visitó, el gobernador se embarcó en una aventura para adquirir un sistema de reconocimiento facial con el que buscaría revolucionar la seguridad de su estado.
El 1 de abril de 2019, en un evento magistral en el patio central del Palacio Rosa en Saltillo, Riquelme presentó su proyecto de videointeligencia. Lo acompañaron empresarios locales, funcionarios de seguridad, miembros del ejército y Zhijie Li, CEO mundial de Dahua Technology, una empresa subsidiada por el gobierno chino que desarrolla tecnologías de vigilancia y a la que se le compraron por adjudicación directa cerca de 1,300 cámaras.
En septiembre de ese año, representantes del gobierno se reunieron en Hangzhou con directivos de Dahua, para revisar los avances de la instalación de cámaras en territorio coahuilense. Un mes después, Dahua fue puesta en una “lista negra” por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por su participación en la represión, detenciones arbitrarias y vigilancia de grupos minoritarios musulmanes por parte del gobierno chino.
Estas preocupaciones no eran un caso aislado, estaban marcadas por un historial de vulnerabilidades técnicas de la empresa. En 2017, la compañía de ciberseguridad ReFirm Labs encontró “puertas traseras” en un red de cámaras Dahua que enviaban información a direcciones IP desconocidas en China y permitían a personas no autorizadas acceder de manera remota a los datos de los usuarios y sus contraseñas. Y un año atrás, alrededor de un millón de cámaras Dahua instaladas en Brasil, Colombia y Taiwán fueron hackeadas y convertidas en “bots” para ejercer campañas de extorsión y sobrecargar otros sistemas siendo atacados.
Pero los señalamientos contra Dahua no descarrilaron el proyecto en Coahuila y para el 3 de noviembre de 2019 ya se había instalado el 95 por ciento de las cámaras en Torreón y Saltillo, según informó Riquelme. El gobierno siguió adelante con la inversión de 600 millones de pesos, de los cuales se sabe poco. La Secretaría de Finanzas reservó toda la información relativa a la compra, el contrato, los cheques y las facturas emitidas. Lo único que detalló es que se han erogado 273 millones para la instalación del sistema en la región Laguna y otros 285.7 millones en la región Sureste.
La oficina del gobernador declinó hacer comentarios para este reportaje.
Fuente: Quinto Elelemento Lab
