Nueve entidades federativas renovarán sus gobiernos en 2018. En seis de ellas el PRI, que busca revertir tendencias desfavorables, ya designó precandidatos; pero lo hizo mediante imposiciones directas o merced a arreglos tan poco claros que sólo ha causado descontrol y descontento en sus propias filas.
Por José Gil Olmos/ Proceso
Entre sorpresas, barruntos de división e inconformidades, el PRI lleva adelante su proceso de selección de precandidatos a gobernar las entidades en las que habrá elecciones en 2018. Ha habido imposiciones del precandidato presidencial José Antonio Meade, y negociaciones –que no dejaron satisfechos a algunos de los aspirantes– con personajes como Roberto Albores Guillén, Elba Esther Gordillo, Jorge Carrillo Olea, Roberto Madrazo e Ivonne Ortega.
La consigna desde la dirigencia nacional del PRI fue obtener las precandidaturas con negociaciones tersas y en unidad. El dirigente de ese partido, Enrique Ochoa Reza, definió las tres virtudes que deben tener sus candidatos o candidatas: una trayectoria positiva, experimentada y probada en el ejercicio de la administración pública; honestidad comprobada; y un proyecto inteligente y convincente ante la ciudadanía.
Pero en varias entidades los grupos locales de poder y las ambiciones de los pretendientes rebasaron a los enviados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, además de que hubo madruguetes e inconformidades porque algunos de los elegidos tienen un historial negro.
Precandidato de “la maestra”
Durante meses ha habido negociaciones entre los aspirantes de Jalisco, Morelos, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, la Ciudad de México y Yucatán. En todos los casos se impusieron los poderes locales.
Así ocurrió en Morelos, donde se eligió precandidato al diputado federal Matías Nazario, quien tiene vínculos con Elba Esther Gordillo y Jorge Carrillo Olea.
Nazario fue coordinador de Comunicación Social cuando Carrillo Olea gobernó Morelos y la entidad empezó a sufrir los problemas de violencia y secuestros en los que estuvieron implicados policías estatales. Aunque el legislador no es profesor, tiene una relación cercana con Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, e influencia en la Sección 19 del gremio, en la cual basa parte de su poder político y social.
De hecho, durante los gobiernos estatales del panista Marco Antonio Adame y ahora del perredista Graco Ramírez, el diputado del PRI movilizó al gremio magisterial para protestar por los altos niveles de inseguridad y para apoyar la reforma educativa.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2148, ya en circulación
