El informe de la ONU sobre la turtura en México pide que se ponga fin al uso del Ejército en tareas de seguridad
Veinte palabras bastan para el escalofrío. “La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. Así arranca el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, las conclusiones del informe sobre la visita que hizo a México del 21 de abril al 2 de mayo pasado. El escrito, que será presentado en marzo y al que ha tenido acceso este periódico, revisa los fallos del sistema de seguridad mexicano y traza un aguafuerte en el que pocos escapan a su crítica: “Hay evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
En sus recomendaciones, el relator pide que se ponga fin a una herencia de la presidencia de Felipe Calderón(2006-2012): el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública. También exige la eliminación del arraigo, la polémica figura que permite, en el curso de una investigación por crimen organizado y con orden judicial, mantener encerrada 40 días (prorrogables) a una persona mientras se decide si se presentan cargos penales. Esta práctica, muy empleada en la guerra contra el narco, viola, según Méndez, la presunción de inocencia y expone al detenido a torturas. Su eficacia también la cuestiona: “De más de 8.000 personas arraigadas desde 2008, sólo el 3,2% habría recibido condena”.
El punto de partida del informe, que aún es susceptible de modificaciones, es la guerra contra el narco iniciada en 2006. Esta ofensiva, que llegó a movilizar en su apogeo a 50.000 soldados, disparó las quejas por torturas y malos tratos: si en los seis años anteriores a 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos había registrado un promedio de 320 denuncias; en 2012 superaron las 2.100. Con la llegada de Peña Nieto, estas reclamaciones se redujeron un 30%, pero muchos de los factores que las propiciaron, según el relator, sobreviven.
El enviado de la ONU establece que la tortura en México se utiliza predominantemente durante la detención y con objeto de obtener confesiones sobre el crimen organizado. Las víctimas suelen proceder de sectores pobres o marginales. El modo de operar, según las denuncias recogidas en el escrito, muestra un inquietante patrón. Los captores, vestidos de civil y encapuchados, no suelen llevar orden judicial ni informan de los motivos de la captura. Luego, llega la pesadilla: “Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas: golpes con puños, pies y palos; toque con dispositivos eléctricos (chicharra), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos”.
Todo ello puede durar días. A veces, indica el relator, las torturas acaban en la muerte, y esta viene seguida de la desaparición. En el caso de las mujeres, al catálogo de horrores descrito se suma la violencia sexual: “Desnudez forzada, humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en los genitales y violación reiterada y por varias personas”.
La persecución de estos abusos no ofrece para el relator de la ONU resultados tranquilizadores. El informe destaca que entre 2005 y 2013 solo hubo cinco sentencias condenatorias por torturas. El motivo es que, a su juicio, ni los registros de detención ni los exámenes médicos recogen bien los abusos. A partir de ahí, todo rueda cuesta arriba. “No existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al ministerio público; no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se prestan sin intervención judicial ni presencia del abogado; no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura; y se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul”, sostiene el informe.
Pese a este deterioro de las garantías, el relator admite que, en los últimos años, se ha avanzado en la lucha contra esta lacra. Las leyes han empezado a sacar de la jurisdicción militar las violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, se ha ampliado el perímetro de protección de los detenidos y se han establecido protocolos que “fortalecen las salvaguardias”. Todo ello no ha logrado, sin embargo, “revertir la imperante impunidad”.
En este contexto, el relator muestra su extrema preocupación por la “inaceptable tragedia de Iguala”, donde “las autoridades municipales en colusión con el crimen organizado hicieron desaparecer forzadamente a 43 estudiantes normalistas, ejecutaron a otros seis, algunos con torturas, e hirieron a más de 20 personas”. Para el enviado de la ONU esta matanza ha de servir de aldabonazo y propiciar una reforma estructural en seguridad.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció en diciembre pasado un amplio paquete de medidas legislativas y ejecutivas para acabar con la impunidad. Entre ellas figuraba la desaparición de la Policía Municipal, profundamente infiltrada por el narco, la intervención en ayuntamientos corruptos, y una legislación especial contra la tortura y los malos tratos. Este periódico trató sin éxito de recabar la versión de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón.
“Coincidimos con el informe. La tortura sigue siendo generalizada y se da en el periodo entre la detención y la puesta a disposición judicial. Y aunque ha habido un descenso, los casos siguen siendo seis veces más que en 2003”, señaló el director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz.
Fuente: El País
