Por unanimidad, el Senado aprobó modificaciones a la minuta de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y la devolvió a la Cámara de Diputados con más de 30 cambios. Morena aceptó la modificación más importante propuesto por el Bloque de Contención PAN, PRI, MC y PRD, que es eliminar la obligación a los Congresos locales de acatar la resoluciones de San Lázaro en materia de de desafuero de gobernadores.
La minuta remite ahora a lo establecido en el artículo 110 , en el que se establece que la resolución de San Lázaro “ será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Otro de los cambios fundamentales que las fuerzas políticas acordaron realizar a la minuta fue remitir también al artículo 11 de la Carta Magna, en el que se deja claro que las decisiones que por mayoría tome la Cámara de Diputados en relación a quitar el fueron a gobernadores serán inatacables.
El presidente de la comisión de Justicia, Julio Menchaca, reconoció que se requería una reforma constitucional para incluir los temas que avaló la Cámara de Diputados.
El también senador de Morena Germán Martínez, destacó: La minuta de los diputados mantiene ese ambientito de impunidad y descarada complicidad con los gobernadores. Algo huele a podrido desde San Lázaro”.
El Senado, resaltó, es custodio del federalismo, no alcahuete de gobernadores rufianes, tampoco se está legislando ad cassus contra Cabeza de Vaca, “quien legisló a su favor 55 días después de desaforado fue el Congreso local de Tamaulipas para tratar de evitar la suplencia, una vez destituido por el desafuero”.
La priísta Claudia Ruiz Massieu, afirmó que sin las modificaciones que se consensuaron, la ley se usaría para propósitos políticos ajenos a los establecidos en la Constitución.
“De haberse aprobado en los términos de la colegisladora se corría el riesgo de que estos procedimientos pudieran ser usados con propósitos políticos, ajenos a los de su objeto constitucional. Era seguro que el destino del decreto en los términos del dictamen original habría sido la impugnación ante la Suprema Corte. La minuta remitida por la Cámara de Diputados contenía importantes inconsistencias, albergaba deficiencias técnicas. Pero, sobre todo, contemplaba evidentes inconstitucionalidades violatorias de los principios en que se funda el Pacto Federal. En este nuevo proyecto se brinda la certeza jurídica necesaria para los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia sin violentar la norma suprema”.
Tres de las modificaciones realizadas por el Senado fueron de fondo, en los artículos 3, 23 y 35, en resto fueron de forma.
Fuente: La Jornada
