A puerta cerrada y con una manifestación de derechohabientes en las inmediaciones, la mayoría del PRI y sus aliados en la Legislatura mexiquense aprobaron la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios que plantea migrar el sistema de pensiones a las Afores y, tácitamente, el aumento de la edad de jubilación.
La sesión plenaria comenzó puntualmente a las 16:00 horas. A los medios de comunicación se les permitió el acceso hasta ese momento. La iniciativa ni siquiera fue leída, pues hubo dispensa de trámite. Al final, se registraron 39 votos a favor y 19 en contra.
Desde las 10:00 horas, derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se manifestaron a las afueras del Palacio Legislativo en demanda de detener la iniciativa.
Aunque integraron una comisión para ser escuchados por los legisladores, éstos nunca los recibieron, sólo los atendieron algunos de sus representantes.
Durante la discusión, el diputado morenista Vladimir Hernández Villegas denunció que la reforma implica una precarización de las jubilaciones a los trabajadores del Estado de México. Acusó que el aval se realizó al vapor.
“Hoy somos minoría, pero la historia nos juzgará, actuaremos en consecuencia, fieles y congruentes”, dijo de manera escueta.
El perredista Arturo Piña García lamentó que la propuesta del gobernador, Alfredo del Mazo Maza, deja en claro que el PRI no entendió el rechazo social -manifestado por los ciudadanos en las urnas el pasado 1 de julio- a este tipo de acciones.
Destacó la necesidad de aclarar y, en su defecto, sancionar la descomposición financiera del Instituto, antes de proponer cualquier medida en detrimento de los derechohabientes.
El legislador recordó que los problemas administrativos al menos datan desde la gestión del exgobernador César Camacho. Añadió que con Arturo Montiel Rojas hubo señalamientos de que las pensiones se utilizaron como su “caja chica”, pues se trata de recursos no fiscalizables, no auditables y no exigidos.
Además de la migración del sistema solidario al individual en las pensiones, prosiguió, se plantea que la jubilación sólo será posible cuando se supere en 30% el ahorro de la pensión garantizada, lo que, en términos reales, implica que el trabajador necesite laborar más años para pensionarse.
Piña García recordó que, en la última reforma del 2012, se incrementaron las aportaciones para la atención médica y el sistema de capitalización individual, además se aumentó la edad de jubilación de 60 a 63 años.
El panista Alberto Díaz Trujillo demandó una auditoría al ISSEMyM, tras considerar que no existe el quebranto financiero en que se pretende justificar la reforma.
Los estados financieros del Instituto al 31 de diciembre de 2016, indicó, revelan una liquidez por ocho mil 787.4 millones, y que por cada peso de adeudo se disponía de 6.77 pesos para cumplir con los compromisos en el corto plazo. Además, dijo que de que ese año no se ejercieron mil 860 millones, “lo que contrasta con el escenario de necesidad planteado por el Ejecutivo”.
Díaz Trujillo añadió que “no hay colapso financiero, se debe requerir un informe de auditoría al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) para conocer las fallas en la gestión administrativa del ISSEMyM, pues en los informes de Cuentas Públicas la crisis de solvencia no fue considerada”.
Esta reforma exprés, dijo, no atiende ni resuelve la problemática del ISSEMyM.
Al final de la sesión, los manifestantes reclamaron, sin éxito, que el diputado priista Omar Velázquez Ruiz, otrora secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM), diera la cara.
