Después de la maratónica sesión del martes 23 en el Senado, donde se discutió la propuesta de Reforma Laboral enviada por Felipe Calderón al Poder Legislativo con calidad de “preferente”, dos cosas quedaron claras: Que nadie quiere asumir el costo político de aprobar una legislación impopular y que los juegos de alianzas y contra-alianzas en las Cámaras son frágiles, efímeros y pueden ser un dolor de cabeza para el próximo gobierno. Por lo pronto el alborozo panista por la aprobación de su proyecto fue apagado por el refrigerador de San Lázaro.
Por Jenaro Villamil
En menos de dos meses de negociaciones, presiones y juegos de cálculo político la Reforma Laboral presentada por Felipe Calderón como iniciativa preferente ante el Poder Legislativo pasó de ser una “papa caliente” para el PRI y el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto a una frustrada “enchilada completa” que quedará “enfriada” en la Cámara de Diputados, a unas cuantas semanas de que termine el gobierno panista.
Tras la modificación de ocho artículos a la minuta procedente de San Lázaro en la maratónica sesión del martes 23 en el Senado, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones decidió “enfriar” la minuta y advertir que la iniciativa había perdido su carácter de preferente ante la adición del artículo 388 bis, “con el cual estamos completamente en desacuerdo porque esto es poner a subasta los contratos colectivos”, y la modificación del artículo 371 en donde el tricolor “insistirá que quede en los términos como salió de Cámara de Diputados”.
La historia de la votación de ambos artículos constituye un retrato de cómo se modificaron las posiciones en el Senado, cómo el endurecimiento del PAN en el tema de la transparencia y democracia sindicales y las presiones de la cúpula empresarial sobre la Cámara de Senadores resultaron contraproducentes para el propio interés del gobierno de Calderón.
También son un retrato de cómo puede ser la correlación de fuerzas en la futura administración de Enrique Peña Nieto, si se rompe la negociación con el PAN.
La votación del Senado reflejó que el bloque formado por el PAN y el Frente Legislativo de Izquierda (PRD, PT y MC) hacen mayoría de 66 votos contra 62 del PRI y su aliado del Partido Verde.
“Creo que demostramos que podemos hacer un contrapeso a las iniciativas de Peña Nieto desde el Senado”, argumentó Luis Sánchez, vicecoordinador de la bancada del PRD, al sintetizar el resultado de lo ocurrido en la Reforma Laboral.
Los artículos polémicos
En la votación del artículo 371, la senadora del Panal, Mónica Arriola, hija de Elba Esther Gordillo, modificó la posición original que mantuvo su partido en la Cámara de Diputados y sumó su voto a los del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, aprobándose un texto nuevo con 67 votos a favor y 61 en contra, del PRI y Partido Verde.
El cambio fundamental en este artículo fue incorporar la frase “voto libre, directo y secreto” para la elección de la dirigencia sindical. Se eliminaron cinco párrafos sobre las reglas para la rendición de cuentas, incluyendo “el derecho de las minorías a recibir información del manejo de recursos” y “consecuencias aplicables de la directiva por no rendir los informes correspondientes o por incurrir en malos manejos del patrimonio sindical”.
Una de las negociaciones más importantes con el Panal para que sumara sus 10 votos al bloque del PRI, Partido Verde y PAN en la Cámara de Diputados fue incorporar al artículo 371 los requisitos de democracia sindical, tal como están en los estatutos del SNTE.
Sin embargo Gordillo ordenó un cambio de señal en la votación del Senado, según relataron a Proceso distintos participantes de las negociaciones.
Desde su curul Arriola sorprendió al propio coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, al anunciar que se sumaba al bloque de panistas y de legisladores de las izquierdas, argumentando que “en Nueva Alianza estamos conscientes de que lo que se encuentra a discusión no es la autonomía sindical sino el voto libre y secreto, así como la rendición de cuentas de sus dirigentes”.
El fin de semana anterior Gordillo encabezó el VI Congreso Nacional Extraordinario del sindicato magisterial en el Hotel Barceló Maya, de Quintana Roo. La lideresa garantizó su papel protagónico un sexenio más y lanzó una advertencia a “aquel que anda en Europa”, en referencia a Peña Nieto: Representantes de la cúpula empresarial y organizaciones no gubernamentales “han desatado una embestida contra el sindicalismo y particularmente contra nuestra organización”.
Para algunos negociadores de la Reforma Laboral, el Panal y Gordillo buscaron “vacunarse” del fracaso de la iniciativa preferente de Calderón y también lanzar una advertencia sobre el peso de su bancada en la Cámara de Diputados si el PRI y Peña Nieto no respetan su liderazgo.
El artículo más polémico aprobado por el Senado es el 388 bis, propuesto por la senadora perredista Alejandra Barrales en la última parte de la discusión en el pleno el martes 23. La exdirigente sindical de sobrecargos argumentó en tribuna que esta adición tiene por objetivo “eliminar los mal llamados contratos de protección, que no son otra cosa más que contratos de simulación”. Citó el caso del “pseudolíder sindical” Ramón Gámez, “que increíblemente ostenta hasta cinco mil contratos colectivos”, tanto de tiendas departamentales como empresas de aviación.
Durante la sesión el PAN estuvo a punto de salirse del acuerdo con el PRD. “Si no vamos en este artículo se desecha la alianza en los otros temas” como la transparencia y la democracia sindical (364 bis, 365 bis, 371, 391 bis y 424 bis), le advirtieron los perredistas a Javier Lozano, exsecretario del Trabajo y principal artífice de la negociación con los legisladores de las izquierdas.
Finalmente el panista Javier Corral argumentó en tribuna a favor de este artículo y advirtió que las adiciones al artículo 71 constitucional “no dejan lugar a duda: El proceso bicamaral puede aprobar o modificar la iniciativa preferente”.
Un estudio jurídico elaborado en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, cuya copia obtuvo Proceso, considera que esta adición “desestabilizará el mercado laboral” y generará “una subasta de contratos colectivos nuevamente violando la ley”.
(Fragmento del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso1878, ya en circulación)
